Qué es el nacionalismo cristiano y qué relevancia tiene

El patrón que se repite desde la España de Franco hasta los Estados Unidos de Trump no es casual: el nacionalismo cristiano es una ideología y un movimiento político muy definidos que exigen que el Gobierno imponga una interpretación estricta del cristianismo a todos, creyentes y no creyentes por igual, que tiene sus raíces en la intolerancia, no en la Biblia.

Sus partidarios creen que Estados Unidos debería ser una nación cristiana con leyes que reflejen los valores cristianos y que la desviación de los fundamentos cristianos amenaza la supervivencia nacional y espiritual. Alrededor del 30 % de los estadounidenses aceptan este enfoque como partidarios o simpatizantes: aproximadamente, 100 millones de personas piensan que la democracia debería estar subordinada a su interpretación particular de la voluntad de Dios.

Algunas investigaciones han revelado que los nacionalistas cristianos prefieren a los líderes poderosos que pueden actuar sin restricciones democráticas. Es más probable que estén de acuerdo en que «se necesita un líder fuerte que esté dispuesto a romper las reglas» y en que «el compromiso no es más que renunciar a los propios principios». No hay lugar para la deliberación democrática cuando se apela a mandatos divinos.

Los académicos de Harvard que estudian el nacionalismo cristiano a escala mundial descubrieron que está sistemáticamente vinculado a «la misoginia, el autoritarismo, la oposición a las vacunas, las opiniones anticientíficas y el apoyo a la violencia», un patrón que se repite en todos los países analizados. Allí donde el nacionalismo cristiano se afianza, «socava la democracia y promueve el autoritarismo».

Nacionalismo cristiano en la práctica: tácticas e implantación

Los politólogos que estudian los movimientos autoritarios reconocen lo que está haciendo el nacionalismo cristiano porque ya lo han visto antes. El primer paso es siempre el control de la información: reducir el ecosistema de fuentes fiables a pastores, figuras mediáticas conniventes y líderes del movimiento. Después, se adoctrina a los simpatizantes para que perciban como «noticias falsas» («fake news») todo lo que esté fuera de ese círculo. Cuando desaparece el consenso respecto a lo que es verdad o no, el movimiento puede definir la realidad en sus propios términos.

La segunda táctica es fabricar persecuciones sin ninguna base. Los nacionalistas cristianos consideran el laicismo un ataque espiritual a su estilo de vida. Describen la inmigración con el lenguaje de la guerra santa, como hordas de invasores que asaltan las fronteras, y acusan a las personas LGBTQ+ de perseguir a los cristianos y pervertir a los niños. Lo que una democracia sana encajaría como desacuerdos políticos, el movimiento lo disfraza de batalla entre el bien y el mal.

Luego viene la contradicción que lo cohesiona todo, es decir, Estados Unidos es al mismo tiempo la nación elegida por Dios y un país tomado por fuerzas demoníacas. Es una paradoja que funciona, ya que, si la nación sigue los designios de Dios, pero está asediada por Satanás, tomar el poder por cualquier medio no es subversión, sino obediencia.

“Cuando hablamos de ‘tomar la montaña del Gobierno’, no nos referimos solo a influir en la política”, explica Lance Wallnau, figura clave del movimiento, que además afirma que “deben ser aquellos cristianos que comparten nuestra perspectiva del mundo quienes redacten las leyes, tomen las decisiones y determinen las políticas”.

Cuando la ley de Dios prevalece sobre la ley humana, alguien tiene que interpretar lo que Dios quiere. Quienquiera que reclame esa autoridad ostenta un poder absoluto sin control democrático. El compromiso se convierte en colaboración con el mal; los opositores políticos no son conciudadanos, sino enemigos de Dios que hay que eliminar.

La experta en nacionalismo cristiano Kristin Kobes Du Mez expone adónde va a parar todo esto: “No habrá libertad religiosa tal y como la conocemos. Habrá, básicamente, una sociedad de dos niveles que se dividirá entre los “verdaderos estadounidenses”, es decir, aquellos que acepten estas condiciones (o finjan aceptarlas), y el resto de los estadounidenses. Las leyes se reescribirán en todos los ámbitos y lo que entendemos por derechos dejarán de existir. En su lugar, tendremos el marco de la ley bíblica”.

La teología del Proyecto 2025 se basa en Génesis 1:26-28, donde Dios le dice a la humanidad: «Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y dominad» todos los seres vivos. Los nacionalistas cristianos entienden ese «dominad» como un mandato divino para tomar el control de todas las instituciones sociales. El Proyecto 2025 lo interpreta como una orden de batalla.

Esto está relacionado con “El mandato de las siete montañas“; la creencia de que, antes de que Cristo regrese, los creyentes deben conquistar siete montañas: el Gobierno, la educación, los medios de comunicación, la familia, la religión, las artes y las empresas.

Según esta cosmovisión, la igualdad de género es una rebelión contra el orden divino y las leyes que protegen a las minorías representan una persecución de los fieles. El pluralismo se interpone en el camino de Dios y aquellos que disienten no solo están equivocados, sino que hacen el trabajo de Satanás.

El Proyecto 2025 tomó esa teología y desarrolló una agenda de gobierno a partir de ella. Más de 100 organizaciones coordinadas por la Heritage Foundation redactaron su ideario. Se trata de grupos con una larga trayectoria en la introducción del odio y el nacionalismo cristiano en el núcleo de las políticas.

Trump calificó el Proyecto 2025 de “nefasto” durante la campaña, pero la investigación del GPAHE demostró que esa no era su verdadera postura. El Proyecto 2025 se ha convertido en el germen de las políticas antidemocráticas de Trump. Desde el 20 de enero de 2025, Estados Unidos ha promulgado políticas diseñadas para debilitar la democracia.

La libertad religiosa adquiere otro significado: en el Proyecto 2025, la libertad religiosa se utiliza como una licencia para discriminar. Un empresario cristiano que se niegue a contratar a una persona gay no discrimina, sino que ejerce su libertad religiosa. Un profesional sanitario que no acepte tratar a un paciente transgénero no viola derechos, sino que sigue la ley de Dios tal y como la entiende. Esto pervierte el concepto de libertad religiosa, que pasa de proteger la conciencia individual a proteger la supremacía religiosa sobre los demás.

Mandatos sobre la estructura familiar: el Proyecto 2025 exige que el Gobierno «mantenga una definición del matrimonio y la familia basada en la Biblia y reforzada por las ciencias sociales». En la práctica, esto significa que solo se admite una manera de hacer las cosas: un hombre y una mujer casados que crían juntos a sus hijos. El resto de opciones, es decir, padres solteros, parejas no casadas o familias homoparentales, no se contemplan.

Control reproductivo: en lo que respecta a la reproducción, el documento asume como hecho incuestionable que la vida comienza en la concepción. Sus autores proponen cambiar el nombre de Salud y Servicios Humanos por el de «Departamento de la Vida», criminalizar el aborto, restringir la fecundación «in vitro» y limitar el acceso a la anticoncepción, todo ello basado en una doctrina de la «condición de persona» que otorgaría a los embriones derechos constitucionales.

Ataque a la comunidad LGBTQ+: el Proyecto 2025 ataca explícitamente a las comunidades LGBTQ+ a escala nacional e internacional y exige el desmantelamiento de los programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión. En el futuro, podrían promoverse programas nocivos como la terapia de conversión, en lugar de prohibirse, ya que el movimiento nacionalista cristiano considera el «transgenerismo» y la homosexualidad como un azote impío. «La pornografía», argumenta el Proyecto 2025, “se manifiesta hoy en la propagación omnipresente de la ideología transgénero”, que está “envenenando a nuestros hijos”.

Implantación y efectos a escala mundial

El anexo F se presentó el primer día del segundo mandato de Trump: el 20 de enero de 2025. Reclasifica a decenas de miles de funcionarios de carrera como designados políticos a los que se puede despedir sin motivo alguno.

Russell Vought redactó el capítulo del Proyecto 2025 relativo al desmantelamiento del Estado administrativo. Ahora, dirige la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), desde donde pone en práctica su propio plan.

Vought declaró abiertamente su objetivo: “Queremos que los burócratas sufran. Queremos que, cuando se levanten por la mañana, no tengan ganas de ir a trabajar porque se les vea cada vez más como villanos. […] Queremos traumatizarlos”.

Esta purga de personal facilita directamente la agenda nacionalista cristiana a escala mundial. En el Departamento de Estado, se está sustituyendo a diplomáticos de carrera que negociaron acuerdos internacionales de derechos humanos durante décadas por designados políticos. ¿Y cuál es su principal cualificación? La lealtad a la ideología nacionalista cristiana y a la agenda atroz del Proyecto 2025.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ayudaba a los países que sufrían catástrofes y pobreza y fomentaba la democracia. Se ha despedido o reubicado a los profesionales de la ayuda al desarrollo de la USAID, cuya labor era coordinar programas de salud que salvaban vidas, la respuesta a catástrofes y la seguridad alimentaria. Se está minando sistemáticamente el conocimiento institucional necesario para aplicar los tratados internacionales, gestionar las respuestas a las pandemias, coordinar la ayuda humanitaria y mantener las relaciones diplomáticas. En su lugar, se contrata a ejecutores ideológicos comprometidos a imponer la doctrina nacionalista cristiana en la política exterior de Estados Unidos.

El Proyecto 2025 extiende su agenda nacionalista cristiana mucho más allá de las fronteras estadounidenses. El documento exige que la USAID elimine las palabras «género», «aborto», «salud reproductiva» y «derechos sexuales y reproductivos» de todos los programas, contratos y documentos normativos y que suspenda “la promoción de la agenda de diversidad, equidad e inclusión [DEI, por sus siglas en inglés], incluida la agenda referente al acoso a la comunidad LGBTQ+”.

El Proyecto 2025 exigió que se retirara el apoyo de Estados Unidos a las organizaciones internacionales que promueven la igualdad de género o la autonomía reproductiva. Dicho y hecho. Trump firmó un memorando presidencial el 7 de enero de 2026 por el que sacaba a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales: 31 entidades de la ONU y 35 organismos que no pertenecían a la ONU. El Departamento de Estado culpó a los «mandatos de diversidad, equidad e inclusión», a las campañas de «equidad de género» y a la «ortodoxia climática» y vinculó la medida al cierre de la USAID. Esto afectó a la OMS, la UNESCO y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, se suprimieron 380 millones de dólares en subvenciones del Fondo de Población de la ONU. El Banco Mundial y el FMI salieron algo más airosos, pero el FMI fusionó sus unidades de clima y género en una sola oficina y el Banco Mundial retiró su prohibición de financiar la energía nuclear. Washington recortó 800 millones de dólares de sus contribuciones al Banco Mundial y, aun así, mantuvo el veto.

El Proyecto 2025 pretende también reactivar la Declaración del Consenso de Ginebra, que analizaremos con más detenimiento más adelante en el informe. Por ahora, baste con apuntar que se trata de una iniciativa de la era Trump que redefine los derechos humanos para excluir las protecciones a la comunidad LGBTQ+ y la libertad reproductiva. En tal contexto, todos los compromisos diplomáticos de EE. UU. deben ajustarse a la «ley natural» y promover los «valores familiares tradicionales», lo que es una forma de decir que se oponen al acceso al aborto, a los programas de anticoncepción y a cualquier reconocimiento de los derechos LGBTQ+ en el extranjero.

En relación con África, el Proyecto 2025 pide de forma explícita el fin de las iniciativas de igualdad LGBTQ+ en dicho continente, donde 31 países criminalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo. En concreto, Uganda impone la pena de muerte por la llamada «homosexualidad agravada».

El Proyecto 2025 arremete contra «los progresistas, que ven a las ONG locales, especialmente a las ONG religiosas prominentes en África y América Latina, como obstáculos para promover el aborto, el radicalismo de género, el extremismo climático y otras ideas “woke”».

La senda hacia el autoritarismo religioso

Ruth Ben-Ghiat, la historiadora de la Universidad de Nueva York que estudia el desplome de la democracia, describió el Proyecto 2025 en un ensayo de 2024 como «un plan para una toma de control autoritaria de Estados Unidos que lleva un nombre engañosamente neutral», diseñado para «destruir las culturas jurídicas y de gobernanza de la democracia liberal y crear nuevas estructuras burocráticas, con nuevas estructuras aprobadas desde la política, para respaldar al gobierno autocrático».

Trump negó tener conocimiento alguno del Proyecto 2025 durante la campaña, pero ahora habla públicamente de Russell Vought como de su colega «que ha llevado al Proyecto 2025 a lo más alto».

La transformación de Estados Unidos de república constitucional a Estado teocrático ya está bastante avanzada, y la revolución que prometió Kevin Roberts, de Heritage, se está materializando. Su punta de lanza ataca la autonomía de las mujeres, la existencia del colectivo LGBTQ+, la libertad de expresión y la auténtica libertad religiosa, o lo que es lo mismo, el derecho de toda persona a creer o no creer según su conciencia. Además, se está coordinando a escala internacional y ampliando su frente para reestructurar simultáneamente diferentes naciones extranjeras.

Las advertencias del GPAHE de noviembre de 2023 resultaron proféticas. El autoritarismo religioso ha pasado de ser una amenaza abstracta a una realidad concreta tanto en Estados Unidos como en el extranjero y el presente informe documenta dicha transformación.

La cuestión nacional es solo el principio. Sin embargo, antes de analizar cómo se extiende esto a escala internacional, debemos comprender hasta qué punto y con qué rapidez el Proyecto 2025 ha cambiado la vida estadounidense. Pondremos la lupa sobre la mencionada transformación: el primer año de implantación en suelo estadounidense escrutado a partir de órdenes ejecutivas, casos cerrados, designaciones canceladas y vidas profundamente alteradas.

A continuación, nos trasladaremos al exterior para examinar cómo la Administración Trump está desmantelando de arriba abajo todo el marco surgido de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de las instituciones creadas expresamente para evitar que el poder autoritario se consolidase en cualquier parte del mundo como ahora lo está haciendo.

Solo la Alliance Defending Freedom, signataria clave del Proyecto 2025, opera en seis países europeos, en toda América Latina y en toda el África subsahariana. El análisis país por país que sigue documenta dónde se llevan a cabo tales operaciones, quién las dirige, con qué dinero se financian y qué ha ocurrido sobre el terreno con las instituciones democráticas y los derechos humanos desde su llegada. La sección final detalla las medidas que se están tomando para hacer frente a la situación.

La aniquilación de la diversidad

El 21 de enero, Trump estampó su firma para «poner fin a los programas y preferencias radicales e ineficientes del Gobierno relativos a las cuestiones de DEI». Las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión eran ahora «programas de discriminación ilegales e inmorales». Las repercusiones de dicha orden ejecutiva para las mujeres, las comunidades LGBTQ+ y las minorías han sido devastadoras, ya que la fuerza de la diversidad está a merced de las falacias del flagrante racismo «antiblanco», una creencia fundamental de los creadores del Proyecto 2025, que pretenden colocar a hombres heterosexuales, blancos y cristianos al frente del poder.

La marginación no tardó en emerger. El director en funciones de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), Charles Ezell, ordenó a todos los empleados de la oficina de DEI que se tomaran una excedencia administrativa remunerada antes del 23 de enero. El personal de seguridad los escoltó fuera de sus edificios. Las agencias tenían ocho días para presentar planes de despidos masivos.

La directiva incluía una dirección de correo electrónico en la que los empleados podían denunciar a los compañeros que pudieran estar utilizando un «lenguaje codificado o impreciso» para enmascarar los programas de DEI. La Administración estableció así un sistema de informantes.

Entraron en funcionamiento diversos mecanismos de denuncia. Los empleados federales podían denunciar a través de los canales de la agencia. Los contratistas tenían portales separados. El público podía presentar quejas a través de un sitio web federal. La OPM dispuso líneas telefónicas para denunciar a los empleados sospechosos de continuar con el trabajo de DEI bajo nombres diferentes.

Los grupos de recursos para empleados que habían existido durante décadas se enfrentaron a investigaciones, incluidos los grupos para mujeres, minorías, trabajadores LGBTQ+, veteranos y personas con discapacidad.

La orden revocó la Orden Ejecutiva 11246 de 1965, puso fin a los requisitos de acción afirmativa para los contratistas federales y acabó con 59 años de legislación en materia de derechos civiles. Ahora, los contratistas federales debían certificar, además, que no participaban en actividades de DEI. Las denuncias anónimas permitieron a los competidores utilizar el proceso como arma arrojadiza.

Las empresas estadounidenses pasaron por el aro y las grandes corporaciones empezaron a desmantelar los programas de DEI de forma preventiva. Se despidió a los responsables de diversidad y se suprimieron los grupos de recursos para empleados, ya que las políticas federales crearon un marco que permitía la discriminación en el sector privado.

El coste psicológico fue más allá de los objetivos directos. Los empleados federales dejaron de mencionar la diversidad incluso cuando era pertinente para su trabajo. Los directivos evitaban hablar de disparidades raciales o de género. Los programas de formación sobre sesgos inconscientes desaparecieron. La sola apariencia de estar a favor de la inclusión se convirtió en algo que podía acabar con una carrera profesional.

La atención sanitaria se muere

El 24 de enero de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva «Aplicación de la Enmienda Hyde», por la que se revocaban dos órdenes de la era Biden que protegían el acceso a las clínicas de aborto y a la anticoncepción.

Ese día, un memorando del Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales que limitaran la aplicación de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE, por sus siglas en inglés), una ley que prohíbe dificultar el acceso a las clínicas de atención sanitaria reproductiva y a los centros religiosos y que surgió de una ola de violencia contra las clínicas de aborto y sus profesionales en los años 90, solo en «circunstancias extraordinarias». Tres casos pendientes de la Ley FACE se desestimaron de inmediato.

Trump ya había indultado el 23 de enero a 23 personas condenadas en virtud de la Ley FACE, incluidos manifestantes que bloquearon las entradas de clínicas e hirieron al personal. A las pocas semanas, se reanudaron los cercos a las clínicas. En julio, seis activistas contra el aborto, incluidos dos a los que Trump acababa de indultar, entraron en una clínica abortiva de Pensilvania haciéndose pasar por pacientes y luego facilitaron la entrada a otros manifestantes que rociaron agua bendita y echaron sal por todo el centro mientras intentaban interrumpir los servicios. La National Abortion Federation informó de seis «asaltos» a clínicas y tres bloqueos en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con los cinco asaltos y un solo bloqueo en todo 2024.

La Administración retuvo más de 65 millones de dólares en asignaciones de fondos del Título X para planificación familiar destinados a organizaciones que atienden a 842 000 pacientes en 865 centros de salud. Aunque esto se está impugnando en los tribunales, siete estados perdieron todos los servicios del Título X: California, Hawái, Maine, Misisipi, Misuri, Montana y Utah. El Guttmacher Institute estimó que al menos 834 000 personas perderían el acceso a asistencia esencial. Durante el primer mandato de Trump, unos recortes similares hicieron que el número de pacientes del Título X se desplomara de 3,9 millones a 1,5 millones, es decir, un 61 %.

La «ley mordaza global» se restableció el 23 de enero y afectó a toda la asistencia sanitaria de EE. UU. a escala mundial. Las organizaciones que prestan servicios de salud reproductiva en los países en desarrollo tuvieron que elegir entre dejar de prestar servicios de aborto o asesoramiento o perder toda la financiación estadounidense, incluida la destinada a la prevención del VIH, la anticoncepción, la salud materna y el tratamiento de la malaria.

Las mujeres negras sufren las repercusiones de forma desproporcionada, ya que es un 31 % más probable que dependan de Medicaid para la atención sanitaria reproductiva que las mujeres blancas. En el estado de Nueva York, mueren cinco veces más mujeres negras durante el parto que mujeres blancas. Los recortes de la Administración a los centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) acabaron con los equipos que recopilaban datos sobre el embarazo y hacían un seguimiento de por qué las mujeres negras tienen peores resultados en materia de salud materna. Se dio por finiquitada la investigación sobre las pautas anticonceptivas para pacientes con anemia de células falciformes.

Mano dura para la educación superior

La Administración Trump convirtió la financiación federal de la investigación en un arma para imponer su ideología, ya que atacó al núcleo de la libertad de expresión en Estados Unidos, el sistema de educación superior, que recibió un golpe detrás de otro en la batalla por el sometimiento al poder autoritario.

A principios de mayo, los institutos nacionales de salud habían cancelado más de 800 millones de dólares en subvenciones. Casi la mitad de ellas, 323 de los 669 proyectos cancelados, se centraban en la salud LGBTQ+. El estado de Florida perdió 41 millones de dólares para la investigación sobre la prevención del VIH orientada a adolescentes y adultos jóvenes, que son una quinta parte de los nuevos infectados cada año. Los estudios sobre el cáncer de la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad de Alabama, que analizaban las tasas elevadas en las poblaciones de minorías sexuales, finalizaron de un día para otro. Los laboratorios que se estaban preparando para ampliarse empezaron a despedir personal. Simon Rosser, profesor de la Universidad de Minnesota cuyo laboratorio estudiaba el cáncer en personas LGBTQ+ antes de que se retirara una parte importante de la financiación, fue muy claro al respecto: «No debería tratarse a ciertas personas en Estados Unidos como sujetos de investigación de segunda clase. Para mí, y para cualquiera, esa es la definición de intolerancia. Intolerancia en la ciencia».

La Universidad de Columbia fue la primera en sufrir una represión severa. En marzo de 2025, la Administración suspendió más de 400 millones de dólares en fondos federales. Se les exigía expulsar a los estudiantes que participaron en las ocupaciones propalestinas del campus en 2024, aplicar nuevas políticas contra el antisemitismo y revisar el proceso de admisión para que se dejara de tener en cuenta la diversidad. Después de meses de presión, Columbia capituló en julio.

El acuerdo les costó 221 millones de dólares e impuso tres años de control federal. Columbia tuvo que prohibir los programas «ilegales» de DEI, contratar a nuevos profesores para supervisar los estudios sobre Oriente Medio (sujetos a la aprobación federal), admitir a agentes de policía en el campus con potestad para realizar detenciones y aceptar un inspector independiente. La universidad insistió en que esto no suponía «un reconocimiento de culpabilidad», pero había cedido su autonomía a los supervisores federales.

Harvard optó por la resistencia, con la esperanza de que los derechos de la Primera Enmienda prevalecieran sobre Trump. Cuando la Administración hizo exigencias similares en abril de 2025, Harvard se negó y presentó una demanda y calificó tales exigencias de «una extralimitación ilegal de la autoridad gubernamental».

La Administración congeló más de 2200 millones de dólares en fondos para investigación, la mayor medida individual de recorte de fondos académicos en la historia moderna de Estados Unidos. Los ensayos sobre el cáncer se pararon a mitad del estudio. Se suspendió la investigación climática, que había estado en marcha durante 40 años. Los experimentos de física de partículas en el CERN se interrumpieron.

El ataque se intensificó y Trump amenazó con revocar la exención de impuestos de Harvard y prohibir a los estudiantes internacionales, que representan el 27 % del alumnado. Un juez federal paralizó temporalmente la prohibición respecto a los estudiantes internacionales, que calificó de «punitiva y arbitraria».

El profesor de Derecho de Harvard Nikolas Bowie puso en palabras lo que estaba sucediendo: «Trump está violando los derechos de la Primera Enmienda de las universidades y los profesores al exigir que se reprima la libertad de expresión y se cambie lo que se enseña y lo que se estudia como condición para que las universidades conserven ciertos fondos».

En septiembre, un juez federal declaró ilegal la congelación de la financiación y argumentó que «es difícil concluir otra cosa que no sea que [la Administración Trump] utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo y motivado ideológicamente contra las principales universidades de este país, y que lo hizo de una manera que infringe [la ley federal]». En la mayoría de los casos, los fondos se liberaron.

El Gobierno de Trump inició investigaciones contra la UCLA, Duke y George Mason. Más de 150 rectores universitarios firmaron una declaración en la que denunciaban «una extralimitación gubernamental sin precedentes». Pero no cambió nada.

El personal docente empezó a autocensurarse en la investigación y las clases. Las universidades prescindieron de los ponentes polémicos. Los profesores eliminaron lecturas que podrían dar lugar a una investigación. Un antiguo profesor de Columbia habló de «un clima de confusión, miedo y falta de seguridad» en el que las universidades ya no podían funcionar como espacios donde hay libertad para el cuestionamiento.

Respuesta y resistencia

De la noche a la mañana, los tribunales se convirtieron en campos de batalla por la democracia. Para octubre de 2025, diferentes abogados habían presentado 190 casos activos contra la Administración Trump, incluidas 18 demandas independientes que se oponían a la orden ejecutiva de «ideología de género». Seis miembros transgénero de las fuerzas armadas llevaron su causa a tribunales federales para impugnar la prohibición militar que les privaba de sus carreras y de su atención médica. Un juez federal de California intervino y paralizó temporalmente algunas de las restricciones a la atención de afirmación de género.

Sin embargo, estas victorias seguían resultando incompletas, para frustración de muchos. Las medidas cautelares protegían a demandantes específicos, a veces solo a los de jurisdicciones concretas, y todos los demás seguían en la cuerda floja. Las apelaciones prolongaron los casos durante meses, pero el verdadero perjuicio se produjo a través de maniobras administrativas (recortes de fondos, purgas de datos, directivas de agencias, etc.) que eran mucho más difíciles de impugnar ante los tribunales. Las apelaciones siguen su curso.

La incertidumbre logró lo que las políticas pretendían: los proveedores dejaron de prestar servicios, las comunidades vivían con miedo y ese miedo se convirtió por sí mismo en un mecanismo de aplicación de la ley. Rainbow Railroad, una organización internacional sin ánimo de lucro que ayuda a las personas LGBTQ+ a escapar de la violencia y la persecución auspiciadas por el Estado, informó de que, en octubre de 2025, Estados Unidos se había convertido en la principal fuente de solicitudes de ayuda de la organización por primera vez en sus casi dos décadas de historia. Dos tercios de dichas solicitudes procedían de personas transgénero. El país que un día fuera el destino deseado de los migrantes y solicitantes de asilo del colectivo LGBTQ+, se ha convertido bajo el mandato de Trump en un lugar del que la gente quiere huir.

En poco más de un año, la implantación a escala nacional del Proyecto 2025 ha demostrado su eficacia en el desmantelamiento de las protecciones de los derechos civiles. El proyecto detallaba cómo acabar con el reconocimiento federal de las comunidades a través de cambios en la recopilación de datos, cómo destruir las infraestructuras sanitarias mediante recortes estratégicos de fondos, cómo transformar las universidades en instituciones con una ideología afín a la suya a través de la congelación de fondos y cómo crear un sistema de informantes que hiciera que los ciudadanos se vigilaran los unos a los otros.

No obstante, tales tácticas no se idearon en Washington. Viktor Orbán dedicó más de una década a construir de forma metódica el aparato autoritario de Hungría: manipuló los distritos parlamentarios, obligó a cientos de jueces a jubilarse anticipadamente para colocar a sus acólitos, prohibió los estudios de género en las universidades y, en última instancia, cerró la Universidad Centroeuropea, con lo que logró instaurar lo que el Parlamento Europeo calificó como una «autocracia electoral».

Lo que en Budapest necesitó de años de paciente trabajo, en Washington se materializó en cuestión de meses.

La doctrina de la remigración

«Remigración» no es un término burocrático, sino que nació de la mente del activista austriaco de extrema derecha Martin Sellner, que en su día perteneció a un grupo abiertamente neonazi llamado «Stolz und Frei» (Orgullosos y Libres). Sellner recibió el asesoramiento de Gottfried Küssel, encarcelado dos veces en Austria por «revivalismo nazi». Cuando era joven, Sellner pegó un cartel con una esvástica en una sinagoga de Baden bei Wien, Austria.

Sellner habla de la remigración como de «un proyecto que llevará décadas» para hacer que los países «vuelvan a ser europeos» y se termine con el «multiculturalismo». Por decirlo de una manera más clara, se trata de limpieza étnica y de la deportación forzada y en masa de los migrantes no blancos, independientemente de su ciudadanía. Sellner especifica que el concepto no solo se refiere a los inmigrantes indocumentados, sino a «aquellos que perjudican a nuestra sociedad desde el punto de vista económico, penal o cultural, forman sociedades paralelas y socavan la democracia a través del voto étnico», una definición tan amplia que podría justificar la expulsión de prácticamente cualquier inmigrante o minoría étnica.

El atacante de la mezquita de Christchurch, que mató a 51 personas e hirió a 89 en Nueva Zelanda en 2019, donó 1500 euros (unos 1700 dólares) al movimiento identitario de Sellner e intercambió correos electrónicos con él antes del ataque. El tirador se inspiró en la teoría de la conspiración del «gran reemplazo», que sostiene que se está sustituyendo sistemáticamente a las poblaciones blancas por inmigrantes no blancos mediante políticas que favorecen tales fines.

En noviembre de 2023, en una reunión secreta en Potsdam, Sellner dio una conferencia sobre remigración ante miembros de alto nivel del partido alemán Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán). Cuando los medios de comunicación alemanes sacaron a la luz el encuentro, estallaron protestas en ciudades de toda Alemania. Desde entonces, AfD, que los servicios de inteligencia de Alemania han categorizado en ocasiones como una amenaza extremista de ultraderecha, ha convertido la remigración en una de las políticas oficiales del partido.

Sellner ha atribuido a Trump el mérito de «popularizar» el término a escala internacional. Trump ha utilizado la palabra «remigración» en publicaciones en redes sociales. Las políticas de deportación de su Administración, promulgadas en el Proyecto 2025, reflejan el marco de Sellner: expulsiones masivas no solo de inmigrantes indocumentados, sino de cualquier persona considerada culturalmente incompatible, incluidos quienes ya son ciudadanos de EE. UU.

El Departamento de Estado cuenta ahora con una oficina que lleva por nombre dicho concepto. Los críticos llaman a esto «limpieza étnica con otro nombre». El mandato de la oficina, que consiste en coordinar las políticas de deportación con otras agencias, sugiere que la crítica es acertada.

Desmantelamiento de la USAID

El 1 de julio de 2025, el mayor organismo humanitario de Estados Unidos cerró sus puertas después de 64 años, aunque su desmantelamiento había comenzado meses antes. El secretario Rubio anunció en las redes sociales que «tras una revisión de seis semanas, cancelamos oficialmente el 83 % de los programas de la USAID». Algunos documentos internos revelaron que había cancelado el 92 % de las subvenciones. Se retiraron miles de millones de dólares a programas activos, por lo que su trabajo se quedó a medias.

El investigador de políticas sanitarias de la UCLA, James Macinko, desglosó la inversión: “El contribuyente medio ha aportado unos 18 centavos al día a la USAID. Con esa cantidad ínfima, hemos podido evitar hasta 90 millones de muertes en todo el mundo”.

En Uganda, los programas de tratamiento del VIH que atendían a 250 000 personas se enfrentaron a repentinos cortes en la financiación. En Bangladesh, se cerraron los programas de nutrición que llegaban a dos millones de mujeres embarazadas y niños pequeños. En Yemen, donde la USAID se ocupaba del 70 % de la ayuda humanitaria, las redes de distribución de alimentos se vinieron abajo.

La Voz de América desaparece de las ondas

Durante 83 años, La Voz de América (VOA, por sus siglas en inglés) emitió noticiarios independientes en países donde los gobiernos censuraban la información. Fundada durante la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar la propaganda nazi, VOA llegaba a 354 millones de personas en todo el mundo en casi 50 idiomas.

En marzo de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva por la que se suprimía la agencia matriz de VOA. Se envió a la excedencia indefinida a unos 1000 periodistas y VOA dejó de emitir por primera vez en su historia.

Kari Lake, una política designada por Trump que había fracasado electoralmente y que hizo campaña con el lema «Mano dura contra las mentiras y la propaganda de los grandes medios de comunicación», anunció en junio que había reducido la plantilla de La Voz de América de 1300 a 81 empleados. Como declaró Patsy Widakuswara, la antigua responsable de la Oficina de VOA para la Casa Blanca: “Lo que estamos haciendo es abandonar a 360 millones de personas de todo el mundo que dependen de nosotros cada semana para recibir noticias independientes y renunciar a que se oiga la voz de Estados Unidos en el mundo, con la pérdida de influencia que ello conlleva”.

El juez federal Royce Lamberth suspendió el cierre en abril de 2025 y dictaminó que Trump debía restablecer la programación a los niveles estipulados. La agencia sigue paralizada y el poder blando y la buena voluntad que se derivaban del fomento de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo se han evaporado. Se puso fin a la financiación de Radio Free Europe/Radio Liberty y Radio Free Asia. Además, el sitio web de VOA no se ha actualizado desde marzo de 2025.

Nuevos aliados

Los países de Europa occidental que fueron el pilar de las alianzas democráticas durante 75 años son ahora adversarios ideológicos, mientras que los gobiernos autoritarios que comparten la oposición a los derechos LGBTQ+, la libertad reproductiva de las mujeres y la democracia laica se han convertido en aliados preferentes.

La coalición del Consenso de Ginebra, formada por 40 naciones, ilustra este golpe de timón en términos concretos. Rusia, que invadió Ucrania en 2022, es ahora un aliado del tratado junto con Estados Unidos. Bielorrusia, base de las operaciones militares rusas, es signataria. Arabia Saudí, que asesinó al periodista Yamal Khashoggi, es un aliado. Pakistán, Egipto e Irak son todos aliados, a pesar de sus violaciones documentadas de los derechos humanos.

Todo el sistema derivado de la Segunda Guerra Mundial se está desmantelando. Se está sustituyendo la protección de los derechos humanos definida por el consenso internacional por los «derechos naturales» definidos por la doctrina religiosa. En lugar de fomentar la democracia, se apuesta por la defensa de la «familia natural». La adhesión a determinada ideología está ocupando el lugar de la ayuda humanitaria.

La nueva infraestructura

El Instituto Maria Kopp de Hungría actúa ahora como Secretaría de la Declaración del Consenso de Ginebra y coordina la política familiar de 40 países desde una oficina financiada por el Gobierno de Orbán. Los diplomáticos estadounidenses que antes se ocupaban de estas cuestiones en colaboración con la ONU o la OMS ahora trabajan con dicho instituto.

La Oficina de Derechos Naturales del Departamento de Estado tiene la tarea de desarrollar marcos para cuestionar las normas europeas de derechos humanos. De llegar a crearse, la Oficina de Remigración coordinaría la política de deportación con gobiernos autoritarios, con idéntico lenguaje y tácticas que los movimientos europeos de extrema derecha que abogan explícitamente por la limpieza étnica.

La disolución de la USAID acaba con la influencia humanitaria que podría entrar en conflicto con las prioridades del Consenso de Ginebra. El desmantelamiento de VOA supone la eliminación de una plataforma que podría transmitir información sobre estos cambios a público de todo el mundo.

Se están eliminando o reestructurando instituciones que promovían los derechos humanos, la gobernanza democrática y la asistencia humanitaria. Se están sustituyendo por instituciones que promueven la ideología de la «familia natural», se coordinan con gobiernos autoritarios y rechazan los marcos multilaterales.

Cuando Estados Unidos se salió de instituciones multilaterales que establecen normas internacionales en materia de derechos humanos, abandonó a aliados que comparten valores democráticos. Forjó alianzas con gobiernos autoritarios que comparten la oposición al derecho al aborto, a la igualdad LGBTQ+ y a la gobernanza laica.

Se trata de una demolición sistemática de la arquitectura institucional de la posguerra y su sustitución por una política exterior basada en el nacionalismo religioso, en sintonía con gobiernos autoritarios y hostil a los marcos de derechos humanos que protegen a las comunidades marginadas.

Estos son los mecanismos mediante los cuales el Proyecto 2025 ha reformulado la política exterior estadounidense, aunque dicho reordenamiento va más allá de Washington. Las organizaciones del Proyecto 2025 operan ahora en capitales de Europa, América Latina y África. Exportan ideología e infraestructuras: modelos legislativos, estrategias de litigio y redes de financiación. Allí donde las instituciones del Gobierno de EE. UU. promovían los derechos humanos, las organizaciones privadas promueven ahora el nacionalismo cristiano, a menudo con mayor alcance y menor rendición de cuentas.

El Proyecto 2025 es un movimiento mundial. Su recorrido internacional dependerá de la capacidad de las distintas comunidades para movilizar la resistencia antes de que las infraestructuras se asienten del todo.

Menoscabo de los derechos LGBTQ+ a escala mundial

Tres años después de firmar la declaración, Uganda aprobó leyes anti-LGBTQ+ absolutamente represivas e implantó la pena de muerte para casos de «homosexualidad agravada». Rusia calificó al movimiento LGBTQ+ de «organización extremista». En Egipto, Human Rights Watch y los medios de comunicación denunciaron que las autoridades vigilan las plataformas de redes sociales y las aplicaciones de citas para identificar, acosar, detener y maltratar a las personas LGBTQ+.

Patrones similares de represión se han hecho evidentes entre los aliados de Estados Unidos. Es el caso de Arabia Saudí, donde, según el «Informe sobre derechos humanos» de 2024 elaborado por el Departamento de Estado, publicado bajo la Administración Trump, había «numerosas denuncias» en relación con que «el Gobierno [de Arabia Saudí] o sus agentes habían cometido asesinatos arbitrarios o extrajudiciales ese año».

En Europa, Hungría se ha convertido en uno de los principales ejemplos de este retroceso en materia de derechos. El llamado concepto del «latido del feto» se ha convertido, asimismo, en un elemento primordial de las leyes sobre el aborto promovidas por políticos conservadores y grupos antimujer de todo el mundo. En tal contexto, las mujeres que quieren abortar deben oír el supuesto «latido del corazón» antes del procedimiento. En un principio, esta medida se introdujo en varios estados del sur de EE. UU., como Texas y Kentucky, y más tarde la adoptó el Gobierno del primer ministro Viktor Orbán.

Bajo su mandato, se ha impedido el matrimonio entre personas del mismo sexo, se han restringido los derechos de adopción para las familias LGBTQ+ y se ha equiparado la homosexualidad con la pedofilia, lo que ha favorecido la deshumanización de la comunidad LGBTQ+. Hungría ha prohibido la «promoción y representación de la homosexualidad» y la diversidad de género para personas menores de 18 años en la educación sexual, las películas o la publicidad. Otros países, como Georgia y Bulgaria, han promulgado leyes similares dirigidas a las personas LGBTQ+.

En abril de 2025, el régimen de Orbán limitó el derecho de los grupos LGBTQ+ a organizar actos públicos y modificó la Constitución para definir el género estrictamente como masculino o femenino. También prohibió las marchas del Orgullo. Dicha reforma se produjo solo tres meses después de que Trump firmara una orden ejecutiva similar en Estados Unidos. Su influencia pronto se extendió más allá de las fronteras de Hungría, ya que Eslovaquia siguió su ejemplo con una medida similar que restringía el reconocimiento de género y limitaba la adopción a las parejas heterosexuales casadas. Algunas de estas políticas anti-LGBTQ+ se están impugnando ante los tribunales.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya se ha pronunciado sobre las leyes anti-LGBTQ+, en especial sobre las adoptadas por Rusia. En 2017, concluyó que la llamada «ley de propaganda gay», que prohibía la difusión de información sobre cuestiones LGBTQ+ en presencia de niños y se utilizaba para impedir las marchas del Orgullo, se utilizaba para «reforzar el estigma y los prejuicios y fomentar la homofobia» por parte de las autoridades. El tribunal consideró que dicha legislación violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Mientras tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está examinando un caso de infracción contra Hungría por su ley contra la «propaganda» LGBT de 2021, cuya finalidad era, supuestamente, proteger a los menores, pero que, en la práctica, prohíbe o restringe el acceso a contenidos LGBTQ+. La abogada general, Tamara Ćapeta, ya ha señalado que la medida vulnera derechos humanos fundamentales y la libertad de expresión. Su opinión no es vinculante, pero a menudo da una pista de cuál podría ser fallo del tribunal.

Redefinir la familia para legitimar la discriminación

Los grupos de derechos humanos denunciaron que Orbán justificaba estos retrocesos «bajo el lema de los “valores familiares”». Este planteamiento se hace eco de la narrativa de la GCD y está en sintonía con la agenda nacionalista cristiana esbozada en el Proyecto 2025 de Trump, que excluye a la comunidad LGBTQ+ del concepto de familia. El texto afirma que “las familias compuestas por una madre y un padre casados y sus hijos son la base de una nación bien ordenada y de una sociedad sana”.

La calidad de vida de las mujeres y las niñas en muchos países signatarios de la GCD sigue estando muy por debajo de la de Estados Unidos y sus aliados democráticos tradicionales, con riesgos mucho más altos para la salud. Según la base de datos mundial más reciente de UNICEF (2020), la tasa media de mortalidad materna entre los signatarios de la GCD era de 262 muertes por cada 100 000 nacidos vivos, en comparación con las 21,1 por cada 100 000 de Estados Unidos.

En lo que respecta a Uganda, el «Informe sobre derechos humanos» de 2024 de Estados Unidos reveló que el matrimonio infantil se mantenía y que las autoridades no hacían cumplir la ley que fija los 18 años como edad mínima.

El Proyecto 2025 sostiene, además, que las políticas sanitarias de EE. UU. que promueven la «equidad LGBTQ+» deberían «derogarse y sustituirse por políticas que promuevan familias estables, casadas y nucleares». Asimismo, exige que se elimine cualquier referencia a la orientación sexual, la identidad de género, la diversidad o la inclusión de todas las leyes, políticas y normativas federales estadounidenses.

El borrado de las personas transgénero de los cargos de la Administración pública

El Proyecto 2025 demoniza especialmente a la comunidad transgénero y pone el «transgenerismo» y la «ideología transgénero» al mismo nivel que la «pornografía». En su ideario para la Administración Trump, los artífices del plan autoritario pedían la revocación de las políticas que permiten a las personas transgénero servir en las fuerzas armadas. El presidente atendió esta petición tan pronto como asumió el cargo, lo que derivó en la expulsión de alrededor de 1000 miembros transgénero de las fuerzas armadas.

La Heritage Foundation, que auspició el Proyecto 2025, afirma que la «disforia de género» es incompatible con el servicio militar y que «debe ponerse fin al uso de dinero público para cirugías transgénero o para facilitar el aborto a los miembros del Ejército». En esa misma línea ideológica, el Departamento de Defensa derogó una política de la era Biden que reembolsaba a los miembros de las fuerzas armadas los viajes fuera del estado para recibir atención sanitaria reproductiva, incluidos los abortos y los servicios de fertilidad.

Recientemente, los ataques contra las personas transgénero se han intensificado en la órbita de la Heritage Foundation. The Oversight Project, una iniciativa conservadora que se originó dentro de dicha fundación, ha instado al FBI a clasificar lo que denomina «extremismo violento inspirado en la ideología transgénero» (TIVE, por sus siglas en inglés) como una categoría de terrorismo nacional.

En Guatemala, Uganda y otros países que han suscrito la GCD, la implantación de las políticas de la declaración revela la creciente influencia del Proyecto 2025 en el extranjero. Esta expansión internacional la ha promovido en parte The Institute for Women’s Health (IWH, por sus siglas en inglés), que está dirigido por Valerie Huber, de la GCD.

Huber se ha convertido en una figura internacional clave de la campaña contra los derechos sexuales y reproductivos. Según Ipas, una organización mundial sin ánimo de lucro que amplía el acceso al aborto seguro y a los derechos reproductivos, «no es una profesional de la salud pública, pero presenta su trabajo y su organización como voces autorizadas en el ámbito de la salud de las mujeres». No se cansa de afirmar, en falso, que la ONU promueve una «ideología extremista» y que infringe «el derecho soberano de las naciones a determinar sus propias leyes».

El IWH es una de las organizaciones más relevantes de entre las que respaldan el Proyecto 2025, ya que forma parte de la Junta Asesora de la iniciativa. Tanto Huber como Alma Golden, directora de Operaciones del IWH, figuran como colaboradoras del Proyecto 2025 y detallaron los planes de este en materia de políticas, lo cual ilustra claramente la influencia de la organización, ya que el texto contiene múltiples referencias a la GCD.

Internacionalización del Proyecto 2025 mediante la red de la GCD

Tras la retirada de Estados Unidos de la GCD bajo la Administración Biden, Huber y su organización trabajaron en la difusión internacional de la declaración con el objetivo de atraer a nuevos miembros. La propia Huber asistió a la ratificación de la GCD por parte de Guatemala en octubre de 2021. La pequeña ceremonia, celebrada durante la pandemia, fue presidida por el entonces presidente Alejandro Giammattei, a quien más tarde la Administración Biden prohibió la entrada a Estados Unidos debido a la «importante corrupción» que se le atribuía. También se unió al acto de forma virtual Damares Alves, exministra del presidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, a quien en 2025 condenaron a más de 27 años de prisión por planificar un golpe militar y tratar de «aniquilar» la democracia del país.

Guatemala se convirtió en el campo de pruebas para que la GCD pasara de unos principios abstractos a políticas públicas concretas. El Gobierno del país fue el primero en promover un prototipo del proyecto Protego, descrito por la organización de Huber como «el modelo del IWH para implantar políticas públicas coherentes con los valores» de la GCD. El programa tiene por objeto promover la agenda contraria a los derechos de las mujeres y anti-LGBTQ+ de la declaración mediante políticas que afectan a la educación y la salud pública en los países signatarios.

Según Ipas, «Protego está intentando claramente ocupar el lugar de los trabajos en curso sobre los embarazos en la adolescencia, la educación sexual integral y otros programas de salud vitales y científicamente sólidos dirigidos por organismos de las Naciones Unidas». Esto incluye iniciativas promovidas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que son «atacadas con frecuencia por grupos antiderechos».

En Guatemala, la alianza entre el IWH y el Gobierno se inició con el desarrollo de guías de orientación para padres y profesores en colaboración con el Ministerio de Educación. Dichos materiales «se promovieron a través de las escuelas, otros ministerios, ONG y organizaciones religiosas». El personal del ministerio recibió orientación por parte del IWH sobre cómo desarrollar en la práctica esos materiales. El contenido refleja la ideología de la GCD, como por ejemplo en lo referente a que «el matrimonio es un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer».

El material elaborado por Guatemala y el IWH promueve la abstinencia y afirma que «el único medio 100 % eficaz de evitar el embarazo en la adolescencia es esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales». También se afirma que «la mayoría» de los métodos de control de la natalidad «no tienen ningún efecto en la prevención de infecciones o enfermedades de transmisión sexual». La Academia Estadounidense de Pediatría reconoce que abstenerse de mantener relaciones sexuales es la forma más eficaz de prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS); sin embargo, también deja claro que “cuando los adolescentes y los adultos jóvenes utilizan correctamente y de forma continuada métodos de barrera, tales métodos son un medio excelente para reducir el riesgo de contraer muchas de las ITS, incluido el VIH, y prevenir el embarazo”.

Según investigaciones académicas, «los programas basados únicamente en la abstinencia son ineficaces para reducir las tasas de natalidad entre las adolescentes». Por el contrario, se ha demostrado que promover una educación sexual integral reduce la tasa general de natalidad entre los adolescentes de Estados Unidos.

En 2024, Uganda también se sumó a la iniciativa Protego. El IWH coopera con el Gobierno del país a pesar de su postura contra las personas LGBTQ+, a quienes impone la pena de muerte o la cadena perpetua. En 2025, la iniciativa añadió un nuevo aliado a su lista con la incorporación de Burundi a Protego.

El papel de la ayuda humanitaria y la diplomacia en la promoción de agendas antiderechos

La agenda antimujer y anti-LGBTQ+ de la GCD se ha extendido por toda África y, en la actualidad, unos 20 países se han adherido a la Declaración de Ginebra. Según la organización Justice for Prosperity (JfP), la adopción de esta iniciativa para desmantelar los derechos no se ha dado de forma orgánica, sino que ha sido «diseñada por fuerzas muy ajenas al continente». Dos de los principales actores detrás de esta ofensiva son organizaciones estadounidenses: el IWH y Family Watch International, dirigida por la estadounidense Sharon Slater.

Tanto Valerie Huber, del IWH, como Slater participaron en la Cumbre Transatlántica celebrada en España en septiembre de 2024, organizada por Political Networks for Values. El acto congregó a activistas contrarios a los derechos de las mujeres y anti-LGBTQ+ de Europa, América y África. Una nueva edición de la cumbre tuvo lugar en febrero de 2026 en el Parlamento Europeo de Bruselas, con la asistencia de representantes de la Heritage Foundation, la Alliance Defending Freedom International (ADFI) y Slater.

La investigación de JfP develó que «la ayuda exterior y la diplomacia, especialmente las de Estados Unidos (y las de países como Hungría o algunos Estados del Golfo), se utilizaron para presionar a los países para que suscribieran la GCD». En algunos casos, como el de Sudán, la firma de la declaración «coincidió con su eliminación de la lista de terrorismo de Estados Unidos y el incremento de la ayuda humanitaria o el comercio». En otros, posiblemente haya «pruebas» de «intercambio diplomático de votos» en las Naciones Unidas «a cambio de firmar la GCD».

Tras adherirse a la declaración, algunos de estos países «pueden acceder a reuniones de alto nivel» y «resultan atractivos para los donantes conservadores». JfP identificó casos de cooperación mutua dentro de esta red, incluido un préstamo de 295 millones de dólares a Uganda por parte del Banco Islámico de Desarrollo de Arabia Saudí «después de que los donantes occidentales se retiraran por la ley anti-LGBTQ+ de Uganda».

Como reflejo de la misma narrativa promovida por la GCD y el IWH en África, el Proyecto 2025 exige «rechazar la promoción de políticas divisivas que perjudiquen la profundización de los objetivos compartidos entre Estados Unidos y sus aliados africanos», en referencia a «políticas sociales como el aborto y las iniciativas favorables al colectivo LGBT», que describe como «políticas nacidas en las guerras culturales estadounidenses».

Otra política puesta en marcha por la Administración Trump y mencionada en el Proyecto 2025 es la «ley mordaza global» (o «Mexico City policy») contra el aborto. Dicha medida prohíbe la financiación federal de las ONG extranjeras que prestan servicios de aborto o asesoran al respecto. Introducida por primera vez por el presidente Ronald Reagan en 1984, la «ley» ha sido reinstaurada sistemáticamente por los gobiernos republicanos y revocada por los demócratas.

Las repercusiones humanitarias de la ofensiva ataques del Proyecto 2025 contra la USAID

El Proyecto 2025 afirma, asimismo, que «es primordial crear una cultura sana de respeto por la vida, la familia, la soberanía y los derechos humanos auténticos en las organizaciones y agencias internacionales». Antes incluso de que Trump desmantelara la USAID, el documento ya había condenado la financiación por parte de la agencia de programas que promueven «la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos», «la igualdad de género» y «el empoderamiento de la mujer», así como aquellos que defienden «a quienes afirman tener la condición de minoría o ser vulnerables».

Un estudio de The Lancet reveló que las intervenciones y los programas económicos de la USAID han tenido una repercusión más importante en el caso de las mujeres, especialmente durante sus años reproductivos. El informe advierte que «si continúan los recortes, podrían producirse 14 millones más de muertes para 2030, incluidas más de 4,5 millones entre los niños menores de cinco años». Desde la decisión de Trump de cerrar la USAID, África ha perdido más de 8000 millones de dólares en fondos.

Los investigadores analizaron datos de 133 países desde 2001 hasta 2021 y estiman que los programas de la USAID ayudaron a evitar más de 91 millones de muertes durante ese período. «En los países que reciben altos niveles de asistencia, los efectos más importantes se observaron en el ámbito de las enfermedades prioritarias: la mortalidad por VIH/SIDA se redujo en un 74 %, la de la malaria en un 53 % y la de las enfermedades tropicales desatendidas en un 51 %, en comparación con los países con poca o ninguna financiación de la USAID», apunta el informe.

La Administración Trump ha seguido sistemáticamente la senda trazada por el Proyecto 2025. Las Naciones Unidas se han convertido en una de sus principales dianas a escala internacional. La Administración recortó 1000 millones de dólares de la financiación para la ONU que ya estaba aprobada, dejó de financiar el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) y se retiró de la OMS. Como consecuencia de tales recortes, la ONU ha anunciado que reducirá en una cuarta parte el personal que vela por la paz en nueve operaciones a lo largo y ancho del planeta, incluidas las de Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Líbano y Kosovo o la de la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, entre Israel y Siria.

Como hiciera durante su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pocos días después de volver a la Casa Blanca. Estados Unidos dejó de participar, además, en la revisión periódica de la ONU de su historial en materia de derechos humanos, conocida como «examen periódico universal».

Asimismo, la Administración Trump ha reformulado el concepto de derechos humanos en el «Informe sobre derechos humanos» de 2024 elaborado por el Departamento de Estado, publicado durante el segundo mandato de Trump. El informe adopta un enfoque que se aparta de las normas internacionales de derechos humanos y refleja las ideas del Proyecto 2025. Por ejemplo, omite las referencias a la discriminación contra las personas LGBTQ+ o a la violencia contra las mujeres.

The Washington Post informó de que Samuel Samson, asesor principal de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL, por sus siglas en inglés), redactó la directiva interna para eliminar las referencias a los derechos humanos, la violencia contra las personas LGBTQ+ y la corrupción gubernamental. En respuesta al llamamiento del Proyecto 2025 en pro de nuevas alianzas internacionales, Samson publicó un artículo en el sitio web del departamento titulado «The Need for Civilizational Allies in Europe» («La necesidad de contar con aliados de nuestra civilización en Europa»). En ella, acusó a los países europeos de «haberse convertido en un hervidero de censura digital, migración masiva, restricciones a la libertad religiosa y otros ataques al autogobierno democrático».

Según el informe, en países como Hungría y El Salvador «no hubo datos creíbles de violaciones graves de los derechos humanos». Sin embargo, el informe anual de 2024 de Amnistía Internacional hablaba de «detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos» bajo el mandato del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El «Informe sobre derechos humanos» de 2024 de la Administración Trump tampoco hace referencia a la situación de las personas LGBTQ+ en Uganda, a pesar de que un año antes se promulgó una ley que les impone la pena de muerte o la cadena perpetua.

Alliance Defending Freedom (ADF)*
Scottsdale, Arizona

Fundada en 1994 por 35 líderes de la derecha cristiana, la ADF lleva décadas trabajando para revertir los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ+ en Estados Unidos y en el extranjero. La organización opera en todos los continentes a través de su filial internacional, ADF International (ADFI). Hace campaña entre los responsables políticos y los gobiernos para que promuevan su agenda nacionalista cristiana, se alía con organizaciones antimujer y anti-LGBTQ+ de todo el mundo, participa en litigios estratégicos ante tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y lleva a cabo iniciativas en línea para dar a conocer sus cruzadas más importantes. La ADF tiene, además, estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés), lo que le permite ejercer presión dentro de la ONU y sobre sus diversos organismos.

Tras su fachada «profamilia», la ADF y la ADFI han presionado para impedir el acceso a la anticoncepción y el aborto. La sección nacional ha promovido la criminalización de actos sexuales consentidos entre personas LGBTQ+ y ha difundido teorías de la conspiración sobre una supuesta «agenda homosexual» que, según ellos, amenaza a la sociedad. La organización ha afirmado en falso que las personas LGBTQ+ tienen más probabilidades de ser pedófilas y ha trabajado para negar derechos a las personas transgénero (véase el informe anterior del GPAHE sobre la ADF).

La ADF adquirió notoriedad mundial en 2022 por su papel fundamental en la campaña que condujo a la revocación de la sentencia de Roe contra Wade y puso fin al derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. La ADF, no obstante, había estado activa durante mucho tiempo a escala internacional y había trabajado para socavar los derechos de las mujeres y el colectivo LGBTQ+ en todo el mundo.

En 2013, la ADF hizo campaña en Belice para evitar la derogación de una ley draconiana que castigaba con hasta diez años de cárcel las «relaciones carnales contra el orden de la naturaleza». En 2016, la ADFI presionó para que se celebrara un referéndum en Rumanía en contra de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Con el objetivo de intensificar su labor en América Latina, la ADFI envió en 2018 un representante al Parlamento argentino para oponerse a la legalización del aborto.

Como parte de su campaña mundial para revertir derechos y libertades, la ADF intervino en 2011 en el primer caso LGBTQ+ que se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el caso de Karen Atala Riffo contra Chile, un tribunal chileno había dictaminado que la relación lésbica de Atala amenazaba el desarrollo de sus hijos y le había ordenado que renunciara a la custodia. En respuesta a tal dictamen, presentó una denuncia por discriminación ante la CIDH. La ADF presentó un informe «amicus», es decir, un escrito de una parte externa cuyo objetivo es influir en el tribunal, en el que argumentaba que la orientación sexual no debería ser una categoría de no discriminación. En 2012, la CIDH falló a favor de Atala y ordenó a Chile que le indemnizara.

Casi una década después, la ADFI se implicó en otro caso: Beatriz y otros contra El Salvador, ante la CIDH. El caso abordaba las consecuencias de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador (véase el capítulo 6).

En 2024, la CIDH dictaminó que El Salvador era responsable de la violencia obstétrica que sufrió Beatriz y de violar su derecho a la salud. La ADFI defendió «la necesidad de respetar el principio democrático de los Estados», así como la «necesidad de que un Estado proteja la vida del feto». En su expansión internacional, la ADFI se ha centrado en gran medida en Europa. En 2010, fue aceptada en el Registro de Transparencia de la UE bajo la denominación ADF International Belgium, lo que permite a la organización influir en las políticas de las instituciones de la UE. Opera en todo el continente a través de filiales independientes registradas en el Reino Unido, Bélgica, Francia, Alemania, Austria y Suiza.

Como documenta el informe del GPAHE que analiza las conferencias de extrema derecha como vehículos para crear redes y promover una agenda antiderechos, la ADF y la ADFI han participado de forma recurrente en eventos como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la Conferencia Panafricana sobre Valores Familiares, el Congreso Mundial de Familias y las cumbres transatlánticas de Political Networks for Values (PNfV). Entre 2000 y 2024, los representantes de la ADF participaron en más del 10 % de los 302 actos examinados por el GPAHE.

En Polonia, la ADFI colaboró estrechamente con grupos polacos de extrema derecha que promovían la restricción del derecho al aborto. En 2020, el Tribunal Constitucional polaco, en el que abundaban los jueces leales al partido populista de extrema derecha PiS (Ley y Justicia), dictaminó que una ley que autorizaba el aborto en casos de malformación del feto era inconstitucional. La decisión dio lugar a una prohibición casi total del aborto en el país.

Posteriormente, la ADFI intervino como parte externa para defender la sentencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tres años después, el tribunal consideró que Polonia había vulnerado el derecho al respeto de la vida privada y familiar de una mujer que se vio obligada a viajar al extranjero para interrumpir un embarazo con graves anomalías en el feto.

Recientemente, el personal de la ADFI se ha mostrado favorable al Gobierno de extrema derecha de Italia, liderado por Giorgia Meloni. En octubre, participaron en un acto paralelo en la sede de las Naciones Unidas con la ministra italiana de Familia, Eugenia Roccella, que calificó las técnicas de reproducción asistida, como la subrogación, de «violencia contra las mujeres y las niñas». Este discurso refleja la postura de la Heritage Foundation, que, a través de Emma Waters, investigadora adjunta principal de la organización, argumentó que la subrogación y la fecundación «in vitro» (FVI) equivalen al «concubinato» y son «una forma de esclavitud».

Tales posturas encarnan una labor cada vez más coordinada de los grupos conservadores para restringir las técnicas de reproducción asistida, en gran parte porque son las que utilizan las familias LGBTQ+. En los últimos años, la ADFI también ha participado en varios casos ante el TEDH relativos a la subrogación y la FIV en Suiza y Francia.

En los últimos meses, la creciente presencia de la ADF y la ADFI en Europa también se ha puesto de manifiesto en el Reino Unido. En octubre de 2025, una investigación del New York Times reveló la implicación política del grupo por sus vínculos con Reform UK, el partido de extrema derecha liderado por la figura del Brexit Nigel Farage. El informe sacó a la luz que la expansión de Alliance Defending Freedom en Gran Bretaña coincidió con un cambio notable en las posturas políticas de Farage. Aunque había evitado el debate sobre el aborto durante más de 30 años, a finales de 2024 comenzó a cuestionar el límite legal del aborto en el país.

En el Reino Unido, la organización ha participado en varios casos relativos a personas que rezaban en los alrededores de las clínicas de aborto u ofrecían lo que llamaban «ayuda caritativa» en zonas protegidas jurídicamente para evitar el acoso a las mujeres que querían someterse a un aborto.

Un caso que llamó la atención de Estados Unidos fue el de la activista antiaborto Livia Tossici-Bolt, condenada en abril por violar una «zona de separación» protegida jurídicamente en el exterior de una clínica abortiva. La condenaron a libertad condicional durante dos años y a pagar una multa de 20 000 £.

La ADFI ha intentado descontextualizar estos casos, restando importancia al acoso y presentándolos como un «punto de inflexión jurídico de inmensas proporciones» que supuestamente pone en peligro «la libertad de expresión». En el Senado de Estados Unidos, la ADF hace campaña en asuntos «relacionados con la libertad de expresión en Europa».

En junio, el embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, Warren Stephens, se reunió con la organización, alabó su papel en defensa de «la libertad de expresión» y les animó a continuar con su «gran labor». Desde Washington, la Administración Trump se ha hecho eco de esta retórica. Han apoyado públicamente los casos de la ADFI en el Reino Unido y han afirmado estar “preocupados por la libertad de expresión” en dicho país.

La filial internacional de la ADF considera que las iniciativas de la UE para moderar el contenido en línea, incluidas las medidas contra los discursos de odio, la desinformación y otros contenidos dañinos, son una forma de «censura».

Paul B. Coleman, director ejecutivo de la ADFI, ha criticado la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la UE. La normativa exige que las plataformas de redes sociales eliminen aquellos contenidos que infrinjan las leyes de los Estados miembros de la UE y propicia que los algoritmos de las redes sociales sean más transparentes, de modo que se reduzca la posibilidad de difundir desinformación. Coleman ha comparado estas medidas con la censura de los regímenes autoritarios y ha afirmado que “la libertad de expresión vuelve a estar amenazada en este continente como no lo estaba desde el horror de los regímenes autoritarios de Europa de hace unas pocas décadas”.

American Center for Law and Justice (ACLJ)*
Virginia Beach, Virginia

Una organización anti-LGBTQ+ y contraria a los derechos de las mujeres dirigida por el abogado de Trump, Jay Sekulow, y fundada por Pat Robertson, uno de los padres de la derecha cristiana de Estados Unidos. A través de sus divisiones regionales, como el East African Center for Law and Justice (EACLJ) y el European Centre for Law and Justice (ECLJ), el ACLJ trabaja para promover leyes y políticas cristianas conservadoras en África, Europa y América Latina.

La filial europea del ACLJ ha lanzado una campaña contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que cuestiona la independencia de dicho tribunal. La organización publicó varios informes que vinculaban a los jueces del TEDH con la Open Society Foundation de George Soros, un villano recurrente para la extrema derecha. Según Neil Datta, director ejecutivo del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y autor del informe «The Next Wave» («La próxima ola»), el ECLJ también hizo campaña activa contra la inclusión del derecho al aborto en la Constitución francesa.

En su cruzada nacionalista cristiana, el ECLJ participó en procedimientos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los que apoyó la postura de Italia en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. A modo de argumento ante el tribunal, la organización llegó a preguntar “por qué la homosexualidad era más aceptable que la poligamia”.

El ECLJ participó en litigios estratégicos en América Latina, donde apoyó a El Salvador en el caso «Manuela». A Manuela la condenaron a 30 años de cárcel tras una urgencia obstétrica que derivó en la interrupción de su embarazo. Dos años más tarde, murió de cáncer en la cárcel por no recibir el tratamiento médico adecuado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que El Salvador era responsable de la muerte de Manuela y de la violación de sus derechos a la vida, a la salud y a no sufrir discriminación, entre otros.

Center for Family and Human Rights (C-Fam)*
New York, New York

Según su sitio web, el C-Fam se fundó en 1997 para «influir en el debate sobre política social en las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales y llevar a cabo un seguimiento». Su presidente, Austin Ruse, es un feroz opositor al aborto y a los derechos LGBTQ+. Ruse apoyó la ley rusa contra la propaganda gay, que criminaliza la libertad de expresión en relación con las cuestiones LGBTQ+ y a la que calificó de noble fomento de los «derechos humanos». Además, firmó una declaración conjunta de apoyo.

Durante años, Ruse y su organización han hecho campaña contra los derechos de salud sexual y reproductiva y la igualdad para las personas LGBTQ+ en la ONU, donde C-Fam tiene estatus consultivo. En 2012, ayudaron a paralizar un tratado de la ONU que protegía los derechos de las personas con discapacidad porque, según el grupo, era «proabortista».

Ruse forma parte de Vision Network (antes llamada Agenda Europe), una alianza transnacional que promueve políticas antiaborto y anti-LGBTQ+ en toda Europa. Gracias a una filtración, se pudo leer el manifiesto de la red, «Restoring the Natural Order» («Restauración del orden natural»), que contenía argumentos e ideas similares a la teoría de la conspiración del «gran reemplazo» de los supremacistas blancos. Según dicha teoría, se está «reemplazando» adrede a los europeos blancos por la inmigración masiva no blanca y por personas con valores cada vez más seculares y progresistas.

Una investigación del GPAHE identificó a Ruse como una de las principales figuras del movimiento anti-LGBTQ+ mundial. Ruse actúa como puente entre los grupos anti-LGBTQ+, los nacionalistas cristianos rusos y la red del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Ruse participó en varios actos del Congreso Mundial de Familias, incluidos los celebrados en Varsovia (2007), Ámsterdam (2009) y Madrid (2012). En 2023, también participó en una conferencia del Danube Institute, favorable a Orbán, titulada «Why Hungary Should Break the EU Consensus on Sexual Issues at the U.N.» («Por qué Hungría debería acabar en la ONU con el consenso de la UE sobre cuestiones sexuales»), y en la Cumbre Transatlántica organizada por Political Networks for Values en la sede de la ONU en Nueva York. 

Family Research Council (FRC)* 
Washington, D.C.

El FRC, una de las organizaciones más influyentes de entre las afiliadas al Proyecto 2025, mantiene estrechos vínculos con grupos de extrema derecha de EE. UU. Dirigida por Tony Perkins, que ha comparado a las personas LGBTQ+ con pedófilos y que una vez habló ante el Consejo de Ciudadanos Conservadores, un grupo supremacista blanco estadounidense, la organización está vinculada a movimientos antigénero en Europa y África. Según la investigación del GPAHE, el FRC es uno de los grupos estadounidenses que suelen promover la «terapia de conversión», la desacreditada y peligrosa práctica, prohibida en muchos países, que pretende cambiar la orientación o la identidad de una persona.

El FRC ha influido en la política africana. En 2010, el grupo hizo campaña contra una resolución del Congreso de Estados Unidos (Res. de la Cám.  1064) que proponía condenar el Proyecto de Ley Antigay de Uganda. Perkins quería «eliminar las afirmaciones radicales e inexactas de que la conducta homosexual está reconocida internacionalmente como un derecho humano fundamental».

Siete años más tarde, participó en una reunión en El Cairo con otros líderes evangélicos estadounidenses y el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, quien puso en marcha políticas represivas que condujeron a la detención de personas LGBTQ+. Según la organización neerlandesa de derechos humanos Justice for Prosperity, Perkins ha visitado Nigeria y Ghana para reunirse con legisladores y abogar por la libertad religiosa y las políticas «profamilia».

El FRC es, además, una de las cuatro organizaciones estadounidenses que patrocinaron el Foro de Profesionales Cristianos de África (ACPF, por sus siglas en inglés), junto con la Heritage Foundation, The Institute for Women’s Health y Family Watch International.

En mayo de 2025, el ACPF organizó la segunda Conferencia Panafricana en Nairobi (Kenia), centrada en la «protección de la familia en África». Los participantes calificaron la «promoción de la educación sexual integral» y la «defensa de las ideologías de identidad de género» como «cuestiones muy preocupantes». Algunos de los oradores se opusieron abiertamente a los derechos de las personas «queer», como el diputado keniano Peter Kaluma, que está a favor de la cadena perpetua para las personas LGBTQ+.

Travis Weber, vicepresidente de la organización para asuntos políticos y gubernamentales, intervino en la conferencia en representación del FRC. Otros oradores de grupos antiderechos provenientes de Estados Unidos fueron Sharon Slater, presidenta de Family Watch International; Bettina Roska, de ADF International; Valerie Huber, de The Institute for Women’s Health; y Austin Ruse, del Center for Family and Human Rights.

Family Watch International (FWI)
Gilbert, Arizona

FWI es una organización anti-LGBTQ+ que pretende influir en la política internacional, en particular en la ONU y en toda África. El grupo tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de la ONU, una designación que le permite hacer campaña dentro de la institución.

La presidenta de FWI, Sharon Slater, es miembro de la Junta Directiva de Political Network of Values, junto con Brian Brown, del Congreso Mundial de Familias. La presidenta de FWI tiene opiniones abiertamente homófobas y ha promovido la terapia de conversión para las personas LGBTQ+. Ha dejado por escrito afirmaciones falsas en las que se presenta a las personas LGBTQ+ como propensas a las enfermedades, «mucho más promiscuas» y «mucho más propensas a la pedofilia».

Slater estuvo muy implicada en la estrategia política que había detrás de la perversa ley de Uganda que criminalizaba a las personas LGBTQ+. Aunque Slater niega cualquier conexión con ella, CNN informó de que su organización ayudó a los miembros del Parlamento a promover la legislación y colaboró en su redacción. Dos semanas después de que el Parlamento ugandés aprobara una ley que implantaba la pena de muerte para casos de «homosexualidad agravada», Janet K. Museveni, la primera dama de Uganda, se reunió con Slater y su equipo. Las fotos de la reunión se compartieron en la cuenta de X de Museveni. En el mismo hilo, la primera dama escribió: “Felicito al Parlamento de Uganda por aprobar el Proyecto de Ley contra la Homosexualidad, que faculta a los ugandeses para evitar que semejantes depravaciones les sean impuestas a nuestros hijos”.

Heritage Foundation*
Washington, D.C.

El laboratorio de ideas de extrema derecha Heritage Foundation auspició el Proyecto 2025. Fundada en 1973, la organización ganó relevancia durante la presidencia de Ronald Reagan y sigue siendo una organización influyente en el movimiento de extrema derecha. En los últimos años, la Heritage Foundation se ha ido desplazando cada vez más hacia la derecha, dejando atrás su historial reaganista de los años de Trump para adoptar unos postulados más extremistas.

En una entrevista con el New York Times en 2024, el presidente de la Heritage Foundation, Kevin D. Roberts, declaró que el papel de la Heritage es «institucionalizar el trumpismo» a través del Proyecto 2025. Al menos 66 de sus empleados y adeptos trabajaron para la primera Administración Trump. Un estudio del GPAHE publicado en abril de 2025 reveló que en la red del Proyecto 2025 hay, como mínimo, 40 vínculos con la nueva Administración Trump.

Roberts ha alabado el régimen de Orbán, un gobierno antidemocrático y contrario a los derechos civiles y a los derechos humanos. La Heritage Foundation ha apoyado públicamente la agenda nacionalista cristiana de Orbán. Su presidente ha calificado a Hungría como un «modelo» del «arte de gobernar» y ha afirmado que todo el mundo «debería aprender de ellos». Asimismo, ha declarado que su organización es «una gran defensora [de Hungría] a ambos lados del Atlántico».

Como parte de una floreciente alianza transatlántica, Heritage, el Gobierno de Orbán e instituciones vinculadas al autoritario líder húngaro, como el Danube Institute, el Mathias Corvinus Collegium y el Center for Fundamental Rights, han intensificado su colaboración mutua y con otras organizaciones de extrema derecha contrarias a los derechos de las mujeres y anti-LGBTQ+ mediante eventos internacionales celebrados por toda Europa, África y América.

Como ha documentado el GPAHE, las conexiones entre la Heritage Foundation y el régimen de Orbán son muy profundas y cada vez más estrechas. En marzo de 2023, Heritage y el Danube Institute, un laboratorio de ideas fundado por el Gobierno húngaro, firmaron un acuerdo oficial que permitía a los investigadores de Heritage trabajar en Budapest como docentes invitados y copresidir eventos organizados de forma conjunta.

Dos años después, en septiembre de 2025, la Heritage Foundation acogió la 5.ª Cumbre Geopolítica en Budapest, en colaboración con el Danube Institute. Miembros del personal de Heritage, incluidos James Jay Carafano y Eugene Kontorovich, abordaron temas como la política energética, la «irrelevancia» de las instituciones internacionales y la migración, bajo la pregunta: «¿Pueden las naciones elegir a sus miembros?».

La actividad de Heritage en el Parlamento Europeo ha aumentado. Solo en los últimos 12 meses, el grupo mantuvo siete reuniones con eurodiputados, frente a una sola en los cinco años anteriores, según los registros a los que tuvo acceso Politico.

La organización de Roberts también ha promovido su agenda pronatalista en Europa. En octubre de 2025, el grupo participó en una conferencia en Italia que giró en torno a la crisis demográfica de Europa y a la idea de que la disminución de las tasas de natalidad amenaza a la civilización occidental. Entre los ponentes se encontraba la ministra de Familia de Italia, Eugenia Roccella, del Gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni.

Aparte de Europa, la Heritage Foundation también ha ampliado su alcance internacional por toda África. La organización copatrocinó el Foro de Profesionales Cristianos de África (ACPF). En 2025, el ACPF celebró su segunda Conferencia Panafricana en Nairobi (Kenia), que reunió a políticos y organizaciones de extrema derecha de África, Estados Unidos y Europa para denunciar la educación sexual, atacar los derechos reproductivos y promover una visión conservadora de la familia.

Cuatro años antes, también en Kenia, Heritage auspició un acto paralelo durante la Cumbre de Nairobi del Fondo de Población de las Naciones Unidas para conmemorar el 25.º aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. El evento, titulado «Protección de la vida en las políticas sanitarias mundiales», contó con representantes de Estados Unidos, Brasil, Hungría, Polonia, Kenia y la Santa Sede. Heritage, ahora dirigida por Roberts, criticó las «iniciativas» de los «grupos de expertos internacionales» para «promover el aborto».

En América Latina, Heritage ha respaldado al presidente de extrema derecha de Argentina, Javier Milei, y al líder autoritario de El Salvador, Nayib Bukele. La retórica de Milei refleja la agenda antimujer y anti-LGBTQ+ que caracteriza al Proyecto 2025. Se ha opuesto repetidamente a la igualdad de las mujeres en el país e incluso ha comparado la homosexualidad con tener relaciones sexuales con animales.

Roberts se reunió con Milei en Buenos Aires en marzo de 2025 y, después de que el partido del presidente ganara las elecciones de mitad de período en octubre de 2025, el líder de Heritage celebró el resultado, calificándolo de «una edad de oro para la gente normal de Estados Unidos, Argentina y cada vez más países de Europa».

Este laboratorio de ideas conservador también ha elogiado las políticas de seguridad autoritarias de Bukele en El Salvador, que se pusieron en marcha con el pretexto de combatir la delincuencia de las pandillas. En un artículo de su sitio web, el analista principal de políticas, Andrés Martínez-Fernández, elogió las campañas policiales y militares de Bukele y afirmó que «los resultados han sido excepcionales». Sin embargo, no mencionó las detenciones arbitrarias masivas ni las violaciones sistemáticas de los derechos humanos denunciadas por los grupos de derechos humanos.

Institute for Women’s Health (IWH)*
Washington, D.C.

La finalidad de la organización es defender y ampliar el alcance internacional de la Declaración del Consenso de Ginebra (GCD), contraria a los derechos de las mujeres y anti-LGTBQ+. La declaración afirma que «no existe un derecho internacional al aborto» y recibió el respaldo de la Administración Trump en su primer mandato. Varios regímenes autoritarios han ratificado la GCD, incluidos Hungría, Arabia Saudí, Rusia y Sudán.

Fundado en 2021 por Valerie Huber, el IWH ha desempeñado un papel fundamental en la expansión mundial de la GCD. Antes de fundar la organización, Huber fue representante especial de Estados Unidos para la Salud Mundial de la Mujer durante el primer mandato de Trump. Bajo su liderazgo, el instituto ha atraído a nuevos países signatarios, incluso después de que la Administración Biden se retirara de la declaración.

Se ha convertido en una voz internacional destacada de la campaña para revertir los derechos reproductivos en todo el mundo. A través del instituto, ha promovido la implantación de la ideología de la GCD en algunos países signatarios. En Uganda, Burundi y Guatemala, su organización se alió con los gobiernos para introducir el programa Protego, que promueve la agenda de la declaración mediante iniciativas de educación y salud pública.

Leadership Institute (LI)*
Arlington, Virginia

Fundada en 1979 por Morton C. Blackwell, la organización tiene la misión de «aumentar el número y la eficacia de los activistas y líderes conservadores en el proceso de las políticas públicas». En consonancia con las aspiraciones internacionales del Proyecto 2025, el LI se ha aliado con grupos extremistas en el extranjero y colabora con organizaciones anti-LGBTQ+ y contrarias a los derechos de las mujeres. En Europa, han trabajado con CitizenGO para ofrecer orientación en materia de recaudación de fondos. Por su parte, el presidente de CitizenGO, Ignacio Arsuaga, participó en una sesión del LI en Jerusalén en 2023.

En los programas de formación del Instituto ha participado también Samuel Ángel, un activista colombiano contrario a los derechos reproductivos. En 2021, Ángel incitó al acoso en línea contra los jueces del Tribunal Constitucional de Colombia que estaban deliberando sobre la despenalización completa del aborto, aunque no se presentaron cargos. Al final, el tribunal aprobó la sentencia.

Los miembros del LI también han participado en actos internacionales de extrema derecha junto con representantes de la ADF, cuando se denominaba Alliance Defense Fund. Su participación en el Congreso Mundial de Familias (CMF), uno de los eventos más influyentes respecto a la promoción de agendas antimujer y anti-LGBTQ+ en todo el mundo, ilustra las conexiones transnacionales entre las organizaciones antiderechos a escala mundial.

En la conferencia del CMF de 2012 en España, Miguel Moreno, que entonces era el director de Formación Internacional del LI, se pronunció en contra de las familias diversas y homoparentales. Argumentó que “los niños corren un peligro tremendo si los adoptan familias que no se ajustan a lo que entendemos como familia natural”.

Turning Point USA (TPUSA)
Indianapolis, Indiana

TPUSA fue fundada en 2012 por Charlie Kirk, un comentarista nacionalista cristiano y ferviente partidario del Proyecto 2025, a quien asesinaron el 10 de septiembre de 2025. En repetidas ocasiones hizo afirmaciones racistas, sexistas y extremistas ante su público

Sus opiniones solían reflejar una intolerancia manifiesta. Según Kirk, “la diversidad, la equidad y la inclusión son racismo institucionalizado” y “el papel de la mujer es apoyar al hombre”. Ni siquiera nombres históricos de la lucha por los derechos civiles estaban exentos de su retórica extremista. Calificó a Martin Luther King Jr. de “horrible” y dijo que “no era una buena persona”. En cuanto a la raza, promovía el discurso del odio: “Pasa constantemente en las ciudades de Estados Unidos, los negros se divierten yendo por la calle y atacando a los blancos”. También cuestionó la competencia de los profesionales negros: “Si veo a un piloto negro, voy a pensar: Bueno, espero que esté cualificado”».

Tras el asesinato de Kirk, su viuda, Erika Kirk, se hizo cargo de la organización. Se ha descrito a TPUSA como la «sección juvenil MAGA» del movimiento conservador. Adoctrina a jóvenes conservadores en un marco ideológico que presenta la democracia como una guerra espiritual.

Con el tiempo, Kirk pasó de ser un activista conservador laico a convertirse en un defensor teológico del dominio cristiano. Adoptó «El mandato de las siete montañas» de la Nueva Reforma Apostólica (NRA), que llama al control cristiano sobre siete ámbitos de la sociedad: el Gobierno, la educación, la religión, la familia, las empresas, los medios de comunicación y el entretenimiento. Bajo su liderazgo, TPUSA se convirtió en una red influyente sustentada por tales principios. Asimismo, suscitó acusaciones de estafa por parte de antiguos empleados que vieron, según dicen, cómo figuras prominentes de la NRA se llenaban los bolsillos en los actos de TPUSA.

Antes de su muerte, Kirk había empezado a ampliar su influencia en el extranjero participando en eventos en Japón y Corea del Sur. En 2019, la organización lanzó una filial internacional, Turning Point UK (TPUK), que tenía como objetivo «cuestionar los sesgos izquierdistas en nuestras instituciones y en la sociedad en general». Del mismo modo que la matriz estadounidense, TPUK ha instado a los estudiantes a denunciar a los profesores por supuestos «sesgos políticos». En Estados Unidos, estas tácticas han dado lugar a amenazas de muerte y violación contra académicos y sus familias.

TPUK arrancó con el apoyo económico de John Mappin, un millonario propietario de hoteles y miembro de la cienciología. Según diversas informaciones, Mappin apoya la teoría de la conspiración antisemita y de extrema derecha QAnon, que afirma que el llamado «Estado profundo», los demócratas y prominentes figuras judías, como el filántropo George Soros, están implicados en operaciones secretas de tráfico de niños.

World Congress of Families (WCF) / International Organization for the Family (IOF)
Rockford, Illinois

El CMF es un foro que durante mucho tiempo ha sido una de las mayores congregaciones de activistas anti-LGBTQ+, antiaborto y nacionalistas cristianos del mundo. El CMF es un proyecto de la International Organization for the Family (IOF), de corte anti-LGBTQ+, y se fundó durante una reunión celebrada en Rusia en 1997 por dos sociólogos rusos de la Universidad Estatal de Moscú, Anatoly Antonov y Viktor Medkov, junto con Allan Carlson, antiguo funcionario de la Administración Reagan.

Hasta la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, el evento contaba regularmente con ponentes con estrechos vínculos con grupos pro-Kremlin. También ha contado con ponentes contrarios a los derechos de las mujeres y anti-LGBTQ+ de América, África y Europa, así como con figuras políticas de extrema derecha como la eurodiputada francesa Marion Maréchal Le Pen; el italiano Matteo Salvini, líder del partido antiinmigración Lega; la primera ministra italiana Giorgia Meloni; y el primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Brian Brown, actual presidente de la International Organization for the Family, apoya la persecución de las personas LGBTQ+ en Rusia por parte de Putin y suele comparar la homosexualidad con la pedofilia. Brown viaja por todo el mundo haciendo campaña contra los derechos LGBTQ+. En los últimos meses, se ha convertido en uno de los principales promotores de las opacas conferencias «Make Europe Great Again» (MEGA) y ha asistido a encuentros en Rumanía, Croacia y Moldavia. En este último caso, las autoridades moldavas le negaron la entrada en un primer momento, pero más tarde se le permitió participar, según se ha sabido, gracias a la mediación de EE. UU. El Servicio de Información y Seguridad (SIS) del país advirtió de que MEGA formaba «parte de un espectro más amplio de acciones híbridas emprendidas por Rusia en el territorio de la República de Moldavia».

En diciembre de 2024, las autoridades estadounidenses acusaron formalmente al representante ruso del CMF, Alexey Komov, de «conspiración» por su papel “en un plan multifacético para violar y eludir las sanciones estadounidenses impuestas a un importante financiador [Konstantin Malofeev] de la agresión rusa a Ucrania”.

Africa Christian Professionals Forum (ACPF)
Nairobi, Kenya

El ACPF es una organización contraria a los derechos de las mujeres y anti-LGBTQ+ que se presenta como una plataforma de «profesionales cristianos de diferentes denominaciones cristianas que comparten valores comunes sobre la vida, la familia, la buena gobernanza, la educación basada en valores y la libertad religiosa». Fundado en 2020, el ACPF es la filial regional de su organización matriz, el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia.

El ACPF organizó la Conferencia Panafricana sobre Valores Familiares de Nairobi en mayo de 2025, que reunió a algunas de las organizaciones antiderechos más influyentes de Estados Unidos, África y Europa. Al concluir el evento, el grupo emitió una declaración conjunta en la que calificaba la «promoción de la educación sexual integral» y la «defensa de las ideologías de identidad de género» como «cuestiones muy preocupantes».

En la última edición de la Conferencia Panafricana, entre los oradores hubo representantes de importantes organizaciones estadounidenses como el Family Research Council, Family Watch International, el Center for Family and Human Rights, la Alliance Defending Freedom International (ADFI) y The Institute for Women’s Health (IWH). La representación europea la encabezaron grupos como Ordo Iuris (Polonia) o Christian Council International (Países Bajos).

El programa también contó con destacados opositores locales a los derechos LGBTQ+, como el diputado keniano Peter Kaluma, que ha abogado por la cárcel y la cadena perpetua para las personas LGBTQ+. Durante el acto, Kaluma celebró la elección de Donald Trump como presidente de EE. UU. “Esperamos que más republicanos ganen en futuras elecciones”, dijo.

A pesar de su empeño por presentarse como una plataforma con raíces locales, el sitio web del ACPF menciona cuatro organizaciones aliadas, todas ellas de Estados Unidos: el Family Research Council, la Heritage Foundation, The Institute for Women’s Health y Family Watch International. Las tres primeras forman parte de la Junta Asesora del Proyecto 2025. La próxima Conferencia Panafricana está prevista para 2027 en Sudáfrica.

Alapjogokért Központ – Center for Fundamental Rights (CFR)
Budapest, Hungary; Madrid, Spain

El Centro de Derechos Fundamentales (CFR, por sus siglas en inglés), fundado en Budapest en 2013, funciona como organización de propaganda para el régimen del primer ministro húngaro Viktor Orbán y opera bajo el lema «Dios, Patria, Familia». Desde 2022, su proyecto insignia ha sido la organización de la primera Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Europa.

La organización ha trabajado para ampliar su red y reforzar los lazos con organizaciones internacionales de extrema derecha mediante la organización de visitas, reuniones y talleres con entidades aliadas. En 2024, el CFR abrió una oficina en Madrid para fortalecer su red en América Latina. Políticos y activistas de Estados Unidos, Perú, Chile, México, Venezuela y Colombia han visitado las oficinas del laboratorio de ideas de extrema derecha de Orbán en Madrid y Budapest.

Apenas unos días después de la inauguración de la oficina española, en marzo de 2024, los representantes del CFR participaron en una mesa redonda en Madrid sobre el futuro de la comunidad atlántica, es decir, los países europeos, norteamericanos y latinoamericanos. El evento fue organizado conjuntamente con la Heritage Foundation, el grupo estadounidense que auspició el plan autoritario del Proyecto 2025 que ahora Trump está llevando a la práctica.

En consonancia con una reorientación más amplia de sus prioridades para seguir la agenda de política exterior de Trump, que ha incluido el cierre de la USAID, el CFR publicó un informe en julio de 2025 en el que se mostraba contrario a la ayuda al desarrollo de la Unión Europea y a su financiación a las ONG latinoamericanas. El documento afirmaba que «grupos activistas de extrema izquierda» habían recibido «sumas multimillonarias» en ámbitos como los derechos LGBTQ+, el feminismo, la salud sexual y reproductiva, el indigenismo, la migración y la «antidesinformación». Se acusaba a Bruselas de financiar organizaciones «woke» sin ánimo de lucro.

Asociación la Familia Importa (Family Matters Association, AFI)
Guatemala City, Guatemala

Fundada en 2013, la AFI es una organización guatemalteca que se opone a los derechos sexuales y reproductivos y a los derechos LGBTQ+. Aunque opera solo en Guatemala, colabora con actores antiderechos transnacionales, como Political Networks for Values, la ADFI y el IWH.

Guatemala es uno de los tres países de la región que adoptaron la Declaración del Consenso de Ginebra promovida por Valerie Huber, una activista contraria a los derechos de las mujeres y antigua miembro de la Administración Trump. Huber asistió a la ratificación de la DCG por parte del país en octubre de 2021, con el auspicio del entonces presidente Alejandro Giammattei, a quien más tarde se le prohibió la entrada a Estados Unidos debido a la «importante corrupción» que se le atribuía. Una de las fundadoras de AFI, Sandy Recinos, trabajaba para el Gobierno de Giammattei en el momento en que se ratificó la GCD.

Huber y la directora ejecutiva de la AFI, Ligia Briz, han aparecido juntas en varias ocasiones, como por ejemplo en el quinto aniversario de la GCD en Washington, en octubre de 2025. Apenas un mes antes, participaron en una conferencia organizada por la AFI y PNfV en el Congreso nacional de Guatemala, donde intervinieron, entre otros, Julio Pohl, asesor jurídico de la ADFI en América Latina, y Rodrigo Iván Cortés, vicepresidente de PNfV y fundador del Frente Nacional por la Familia de México. Briz también había participado en el cuarto aniversario de la GCD en Washington, en 2024, donde se reunió con Roger Severino, vicepresidente de Política Nacional de la Heritage Foundation y uno de los ideólogos del Proyecto 2025.

La AFI es un grupo lobista en Guatemala. En 2017, se opuso a un proyecto de ley cuya finalidad era abordar la violencia sexual contra las niñas garantizando la asistencia, la reparación y el acceso al aborto. Según datos de UNICEF publicados en 2016, Guatemala registraba 23 casos de abuso sexual contra niñas o adolescentes al día. La AFI rechazó la propuesta, alegando que amenazaba el «derecho fundamental a la vida». Finalmente, el proyecto de ley se archivó.

En 2020, la AFI presionó al Gobierno para evitar que Planned Parenthood, una organización estadounidense que promueve la salud sexual y reproductiva, abriera una oficina en Guatemala. Aunque el Gobierno había dado el visto bueno a la oficina, el entonces presidente Giammattei revocó la decisión.

CitizenGO / HazteOir
Madrid, Spain; Na, Kenya; Arlington, Virginia, U.S.

CitizenGO es una organización anti-LGBTQ+ fundada en 2013 a modo de extensión internacional de la plataforma española HazteOír, de similar corte. Algunos de los miembros de esta última han estado vinculados a la secta secreta fascista mexicana El Yunque, una conexión confirmada por una sentencia de un tribunal español.

La organización opera principalmente mediante peticiones en línea, pero también lleva a cabo campañas agresivas fuera de Internet. Han llevado a cabo protestas frente a clínicas abortivas en Madrid, han organizado vigilias de oración y han enviado a los legisladores fetos de juguete cubiertos de un líquido rojo que simula la sangre.

Del mismo modo, CitizenGO ha promovido las llamadas «terapias de conversión», la peligrosa práctica de intentar cambiar la orientación o la identidad sexuales que un relator especial de la ONU ha calificado de tortura y que está prohibida en docenas de países. Para justificar dichas prácticas, utilizan «datos» del Family Research Council estadounidense, una entidad anti-LGBTQ+ y contraria de los derechos de las mujeres que respalda el Proyecto 2025, para afirmar que el cambio de orientación sexual «no solo es posible, sino también muy natural entre las personas LGBT».

La retórica antitrans de CitizenGO ha sido particularmente virulenta y se ha hecho tristemente célebre por los autobuses cubiertos de mensajes transfóbicos. En África, han liderado campañas contra la salud reproductiva. Entre 2020 y 2021, la Fundación Mozilla destapó la participación de CitizenGO en una campaña de desinformación en X (anteriormente conocida como Twitter) contra dos leyes kenianas: el Proyecto de Ley de Salud Reproductiva de 2019 y el Proyecto de Ley de Tecnología de Reproducción Asistida de 2019. Dichos proyectos de ley tenían como objetivo prohibir la esterilización coercitiva, brindar servicios prenatales y posnatales gratuitos a todas las mujeres y desarrollar pautas para la reproducción asistida.

Ann Kioko, que dirigió las campañas africanas de CitizenGO hasta septiembre de 2025, participó junto con Valerie Huber (IWH) y Rebeca Oas, directora de Investigación del Center for Family and Human Rights (C-Fam), y también asesora de Project 2025, en una ponencia de la Heritage Foundation de 2020 sobre «Los fracasos del feminismo radical en las Naciones Unidas».

Fundada por el español Ignacio Arsuaga, que presidió el Congreso Mundial de Familias de Madrid de 2012, CitizenGO sigue profundamente vinculada a la International Organization for the Family (IOF), la organización paraguas que está detrás del Congreso Mundial de Familias, de cuya Junta Directiva Arsuaga es miembro.

CitizenGO gestiona desde 2022 una filial en EE. UU., registrada en Arlington, Virginia. Los registros fiscales muestran que Arsuaga es presidente de la entidad estadounidense y recibió 112 620 $ en concepto de remuneración por dicho cargo durante el año fiscal 2024. Ese año, la organización declaró que había llevado a cabo «20 campañas independientes para promover los derechos humanos, los valores familiares y cuestiones similares». En la práctica, dichas campañas incluyeron peticiones en línea contra los derechos de los menores transgénero, presiones a Netflix para que eliminara a los personajes LGBTQ+ de los programas infantiles y apoyo a las posturas contra el aborto en la Convención Nacional Republicana.

Danube Institute
Budapest, Hungary

Este instituto forma parte del brazo propagandístico del régimen de Orbán en el extranjero. Fundado en 2013 por el Estado húngaro a través de la Fundación Batthyány Lajos, su misión promueve, según afirman, la «tradición liberal clásica» en economía, el «atlanticismo realista» y la defensa del conservadurismo.

En la práctica, opera como un laboratorio de ideas favorable a la agenda antiderechos y antimujer de Orbán y establece lazos con aliados internacionales, lo que incluye un acuerdo de cooperación con la Heritage Foundation firmado en 2023. Desde entonces, ambas instituciones han acogido conjuntamente la Cumbre Geopolítica en Budapest.

En la edición más reciente, celebrada en septiembre de 2025, Robert Palladino, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Hungría, participó en el acto y refrendó el vínculo entre Washington y Budapest al afirmar que «somos aliados porque compartimos una convicción: la soberanía, la fe, la familia y la cultura no están anticuadas. Son oxígeno».

El instituto ha tenido como ponentes invitados a figuras de extrema derecha estadounidenses, lo que ilustra su condición de canal entre las ideas de Trump y las de Orbán. En 2024, invitaron a Melissa Ford, que en aquel momento era investigadora principal de la Texas Public Policy Foundation, un grupo vinculado al Proyecto 2025. Ahora, Ford dirige la Western Hemisphere Initiative en el America First Policy Institute. También invitaron a Arthur Milikh, director ejecutivo del Center for the American Way of Life del Claremont Institute, otro promotor del Proyecto 2025. Asimismo, el instituto tiene en nómina al bloguero estadounidense de derechas Rod Dreher, director del Network Project en el Danube Institute y conocido por ser uno de los amigos más antiguos del vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, a quien asesora.

Frente Nacional por la Familia (National Front for the Family, FNF)
Mexico; Chicago, Illinois

El FNF es una asociación civil católica de extrema derecha y anti-LGBTQ+ fundada en México y activa en todo el país. Cuenta con una delegación en Chicago (EE. UU.). Se creó en 2016 en respuesta a la iniciativa del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de parejas casadas del mismo sexo.

El fundador y líder del grupo, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, es vicepresidente de la organización transnacional anti-LGBTQ+ Political Networks for Values y un actor destacado dentro del ecosistema global de organizaciones y eventos antiderechos. Ha participado en varias ediciones del Congreso Mundial de Familias, incluido el encuentro de 2022 celebrado en México y el evento de 2015 de Salt Lake City (EE. UU.).

Además, Cortés Jiménez ha gozado del apoyo de la ADFI en un caso judicial. Después de que lo condenaran por violencia política de género contra la congresista transgénero mexicana Salma Luévano, la ADFI lo representó en su apelación, que no prosperó, y más tarde llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su nombre. En el momento de redactar el presente informe, el caso está aún pendiente de resolución.

El FNF apoya el acceso a la muy desacreditada práctica de la terapia de conversión, el proceso de cambiar la orientación o la identidad sexuales que un relator especial de la ONU ha calificado de tortura. Cuando la terapia de conversión se prohibió en la Ciudad de México en 2020, el grupo denunció la medida. “Hoy es un día lamentable para el estado de México, ya que se ha aprobado una ley que estigmatizará a quienes quieren tratar la disforia de género e impedirá su labor, con lo que se pretende, además, descalificar la dimensión sexual biológica natural y que incluso abre la puerta al encarcelamiento de padres, pastores y expertos que apliquen terapia o asesoramiento en esta materia”, argumentó la FNF.

Global Center for Human Rights (GCHR)
Washington, D.C.; Geneva, Switzerland

Fundado en 2021 y con sede en Washington, D. C., el GCHR opera principalmente en América Latina, donde promueve una agenda nacionalista cristiana y contraria a los derechos de las mujeres. La organización pretende «construir y consolidar una nueva generación de líderes comprometidos con la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa y la democracia». Además, toma parte en litigios estratégicos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En marzo de 2026, el grupo anunció sus planes de abrir una nueva oficina en Ginebra (Suiza) para hacer campaña en la sede de las Naciones Unidas.

El GCHR lo dirige Sebastián Schuff, un abogado argentino que fundó Prodeci en 2010, una organización similar a la estadounidense Alliance Defending Freedom y dedicada a «defender el derecho a la vida, la libertad religiosa y los derechos de la familia». Dicha organización participó en litigios estratégicos en Argentina. Schuff apoya al presidente argentino de extrema derecha Javier Milei. En 2024, el GCHR organizó un acto en la Cámara de Diputados al que asistieron miembros del partido político de Milei.

La esposa de Schuff, Neydy Casillas, abogada mexicana, es vicepresidenta de Asuntos Internacionales. Casillas había ocupado el mismo cargo en Concerned Women for America, una organización estadounidense antiderechos y signataria del Proyecto 2025 que se propone introducir los valores bíblicos en las políticas gubernamentales. También ejerció de asesora jurídica principal en la Alliance Defending Freedom International, una organización estadounidense clave en una poderosa red internacional dedicada a revertir los derechos de las mujeres y el colectivo LGBTQ+.

El GCHR tomó parte en el importante caso regional de Beatriz y otros contra El Salvador. En 2024, la CIDH dictaminó que El Salvador era responsable de la violencia obstétrica que sufrió Beatriz y de violar su derecho a la salud.

En 2013, Beatriz, una joven salvadoreña, tuvo un embarazo que suponía un grave riesgo para su vida. Para más inri, el feto no era viable. Solicitó un aborto a las doce semanas, pero la prohibición total del aborto en El Salvador dio lugar a meses de retraso, ya que los médicos temían que los procesaran. Finalmente, a las 26 semanas de embarazo, se le practicó una cesárea. El bebé murió cinco horas después de nacer. Beatriz murió en 2017 por complicaciones tras un accidente de tráfico. El tribunal no halló ninguna relación entre su muerte y su embarazo.

El GCHR asesoró al Gobierno de El Salvador durante las audiencias celebradas en marzo de 2023 en la sede de la CIDH de San José, Costa Rica. Según la prensa local, Schuff y María Anne Quiroga, directora de Investigación del GCHR, estuvieron presentes en la sala del tribunal como parte del equipo de asesoría jurídica del Estado salvadoreño.

Con el objetivo de influir tanto en la decisión del tribunal como en la opinión pública, el GCHR creó un sitio web para desacreditar el caso, a los jueces y a las organizaciones que apoyaban a Beatriz y a su familia. En el sitio se aludía a varias organizaciones de derechos reproductivos y fundaciones filantrópicas como supuestos donantes de la CIDH, lo que sugería que el tribunal no era independiente. La presidenta del tribunal, la jueza Nancy Hernández, rechazó dichas acusaciones.

En diciembre de 2022, el GCHR lanzó la campaña «No Next Roe» («Ningún Roe más»), en la que se argumentaba que el caso Beatriz contra El Salvador «podría convertirse en el Roe contra Wade de toda América Latina», en referencia a la histórica sentencia estadounidense que garantizó el acceso al aborto desde 1973 hasta 2022, año en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos la revocó. La campaña pedía, además, una «generosa donación» a la organización para ayudar a que «no hubiera más Roe».

Ordo Iuris Institute for Legal Culture (OI)
Warsaw, Poland; Brussels, Belgium; New York, U.S.; Zagreb, Croatia; Arusha, Tanzania

Fundado en Polonia en 2013, OI es un laboratorio de ideas de extrema derecha que se ocupa de cuestiones jurídicas y lleva a cabo campañas para defender en los tribunales sus posturas anti-LGBTQ+ y sus políticas contrarias a los derechos de las mujeres. En Europa del Este, la organización se ha convertido en una pieza clave para promover litigios estratégicos antiderechos.

OI tiene fuertes vínculos con el partido populista de extrema derecha polaco PiS (Ley y Justicia), así como conexiones con el partido aún más extremista Konfederacja Wolność i Niepodległość (Confederación Libertad e Independencia), calificado por el Centro sobre Extremismo de la Universidad de Oslo como «una amalgama de diversos actores de extrema derecha» cuyas creencias incluyen transformar Polonia en una «etnocracia que encarne una nación mitificada y culturalmente homogénea construida en torno a principios católico-tradicionalistas».

Su influencia se ha hecho sentir a escala local y nacional. Desde 2019, decenas de municipios, condados y regiones de Polonia han promovido lo que denominan zonas «sin ideología LGBTQ+». Muchas de estas resoluciones siguen un modelo elaborado por Ordo Iuris, conocido como «Carta de los Derechos de la Familia». El objetivo principal del documento es «la protección» del matrimonio y la familia, ambos definidos de manera que excluyen a las personas LGBTQ+. La familia se presenta como una unión basada en «la maternidad y la paternidad». Dicha iniciativa ha recibido el apoyo de grupos internacionales antiderechos como CitizenGO y la International Organization for the Family.

En respuesta a tales medidas, la Unión Europea advirtió a través de la Comisión Europea de que los gobiernos locales que aplicasen semejantes declaraciones discriminatorias corrían el riesgo de perder los fondos de la UE. Las resoluciones se derogaron gradualmente y, en 2025, se habían retirado las últimas declaraciones que aún estaban vigentes.

OI ha desempeñado, además, un papel fundamental en el empeño por restringir los derechos reproductivos. En 2016, sus abogados redactaron un proyecto de ley que pretendía prohibir el aborto en Polonia en casi todas las circunstancias, ampliando la prohibición a los casos de violación e incesto e introduciendo penas de prisión de hasta cinco años. Finalmente, el Parlamento retiró la propuesta tras una huelga nacional y protestas multitudinarias. Sin embargo, en 2020, el Tribunal Constitucional polaco, en el que abundaban los jueces leales al PiS, anuló los fundamentos jurídicos para el aborto en casos de malformación del feto, lo que dio lugar a una prohibición casi total del procedimiento.

Aprovechando su influencia en Polonia, la organización ha ampliado su presencia en toda Europa del Este, lo que incluye actividades en Croacia. Asimismo, OI ha ampliado su presencia internacional: ha abierto una oficina en Bruselas para influir en las instituciones de la UE y ha creado una entidad sin ánimo de lucro en Nueva York bajo la denominación Ordo Iuris International Foundation. Siguiendo la estela reciente de grupos estadounidenses antimujer y anti-LGBTQ+, OI anunció en mayo de 2025 la creación de una nueva filial en Arusha (Tanzania), donde tiene su sede la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). Según la organización, esta oficina tiene como objetivo «apoyar a las ONG africanas» en su trabajo ante «organizaciones supranacionales como la ONU, la OMS y la CADHP».

Political Network for Values (PNfV)
Madrid, Spain; Frisco, Texas, (U.S.)

PNfV es una plataforma lobista transnacional que conecta a elementos y organizaciones de extrema derecha de todo el mundo. Promueve una agenda cristiana conservadora que se opone a los derechos LGBTQ+, la autonomía corporal de las mujeres y la eutanasia, al tiempo que defiende un modelo de familia tradicional.

La organización es profundamente antiabortista. En su manifiesto ideológico, afirma que «la eutanasia, al igual que el aborto, no puede considerarse un derecho». Como parte de su agenda antiderechos más amplia, PNfV también rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que sostiene que «el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer donde cada uno contribuye de manera diferente pero complementaria al proceso de formar una familia».

En su Cumbre Transatlántica de 2024 en Madrid, el grupo invitó al diputado keniano Peter Kaluma, conocido por estar a favor de la cadena perpetua para las personas LGBTQ+. Más tarde, su nombre se eliminó del programa tras suscitar reacciones negativas.

El actual presidente de PNfV es Stephen Bartulica, un eurodiputado croata del partido de extrema derecha Dom i Nacionalno Okupljanje (Hogar y Asamblea Nacional, DOMiNO) y miembro del movimiento católico de extrema derecha Opus Dei. El vicepresidente de la red, Rodrigo Iván Cortés, fundador del Frente Nacional por la Familia de México, fue condenado por violencia política de género contra la congresista transgénero mexicana Salma Luévano.

PNfV mantiene estrechos vínculos con el régimen autoritario de Hungría. En 2019, el Gobierno de Orbán hizo una donación a la organización. La exministra húngara de Familia, Katalin Novák, presidió la red hasta 2022, año en que se convirtió en presidenta de Hungría. Fue destituida en 2024, tras un escándalo relacionado con un indulto vinculado a supuestos casos de pedofilia. Entre 2022 y 2024, PNfV estuvo dirigido por José Antonio Kast, el recién elegido presidente chileno y político de extrema derecha que defendió abiertamente el legado del dictador chileno Augusto Pinochet.

La plataforma, dirigida por Bartulica, reúne en su Junta Directiva a varios actores favorables a la agenda del Proyecto 2025 a escala internacional, incluidos Sharon Slater (presidenta de Family Watch International) y Brian Brown (presidente de la International Organization for the Family y del Congreso Mundial de Familias). Valerie Huber, directora de The Institute for Women’s Health, es también una oradora habitual en los actos de la PNfV. Entre los aliados para su encuentro en el Parlamento Europeo de febrero de 2026 se encontraban la Heritage Foundation y la ADFI.

El modelo Bukele: seguridad, espectáculo y represión

Desde que Nayib Bukele asumió el cargo de presidente de El Salvador en 2019, ha consolidado su poder a través de un modelo basado en la seguridad que debilita las instituciones democráticas, socava el pluralismo y restringe derechos fundamentales. Semejante enfoque autoritario, presentado como una respuesta eficaz a la delincuencia, le ha granjeado la admiración dentro de la Administración Trump y del ecosistema MAGA en general, incluida la Heritage Foundation de Estados Unidos, que auspició el Proyecto 2025.

Paralelamente, Bukele se ha hecho eco de las prioridades políticas asociadas al Proyecto 2025, entre las que se incluyen la oposición a las iniciativas en materia de diversidad, las restricciones a los derechos LGBTQ+ y el mantenimiento de la prohibición total del aborto.

Tales dinámicas han cristalizado bajo el estado de emergencia de El Salvador, que se instauró en marzo de 2022. Esta medida extraordinaria se introdujo en respuesta a un incremento de la violencia de las pandillas. Según el Índice 2025 de Freedom House, el país está clasificado como «parcialmente libre», con una puntuación de 53 sobre 100 en derechos políticos y libertades civiles.

El decreto de emergencia permite a las autoridades llevar a cabo arrestos sin los debidos procesos judiciales, un marco que ha permitido la detención de más de 83 000 personas, miles de ellas arbitrariamente, según datos de Amnistía Internacional. En consecuencia, se ha detenido a más del uno por ciento de la población de El Salvador, la proporción más alta del mundo, según el World Prison Brief.

En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un informe de que no estaba justificado que se continuara con los poderes de emergencia y citaba las «estadísticas facilitadas por el Estado sobre las mejoras en la seguridad ciudadana». Sin embargo, el Gobierno de Bukele ignoró el llamamiento. En diciembre de 2025, el país aprobó la 46.ª prórroga del estado de excepción, con lo que estableció el régimen de emergencia como instrumento de gobierno.

Una alianza cada vez más estrecha entre Trump y Bukele

A medida que Bukele consolidaba el régimen de emergencia en su país, Estados Unidos cambió su postura sobre El Salvador bajo el liderazgo de Trump. Los informes de derechos humanos del Departamento de Estado pasaron de reconocer «problemas graves de derechos humanos» en 2023 a afirmar que «no había datos creíbles de violaciones graves de los derechos humanos» bajo el Gobierno de Bukele en 2024. Este cambio de parecer contradice las conclusiones de las organizaciones de derechos humanos.

Solo tres días después de su toma de posesión en enero de 2025, Trump elogió públicamente el «liderazgo en la región» de Bukele y presentó al presidente salvadoreño como un «ejemplo» para «otras naciones del hemisferio occidental».

Como parte del fortalecimiento de su alianza, Estados Unidos y El Salvador firmaron un controvertido acuerdo en marzo de 2025 en virtud del cual el Gobierno de Bukele recibió aproximadamente 5 millones de dólares a cambio de retener a más de 200 migrantes deportados de EE. UU. en la prisión de máxima seguridad de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La mayoría de los trasladados eran venezolanos, tildados por las autoridades estadounidenses de pandilleros y terroristas para justificar su deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial por Trump. Todo ello a pesar de que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales en Estados Unidos ni en América Latina.

Exportación de una agenda contraria a los derechos de las mujeres mediante políticas de deportación

La influencia del Proyecto 2025 se puso de manifiesto en el acuerdo con el El Salvador. Dicho acuerdo impedía el uso de fondos estadounidenses para servicios relacionados con el aborto y prohibía los programas que promovieran la diversidad, la equidad y la inclusión, lo cual reflejaba la determinación del Proyecto 2025 de eliminar de las leyes y normativas federales estadounidenses las referencias a la orientación sexual, la identidad de género, la diversidad y la inclusión. Al mismo tiempo, el acuerdo no imponía ninguna salvaguardia vinculante para proteger los derechos de los detenidos.

Las organizaciones de derechos humanos han documentado las consecuencias de la alianza entre Estados Unidos y El Salvador. Tras entrevistar a decenas de venezolanos deportados de EE. UU. y retenidos en el CECOT, los investigadores registraron repetidas palizas, violencia sexual, encarcelación prolongada en régimen de incomunicación y alimentación inadecuada. Según Human Rights Watch y Cristosal, una organización salvadoreña de derechos humanos, varias de estas prácticas constituyen tortura en virtud de la legislación internacional de derechos humanos.

A pesar de las pruebas bien documentadas de violaciones de los derechos humanos en las prisiones de El Salvador, Trump elogió el sistema de encarcelamiento del país durante su reunión en el Despacho Oval con Bukele y calificó las instalaciones de “excelentes”.

El régimen de Bukele y el ecosistema MAGA

Tras su primera victoria en las elecciones presidenciales, Bukele actuó con rapidez para marcar el rumbo de sus alianzas internacionales. Después de ganar las elecciones de El Salvador de febrero de 2019, su primer discurso no lo pronunció allí, sino en Washington, D. C., donde habló para la Heritage Foundation, la artífice del Proyecto 2025.

Bukele elogió a la institución y la calificó como «el grupo de expertos más influyente del mundo». Afirmó, además, que El Salvador necesitaba su apoyo. Dicha maniobra puso de relieve la importancia que su Gobierno daba a las redes afines a MAGA y a los grupos que respaldaban el Proyecto 2025.

Al elogiar abiertamente sus políticas represivas, su enfoque autoritario y sus mensajes basados en la desinformación, Bukele se ha posicionado como una figura admirada por los principales líderes de MAGA. Elon Musk lo ha calificado de “líder increíble” y ha difundido los anuncios de Bukele en X. El secretario de Estado Marco Rubio visitó El Salvador en 2023, cuando era senador de EE. UU. por Florida. Más tarde, Rubio publicó un artículo en el que elogiaba la campaña de Bukele contra la violencia de las pandillas.

El atractivo de Bukele también se ha extendido a los ecosistemas mediáticos de extrema derecha. Tucker Carlson, «podcaster» estadounidense y antiguo presentador de Fox News, lo ha entrevistado en varias ocasiones, la última en junio de 2024, cuando el presentador de pódcast de extrema derecha afirmó que Bukele había «salvado a El Salvador» e insinuó que “puede que tenga la receta para salvar al mundo”.

Los lazos con la órbita política de Donald Trump y el movimiento MAGA en general han seguido fortaleciéndose. A la segunda toma de posesión de Bukele como presidente, que tuvo lugar en junio de 2024, asistieron varias figuras conservadoras de EE. UU., entre ellas Tucker Carlson, Marco Rubio, Donald Trump Jr. y Matt Schlapp (presidente de la CPAC), así como los asesores de campaña de Trump Kimberly Guilfoyle y Alex Bruesewitz.

El autoritario presidente de El Salvador se ha convertido en una figura admirada no solo dentro de la Administración Trump, sino también entre las bases del movimiento MAGA. Los materiales filtrados de la Heritage Foundation a los que ha tenido acceso The Guardian muestran que los solicitantes de una iniciativa bajo la marca del Proyecto 2025 diseñada para crear una cartera de talentos de cara a una posible Administración Trump mencionaron explícitamente su admiración por Bukele.

De la CPAC a las aulas: exportación del ideario antiderechos

Bukele compartió escenario con varios «influencers» simpatizantes de MAGA en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de 2024 celebrada en Maryland (EE. UU.). Fue allí donde anunció sus planes de eliminar lo que denominó «ideología de género» del sistema escolar público de El Salvador, un término muy utilizado por los simpatizantes del Proyecto 2025 para oponerse a las políticas destinadas a promover la igualdad de género y a proteger los derechos de las niñas y las mujeres, así como de las personas LGBTQ+.

El anuncio no se hizo desde el escenario principal ni durante una conferencia de prensa formal, sino que llegó en respuesta a una pregunta durante una breve entrevista realizada por la directora de Moms for Liberty, Catalina Stubbe. Moms for Liberty es un grupo lobista estadounidense de extrema derecha que se ha opuesto sistemáticamente a las protecciones para los estudiantes LGBTQ+. El grupo es conocido por promover la prohibición de libros y simpatiza con el Proyecto 2025. Durante la conversación, Bukele justificó la decisión argumentando que lo que él califica como ideología de género promueve ideas «antinaturales», «anti-Dios» y «antifamilia».

El anuncio se produjo al mismo tiempo que se ponían en marcha una serie de medidas similares contra las políticas LGBTQ+. En febrero de 2024, el Gobierno de El Salvador ordenó la retirada de las unidades de salud pública y de las clínicas de VIH de los materiales relacionados con la diversidad sexual, así como los formularios que habían permitido a las personas especificar su identidad de género. La finalidad de dichos cuestionarios era mejorar la precisión de los análisis epidemiológicos.

Un año después, en octubre de 2025, el Gobierno autoritario de Bukele anunció la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas y en todas las instituciones vinculadas al Ministerio de Educación. El lenguaje inclusivo de género, que incluía las formas en español neutras en cuanto al género como «compañere», «alumn@», «jovenxs» y «nosotrxs», que son alternativas neutras en cuanto al género a «compañero», «alumno», «jóvenes» y «nosotros», ya no estaba permitido en los entornos educativos, lo que afectaba a las comunicaciones oficiales, los documentos administrativos o los libros de texto, entre otras cuestiones. La ministra de Educación, Karla Edith Trigueros, justificó la decisión alegando que evitaría «interferencias ideológicas o globalistas que podrían perjudicar el desarrollo integral de los estudiantes».

La diversidad convertida en amenaza

Esta ofensiva contra la educación en la diversidad, que no prioriza la lucha contra la discriminación en su plan de estudios y, en cambio, pretende invisibilizar a las comunidades LGBTQ+, bebe directamente de los principios del Proyecto 2025. Diseñado para la Administración que accedió a la Casa Blanca en enero de 2025, el plan exigía que se eliminara cualquier referencia a la orientación sexual, la identidad de género, la diversidad, la equidad, la inclusión y el género de todas las normas y leyes federales.

De forma similar a lo que ha hecho Bukele en El Salvador, el Proyecto 2025 también exige la eliminación de términos como «teoría crítica de la raza» e «ideología de género» de todos los planes de estudios de las escuelas públicas.

Bukele comenzó su carrera política posicionándose como aliado de la comunidad LGBTQ+. En 2014, mientras se postulaba para la alcaldía de San Salvador, reafirmó esa postura durante una reunión con activistas LGBTQ+. «Creo que la lucha por los derechos civiles de nuestro tiempo es la de la comunidad LGBTI y quiero estar en el lado correcto de la historia. No estaré con los que discriminan», dijo el futuro presidente de El Salvador. Se distanció de esas declaraciones poco después de asumir el cargo.

Tras su victoria en las elecciones generales de 2019, Bukele desmanteló la Dirección de Diversidad Sexual. En el Congreso, donde su partido tiene mayoría, los legisladores archivaron varios proyectos de ley presentados por el Gobierno anterior en 2021, incluido el Proyecto de Ley de Identidad de Género y el de la Ley Especial para la Igualdad y la No Discriminación. Esta última era una iniciativa que se proponía reducir la discriminación contra las personas LGBTQ+ en El Salvador.

El «Informe sobre derechos humanos» de 2023 del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la violencia contra las personas LGBTQ+ seguía siendo un problema en El Salvador. Estos patrones de discriminación se producen en un contexto jurídico que ofrece poca protección a las personas LGBTQ+. El Salvador no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo ni ofrece reconocimiento legal de género a las personas transgénero.

Según los datos citados en el informe del Departamento de Estado de COMCAVIS TRANS, una ONG nacional que promueve los derechos LGBTQ+, el 43 % de las mujeres transgénero, el 42 % de los hombres cisgénero y el 14 % de las mujeres cisgénero declararon haber tenido problemas con los agentes del orden.

En un informe más reciente, basado en una encuesta a 201 personas LGBTQ+ realizada entre 2022 y el primer semestre de 2024, COMCAVIS TRANS estimó que el 70 % de las personas LGBTQ+ del país habían sufrido algún tipo de violencia debido a su orientación sexual o su identidad de género.

Discriminación contra las comunidades LGBTQ+

Las organizaciones de derechos humanos advirtieron de que las personas LGBTQ+ seguían siendo objeto de violencia y discriminación homofóbica y transfóbica por parte de la policía, las pandillas y la población en general. En muchos casos, según informaron, las personas LGBTQ+ se veían obligadas a huir al extranjero en busca de seguridad, a menudo a Estados Unidos.

Según el «Informe sobre derechos humanos» de 2023 del Departamento de Estado de Estados Unidos, algunas personas transgénero denunciaron, además, dificultades para registrarse para votar y para ejercer el voto porque sus identidades de género no coincidían con el género indicado en sus documentos de identidad.

El caso de Camila Díaz Córdova, una mujer transgénero salvadoreña, ilustra las consecuencias de las políticas de inmigración de mano dura de la Administración de Donald Trump para los solicitantes de asilo LGBTQ+. Díaz solicitó asilo humanitario en Estados Unidos en agosto de 2017, pero se le deportó en noviembre de ese año, durante el primer mandato de Trump. Había pasado más de tres meses en un centro de internamiento para inmigrantes.

Cuando volvió a El Salvador, Díaz fue asesinada. Tenía 29 años. El 31 de enero de 2019, tres agentes de policía la metieron a la fuerza en la parte trasera de una camioneta, la golpearon y la arrojaron desde el vehículo en marcha. Murió unos días después. En julio de 2020, un tribunal salvadoreño condenó a los tres agentes por su asesinato, la primera vez que se condenaba a alguien en ese país por el asesinato de una persona transgénero. Sin embargo, el juez desestimó los cargos de delito de odio, alegando que no había pruebas suficientes.

Las organizaciones de derechos humanos criticaron a las autoridades de inmigración de Estados Unidos por deportar a Díaz a un país “donde su vida corría peligro”.

La prohibición del aborto en El Salvador

Del mismo modo que se presentó a El Salvador como un modelo a seguir por sus políticas de mano dura en materia de seguridad y diversidad, los actores antiderechos han señalado su prohibición total del aborto como una medida exportable.

El Salvador tiene una de las legislaciones respecto al aborto más restrictivas del mundo. Desde 1997, el aborto está criminalizado. Sin excepciones. Los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han denunciado este marco jurídico y han subrayando que «durante más de 20 años [El Salvador] ha criminalizado el aborto bajo cualquier circunstancia, incluso cuando es necesario para salvar la vida de una mujer».

En virtud de este sistema, el aborto puede castigarse con hasta ocho años de cárcel. Puede llegar a acusarse a las mujeres que se someten a un aborto o que tienen una urgencia de carácter obstétrico de homicidio agravado, un delito que conlleva una condena de hasta 50 años de cárcel. Este enfoque jurídico se basa en la Constitución salvadoreña, que desde 1999 reconoce «a todo ser humano como persona desde el momento de la concepción».

La aplicación de esta legislación ha dado lugar al enjuiciamiento penal y al encarcelamiento de mujeres. Según los datos publicados en diciembre de 2024 por el Center for Reproductive Rights, en ese momento había nueve mujeres enjuiciadas por delitos relacionados con el aborto, dos de las cuales estaban privadas de libertad. Entre 2000 y 2019, se criminalizó a al menos 181 mujeres de El Salvador por urgencias de carácter obstétrico o abortos.

Para las organizaciones contrarias a los derechos de las mujeres, este régimen jurídico se ha convertido en un modelo a importar. Presentan la prohibición del aborto en El Salvador como una medida deseable y argumentan que «los derechos humanos, incluido el derecho a la vida desde la concepción, no son negociables». Dada la importancia regional de un marco jurídico tan restrictivo, las organizaciones antiderechos de Estados Unidos han intentado influir en el marco jurídico de El Salvador y paralizar las iniciativas cuyo propósito es despenalizar el aborto.

Grupos como Alliance Defending Freedom International, el European Center for Law and Justice (afiliado al American Center for Law & Justice) y el Global Center for Human Rights han intervenido en procedimientos de perfil alto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde han ejercido presión en casos en los que se evaluaba si la prohibición total del aborto en el país violaba los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a no sufrir discriminación.

En los últimos cinco años, el mencionado tribunal ha emitido dos sentencias importantes sobre el aborto en El Salvador (Manuela contra El Salvador y Beatriz contra El Salvador). En ambas intervinieron organizaciones estadounidenses que pretendían mantener la prohibición total del aborto en el país.

Manuela contra El Salvador

A Manuela la condenó a 30 años de cárcel un tribunal salvadoreño tras una urgencia obstétrica que tuvo en 2008 y que derivó en la interrupción de su embarazo. La acusaron de «homicidio agravado» y, mientras aún estaba en el hospital, la esposaron a la cama. Dos años más tarde, murió de cáncer en la cárcel con 33 años por no recibir la atención médica adecuada. El tratamiento que recibió mientras estuvo encarcelada llegó tarde y no se le suministró con la debida regularidad. Manuela tenía dos hijos, que quedaron huérfanos.

En 2021, la CIDH emitió una sentencia histórica en la que determinaba que El Salvador era responsable de quebrantar la presunción de inocencia de Manuela, así como de violar sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad ante la ley y a la salud.

Varias organizaciones antimujer estadounidenses se implicaron en el litigio mediante informes «amicus curiae», es decir, escritos de una parte externa cuyo objetivo es influir en el tribunal. El European Center for Law and Justice, afiliado al American Center for Law & Justice y parte de la red de Project 2025, presentó un informe «amicus» en apoyo de El Salvador.

Varias organizaciones de Estados Unidos vinculadas al ecosistema del Proyecto 2025 presentaron más informes «amicus curiae» en apoyo de El Salvador, entre ellas el Center for Family and Human Rights (C-Fam), Family Watch International (FWI), la International Organization for the Family (IOF) y la World Youth Alliance, a las que se sumó la polaca Ordo Iuris.

En sus escritos «amicus», estos grupos argumentaron que la legislación internacional de derechos humanos no permite la impunidad por los delitos contra los recién nacidos. También instaron al tribunal a no exigir a El Salvador que reforme su derecho penal de manera que, en su opinión, «impida el enjuiciamiento de los delitos de homicidio contra los niños como vehículo para legalizar el aborto en el país».

El tribunal rechazó los argumentos planteados por las organizaciones antimujer. En su lugar, determinó que «Manuela estaba embarazada, dio a luz y sufrió preeclampsia, una complicación relacionada con el embarazo que, al suponer un grave riesgo para su salud, debe clasificarse como urgencia obstétrica». Hizo hincapié en que las urgencias obstétricas son afecciones médicas y, como tales, no pueden dar lugar automáticamente a responsabilidad penal.

Más allá de las circunstancias médicas, el tribunal consideró que la condena de Manuela estuvo condicionada por «varias desventajas estructurales que agravaron su victimización», como por ejemplo que se trataba de «una mujer con escasos recursos económicos, analfabeta y que vivía en una zona rural». La sentencia hizo hincapié además en que estos factores «se corresponden con los perfiles de la mayoría de las mujeres enjuiciadas en El Salvador por aborto u homicidio agravado, que suelen tener pocos ingresos o ninguno, proceden de zonas rurales o de comunidades urbanas marginales y tienen bajos niveles de educación».

Una sentencia histórica que aún no se ha llevado a efecto

La sentencia tenía consecuencias para el Gobierno de El Salvador. El Estado debía poner en marcha protocolos para garantizar la atención sanitaria en las urgencias obstétricas. Sin embargo, según un observatorio que hace un seguimiento de la aplicación de la sentencia, dirigido por organizaciones feministas y financiado por la Unión Europea, la mayoría de estas medidas se han aplicado solo en parte o no se han aplicado en absoluto.

Según el mencionado observatorio, El Salvador no ha tomado las medidas necesarias para garantizar una atención médica adecuada a las mujeres que tienen urgencias obstétricas. Asimismo, el Estado no ha cumplido los requisitos de la sentencia en materia de educación, en particular la inclusión de contenidos integrales sobre sexualidad y derechos reproductivos en los programas escolares.

Las organizaciones que respaldan el observatorio señalan que el Ministerio de Educación afirmó que puso en marcha un curso de Educación Sexual para profesores en 2021 y 2022. Sin embargo, argumentan que la aplicación de la sentencia del tribunal sobre la educación sexual entra en conflicto con la orden del presidente Bukele de 2024 que prohíbe cualquier contenido escolar relacionado con lo que él llama «ideología de género».

Otra medida ordenada por la CIDH que solo se ha aplicado en parte es la regulación del secreto médico, especialmente en los casos de mujeres sospechosas de haber abortado. En relación con este tema, el observatorio cuestiona si la nueva estrategia promovida por el Ministerio de Salud protege adecuadamente a las mujeres que han interrumpido sus embarazos.

Las deficiencias en la aplicación se extienden también a la formación y al desarrollo de capacidades. Las organizaciones que hacen un seguimiento de la sentencia de la CIDH han cuestionado la formación de los funcionarios públicos de El Salvador en materia de urgencias obstétricas. Estos grupos feministas señalan la escasez de personal y recursos, la falta de mecanismos de evaluación y el hecho de que los protocolos no son obligatorios para el personal judicial que se ocupa de casos relacionados con el aborto.

Beatriz contra El Salvador

En diciembre de 2024, la CIDH dictaminó que El Salvador había cometido violencia obstétrica y había violado el derecho a la salud de Beatriz. Más de una década antes, en 2013, Beatriz, una salvadoreña de 22 años, tuvo un embarazo que puso en peligro su vida. El feto tenía anencefalia, un defecto congénito del desarrollo del cerebro y el cráneo que implicaba que no sobreviviría fuera del útero.

Beatriz solicitó un aborto a las 12 semanas, pero la prohibición total del aborto en El Salvador dio lugar a meses de retraso, ya que el personal médico temía que los enjuiciaran. A las 26 semanas, los médicos le practicaron una cesárea y el recién nacido murió a las pocas horas. Beatriz murió años más tarde, en 2017, por complicaciones tras un accidente de tráfico. El tribunal no halló ninguna relación entre su muerte y su embarazo.

El tribunal concluyó que la ausencia de seguridad jurídica y de protocolos claros para la gestión de los embarazos de alto riesgo dio lugar a la burocratización y judicialización del caso de Beatriz, ya que el personal médico temía la responsabilidad penal. Según la sentencia, los prolongados períodos de espera y la hospitalización necesarios para determinar el tratamiento adecuado, debido a la falta de protocolos de atención adecuados, dieron lugar a un trato deshumanizador y a violencia obstétrica.

Sobre la base de estas conclusiones, el tribunal responsabilizó al Estado e impuso indemnizaciones. Para evitar casos similares en el futuro, exigió directrices y protocolos claros para las autoridades médicas y judiciales cuando un embarazo amenace la vida o la salud de una embarazada. El Salvador tenía un año, hasta diciembre de 2025, para informar sobre su cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, sigue sin estar claro si se han aplicado las medidas ordenadas.

Informe «amicus» de la ADFI

El caso movilizó a docenas de organizaciones feministas de toda la región, así como a actores antiaborto, lo que dio lugar a la presentación de 109 informes «amicus curiae», ante la posibilidad de que la CIDH abordara la cuestión central: la criminalización absoluta del aborto en El Salvador.

La Alliance Defending Freedom International (ADFI), la filial internacional de la principal signataria del Proyecto 2025, la Alliance Defending Freedom (ADF), tomó parte en el caso a través de un informe «amicus». El grupo ha presionado para impedir el acceso a la anticoncepción y al aborto y ha promovido la criminalización de los actos sexuales consentidos entre personas LGBTQ+, entre otras políticas de extrema derecha.

En su escrito, los abogados de la ADFI defendieron lo que describieron como la legitimidad del deber del Estado de proteger la vida del feto, así como la necesidad de garantizar el derecho a la vida, incluso en casos de discapacidades graves o afecciones que limitan la vida.

La narrativa “Next Roe” (“Otro Roe más”) a escena

Otra organización estadounidense contraria los derechos de las mujeres también participó muy activamente en el procedimiento, con el objetivo de evitar un resultado favorable para la familia de Beatriz. El Global Center for Human Rights (GCHR) asesoró al Gobierno de El Salvador durante las audiencias celebradas en marzo de 2023 en la sede de la CIDH de Costa Rica. Según la prensa local, Sebastian Schuff, presidente del GCHR, y María Anne Quiroga, directora de Investigación, estuvieron presentes en la sala del tribunal como parte del equipo de asesoría jurídica del Estado salvadoreño.

La esposa de Schuff, Neydy Casillas, abogada mexicana y vicepresidenta de Asuntos Internacionales del GCHR, había trabajado durante diez años como asesora jurídica principal en la ADFI.

En diciembre de 2022, el GCHR lanzó la campaña «No Next Roe» («Ningún Roe más»), en la que se advertía de que el caso Beatriz contra El Salvador «podría convertirse en el Roe contra Wade de toda América Latina», en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que reconoció el derecho constitucional de las mujeres al aborto.

Con el objetivo de influir tanto en la decisión del tribunal como en la opinión pública, el GCHR creó, además, un sitio web para desacreditar el caso, a los jueces y a las organizaciones que apoyaban a Beatriz y a su familia. En el sitio se aludía a varias organizaciones de derechos reproductivos y fundaciones filantrópicas como supuestos donantes de la CIDH, lo que sugería que el tribunal no era independiente. La presidenta del tribunal, Nancy Hernández, rechazó dichas acusaciones.

A pesar de las sentencias de la CIDH en los casos de Beatriz y Manuela, El Salvador ha mantenido su prohibición total del aborto, con lo que se sigue criminalizando a las mujeres. Esta resistencia al cambio está en sintonía con la agenda general del Gobierno de Bukele, que incluye políticas represivas, discriminatorias en materia de género y contrarias a la diversidad. Este marco también ha permitido a Bukele reforzar su perfil internacional como figura admirada dentro del movimiento MAGA.

Paraguay, un foco de influencia antiderechos

A pesar de tener una de las tasas más altas de embarazos en adolescentes de la región, Paraguay se ha posicionado como un campo de pruebas para las políticas contrarias a los derechos de las mujeres en América Latina. A lo largo de los años, los sucesivos gobiernos han adoptado políticas que reflejan fielmente la agenda esbozada en el Proyecto 2025. Tales iniciativas incluyen la prohibición de las perspectivas de género en las instituciones educativas, la oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y presentar abiertamente al país como una «isla de conservadurismo».

Al igual que en El Salvador, Paraguay mantiene una política muy restrictiva en relación con el aborto, que equivale a su casi total prohibición. El aborto no está permitido ni siquiera en casos de violación. La única excepción legal es cuando la vida de la embarazada corre un riesgo inminente.

La influencia de los actores antiderechos estadounidenses en estas políticas se ha ido intensificando. El Gobierno y los legisladores de Paraguay se han posicionado sistemáticamente del lado de iniciativas promovidas por el Gobierno de Trump y organizaciones estadounidenses como la Alliance Defending Freedom International (ADFI) y The Institute for Women’s Health (IWH).

Paraguay es uno de los tres únicos países latinoamericanos, junto con Haití y Guatemala, que han firmado la GCD sobre el Fomento de la Salud de las Mujeres y el Fortalecimiento de la Familia, un documento antimujer y anti-LGTBQ+ publicado por la primera Administración Trump en 2020.

En la declaración se argumenta que «no existe un derecho internacional al aborto» y ha recibido, además, el apoyo de varios regímenes autoritarios, como son los casos de Hungría, Arabia Saudí, Rusia y Sudán. La GCD no es un acuerdo oficial de la ONU y no tiene autoridad jurídica.

Paraguay ratificó la declaración en 2021. Ese mismo año, tras la investidura de Joe Biden, Estados Unidos se retiró de la GCD. En 2025, cuando la Administración Trump regresó a la Casa Blanca, Estados Unidos volvió a sumarse al acuerdo.

El Proyecto 2025 promueve explícitamente la declaración y la describe como una «iniciativa» encabezada por la Administración Trump «para forjar un consenso entre países afines en favor de la vida humana, la salud de las mujeres, el fomento de la familia como unidad básica de la sociedad y la defensa de la soberanía nacional».

The Institute for Women’s Health (IWH), con sede en Estados Unidos, es una organización afiliada al Proyecto 2025 que actúa como vehículo para defender y ampliar el alcance internacional de la GCD. Tras la retirada de Estados Unidos de la GCD bajo la Administración Biden, la organización trabajó en la difusión internacional de la declaración con el objetivo de atraer a nuevos miembros.

Paraguay y la Declaración del Consenso de Ginebra

En diciembre de 2025, la presidenta del IWH, Valerie Huber, y otros miembros de la organización se reunieron con el embajador de Paraguay en Estados Unidos, Gustavo Leite. Tras la reunión, la Embajada de Paraguay declaró que las partes habían acordado «estudiar la posibilidad de poner en marcha un programa piloto en Paraguay, con el asesoramiento y el apoyo del IWH, así como otras medidas útiles para promover los derechos de las mujeres y las niñas en nuestro país».

El comunicado de la Embajada de Paraguay era vago y no aclaraba qué tipo de programa piloto pondría en marcha el IWH en el país latinoamericano. El texto tampoco concretaba si la propuesta se refería al proyecto Protego, que el IWH había puesto a prueba en Guatemala en 2023. La organización describió el proyecto como su «modelo para implantar políticas públicas coherentes con los valores» de la GCD. El programa tiene por objeto promover la agenda antimujer y anti-LGBTQ+ de la declaración mediante políticas que afectan a la educación y la salud pública de los países signatarios.

Los legisladores paraguayos llevan mucho tiempo respaldando la influencia de las organizaciones antimujer estadounidenses en la región. En 2017, 22 legisladores de Paraguay se encontraban entre los aproximadamente 700 parlamentarios de más de 16 países latinoamericanos que suscribieron la Declaración de México. Según investigaciones periodísticas, la ADF respaldó la labor de lobi económico que había detrás de la declaración.

Cuestionamiento de la autoridad de la OEA

La GCD surgió en respuesta a una serie de sentencias emitidas en 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en apoyo de la igualdad y los derechos sexuales y reproductivos en Chile y Costa Rica, cuando las organizaciones antimujer comenzaron a movilizarse contra ciertos organismos internacionales.

La Declaración de México se oponía a las resoluciones adoptadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exigían a los Estados que modificaran sus leyes nacionales sobre cuestiones relacionadas con el aborto, así como las relativas al «derecho a la vida, a la familia y a la libertad de expresión».

Esta postura antiderechos no era mera retórica, sino que ya se había manifestado en forma de iniciativas concretas de presión dentro de las instituciones multilaterales. Esto se puso de manifiesto en 2014, cuando Paraguay acogió la Asamblea General de la OEA en Asunción. Durante la asamblea, la Cámara de Diputados de Paraguay adoptó una declaración en la que instaba a los representantes gubernamentales a oponerse a los derechos LGBTQ+.

La campaña de presión lanzada en 2017 para cuestionar los organismos interamericanos de derechos humanos mediante la Declaración de México reunió a figuras políticas que más tarde se convertirían en destacados líderes latinoamericanos de extrema derecha. Entre los firmantes se encontraba el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien en 2025 condenaron a más de 27 años de prisión por planificar un golpe militar y tratar de «aniquilar» la democracia del país.

Líderes de extrema derecha que suscriben la Declaración de México

La declaración se presentó en el Congreso Hemisférico de Parlamentarios, celebrado en México en 2017. El encuentro congregó a legisladores conservadores de Colombia, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, República Dominicana y Ecuador, entre otros países. El grupo lo encabezaba José Antonio Kast, el recién elegido presidente de Chile y destacado político anti-LGBTQ+ y contrario a los derechos de las mujeres.

Entre los partidarios se encontraba Raúl Latorre, un político paraguayo que participa activamente en reuniones antimujer internacionales. Actualmente, Latorre es presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay y miembro del Partido Colorado, el partido conservador que ostenta el poder.

En la declaración, los legisladores acusaron a la OEA y a la CIDH de promover interpretaciones de los tratados interamericanos que «constituyen un golpe a la democracia representativa en la región, ya que pretenden imponer a los Estados miembros supuestos derechos que ninguno de ellos ha refrendado». En concreto, en su labor de lobi, se oponían a la promoción del aborto, a las restricciones al derecho a la objeción de conciencia y al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.

A pesar de ser una reunión de cargos electos, en el Congreso Parlamentario Hemisférico también intervino la abogada mexicana Neydy Casillas, que en ese momento era asesora jurídica principal de la ADFI. Ahora es vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, una organización estadounidense que promueve políticas contra el aborto en toda América Latina.

Legisladores estadounidenses contra las instituciones interamericanas

El senador republicano estadounidense Mike Lee (Utah) se dirigió de forma virtual al Congreso para criticar a las instituciones internacionales. Lee acusó a la OEA de alejarse de sus principios fundacionales al interferir en los asuntos internos de sus Estados miembros y promover políticas sociales ideadas por una «élite progresista». Según Lee, dicha agenda ha socavado lo que él denominó «pilares», como el derecho a la vida desde la concepción, el matrimonio y el género.

En su empeño por influir en la toma de decisiones dentro de los organismos interamericanos de derechos humanos, las organizaciones conservadoras, contrarias a los derechos de las mujeres y anti-LGBTQ+, así como los actores políticos de la región, encontraron un aliado muy valioso en la Administración Trump y el Partido Republicano.

Durante el primer mandato de Trump, la presión de los legisladores republicanos se intensificó y amenazaron a los organismos interamericanos de derechos humanos. En diciembre de 2018, nueve senadores republicanos instaron al entonces secretario de Estado Mike Pompeo a reducir o suspender la financiación estadounidense para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Mujeres. En marzo de 2019, Pompeo recortó la financiación a la OEA por su supuesta defensa del aborto.

Las presiones para recortar la financiación y cuestionar públicamente a los organismos internacionales que reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres refleja fielmente los argumentos del plan del Proyecto 2025. Esta agenda insta al Gobierno de Estados Unidos a exigir una mayor rendición de cuentas a las organizaciones multilaterales en términos económicos y programáticos. Su ideario establece que «las organizaciones internacionales no deben utilizarse para promover políticas sociales radicales como si fueran prioridades en materia de derechos humanos».

Cómo Paraguay se convirtió en un foco de políticas antigénero

Desde 2017, está prohibido hablar de género en las aulas de Paraguay. Algunos medios de comunicación informaron de que Paraguay fue el primer país en prohibir la perspectiva de género en las instituciones educativas. El Gobierno justificó la decisión con el argumento de que la Constitución define la familia y el matrimonio como formados por un hombre y una mujer y que la misión del Ministerio de Educación es «fortalecer la familia como el entorno natural de la educación».

Años más tarde, estos mismos principios se reprodujeron e internacionalizaron. El Proyecto 2025 exige explícitamente la eliminación de términos como «orientación sexual e identidad de género», «género», «igualdad de género», «equidad de género», «conciencia de género» y «orientado al género» de todas las normas federales, lo que promueve una ofensiva cultural más generalizada contra los principios de igualdad y diversidad.

La educación ha sido un frente esencial de la agenda antimujer del Gobierno paraguayo. En 2025, las autoridades eliminaron las referencias a «igualdad», «equidad de género» y «perspectiva de género» de los materiales educativos.

En Paraguay, la decisión de eliminar la perspectiva de género de las escuelas fue criticada por organizaciones internacionales, incluidas Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Amnistía Internacional advirtió que la educación sexual integral es «un elemento clave para prevenir los embarazos juveniles». Esta advertencia es especialmente pertinente en Paraguay, donde las tasas de embarazo en la adolescencia han seguido siendo elevadas. En 2023, 70 de cada 1000 adolescentes de entre 15 y 19 años dieron a luz en el país, una de las tasas más altas de la región, muy por encima de la media regional de 50.

Los investigadores y las organizaciones de derechos humanos han advertido en repetidas ocasiones de que el embarazo en la adolescencia suele estar estrechamente vinculado a situaciones de violencia sexual. En este contexto, Human Rights Watch (HRW, por sus sigas en inglés) advirtió en 2022 que la ley del aborto de Paraguay, que permite el aborto solo cuando es necesario para salvar la vida de la mujer, «no es suficiente para proteger vidas, y mucho menos la salud o la dignidad de las niñas».

«Las mujeres y las niñas se ven obligadas a llevar a término embarazos no deseados, incluso en casos de violación o incesto; embarazos que suponen un grave riesgo para su salud (aunque no necesariamente para su vida); y embarazos en los que el feto no es viable fuera del útero. Se trata de una de las leyes sobre el aborto más restrictivas de América Latina», explicó HRW.

En respuesta a la reacción que siguió a la prohibición de las perspectivas de género en las instituciones educativas, Neydy Casillas intervino en nombre de la Alliance Defending Freedom International (ADFI) enviando un documento a la organización evangélica Somos Muchos Más. Según openDemocracy, el documento exponía argumentos jurídicos en defensa de las medidas adoptadas por el Gobierno paraguayo.

Entre otras afirmaciones, Casillas argumentó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General de la ONU, así como otros instrumentos internacionales similares, no son jurídicamente vinculantes para los Estados. Por lo tanto, según Casillas, Paraguay no tiene ninguna obligación de aplicarlos.

Amnistía Internacional rechazó este argumento y afirmó que Paraguay está obligado internacionalmente a promover la igualdad y la no discriminación porque ha firmado y ratificado múltiples compromisos internacionales, incluidos la CEDAW y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió, asimismo, de que prohibir los debates sobre género en las aulas representaba un “retroceso para los derechos de las mujeres, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y para el derecho de los niños a recibir una educación sin estereotipos basados en ideas de inferioridad o subordinación”.

Paraguay se presentó como centro neurálgico y país piloto para las políticas que las organizaciones antimujer y anti-LGBTQ+ querían extender a otros lugares. Sobre el terreno, los grupos ultraconservadores ya habían establecido lazos con el Gobierno para seguir promoviendo su agenda.

En 2016, Casillas participó en una conferencia sobre la «persona no nacida» en el Tribunal Supremo de Paraguay. Según openDemocracy, Casillas, que en ese momento era asesora jurídica principal de la ADFI, se reunió durante ese viaje con la entonces legisladora Olga Ferreira. Días después, Ferreira presentó un proyecto de ley en el Congreso para crear un registro civil de «niños no nacidos».

La ADFI también ha intentado captar al Gobierno paraguayo a través de una de sus principales campañas de presión: la prohibición de que los atletas transgénero participen en los deportes femeninos. En Estados Unidos, la ADF llevó este asunto ante la Corte Suprema de Estados Unidos en enero de 2026. A escala internacional, en 2024, la Misión Permanente de Paraguay ante las Naciones Unidas y la ADFI organizaron conjuntamente un acto en el que se instaba a la ONU a «proteger la seguridad y la equidad en relación con las mujeres en el deporte».

En un intento de reforzar el marco jurídico contra el aborto, la Cámara de Diputados aprobó en 2017 la creación de un registro civil para «niños concebidos, pero nacidos muertos». Según el Gobierno paraguayo, el país se convirtió así en el primero de América Latina en promover una medida de este tipo. La iniciativa pretendía establecer que «un niño que muere durante la gestación, independientemente de la etapa en que estuviera, de su peso o de la causa de la muerte, tiene derecho a ser registrado con un nombre y un apellido».

Las organizaciones de derechos humanos denunciaron el proyecto como «la introducción de una protección casi absoluta del feto, que podría prevalecer sobre los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud de las mujeres y las niñas».

Para reforzar esta narrativa de posicionar a Paraguay como un campo de pruebas para las políticas hostiles a los derechos de las mujeres y el colectivo LGBTQ+, los legisladores aprobaron en 2018 una declaración en la que se proclamaba a la Cámara de Diputados como «provida» y «profamilia», con el objetivo explícito de «preservar los valores que sustentan a la familia como institución fundamental». Mediante esta declaración, uno de los órganos legislativos del país se posicionó abiertamente en contra del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Con el tiempo, este planteamiento se ha extendido a diferentes ramas del Estado. En 2024, el Gobierno del presidente Santiago Peña se declaró «provida» y «profamilia» en la Cumbre de la OEA, refrendando su agenda antiaborto y afirmando que «el derecho a la vida es inherente a la persona y garantiza su protección, en general, desde la concepción».

La oposición a la igualdad de género ha dado lugar a retrocesos legislativos. Por ejemplo, la Ley de Paridad Democrática, que tenía como objetivo implantar una cuota del 50 % para las candidatas, finalmente fracasó. En 2018, la Cámara de Diputados aprobó una versión diluida del proyecto de ley, eliminando todas las referencias a la paridad y reduciendo la cuota de género al 20 %.

El cortejo a Trump

El Gobierno paraguayo ha intentado cortejar a Donald Trump durante su segundo mandato adoptando algunos de los símbolos más reconocibles del movimiento MAGA. En septiembre de 2025, el embajador de Paraguay en Estados Unidos, Gustavo Leite, asistió a la ceremonia de bienvenida a los nuevos embajadores en la Casa Blanca con una gorra con la marca «Make America Great Again». Más tarde, describió la reunión con el presidente de Estados Unidos como «emocionante e inolvidable».

Más allá de su planteamiento político, este posicionamiento diplomático también puede reflejar los intereses personales y políticos de Horacio Cartes, una de las figuras más poderosas de la política paraguaya. Cartes fue presidente, es la persona más rica del país, el principal financiador del Partido Colorado, que ostenta el poder, y se le considera claramente el mentor político del presidente Santiago Peña.

La relación de Cartes con Washington se ha visto condicionada por los recientes acontecimientos en las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay. En julio de 2022, durante la Administración de Joe Biden, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó a Cartes como alguien «bastante corrupto» y aludió a su presunta participación en «graves actos de corrupción». Sin embargo, en octubre de 2025, después de que Trump regresara a la Casa Blanca, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos levantó las sanciones que se le habían impuesto, lo que supuso un cambio notable para su estatus internacional.

En su intento de introducirse en las redes favorables a Trump y de la extrema derecha internacional, Paraguay ha ido ganando relevancia como espacio de convergencia para dichos actores. En 2025, el país se convirtió en un lugar de encuentro para el ecosistema internacional de extrema derecha. Ese año, el país acogió la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y el Foro Madrid, una red transnacional de promoción que reúne a partidos políticos y organizaciones de extrema derecha de toda América Latina.

Esta posición comenzó a consolidarse en junio de 2025, cuando representantes de la extrema derecha de 17 países se reunieron en Asunción para el Cuarto Encuentro Regional del Foro Madrid. El acto se presentó como un punto de inflexión para el conservadurismo latinoamericano de cara al ciclo electoral 2025-2026 en la región. Entre los asistentes se encontraba el político chileno José Antonio Kast, que estaba a solo unos meses de ganar las elecciones presidenciales. La representación estadounidense incluía a Melissa Ford, del America First Policy Institute, un laboratorio de ideas de extrema derecha pro-Trump conocido por sus posturas anti-LGBTQ+ y contrarias a los derechos de las mujeres.

Organizado por primera vez en 2020 por el partido político español de extrema derecha Vox, el Foro Madrid se presenta como «una gran alianza internacional de líderes, entidades y partidos que defienden la libertad, la democracia y el Estado de derecho frente al avance del comunismo en países de ambos lados del Atlántico».

Vox y sus aliados, entre los que se encuentra el presidente paraguayo Santiago Peña, promueven la red como un contrapeso conservador al Foro de São Paulo y al Grupo de Puebla, dos plataformas políticas que congregan a partidos y líderes de izquierda latinoamericanos, desde socialdemócratas hasta comunistas, como el brasileño Lula da Silva o el expresidente boliviano Evo Morales.

Paraguay en la red trumpista mundial

La llegada de la CPAC a Paraguay en 2025 marcó una nueva etapa en el empeño del país por introducirse en las redes favorables a Trump y en las de la extrema derecha internacional, con el propósito de desempeñar un papel más allá de plataformas regionales como el Foro Madrid.

En septiembre de 2025, figuras estadounidenses como los organizadores de la CPAC, Matthew y Mercedes Schlapp, subieron al escenario durante el evento junto con Richard Grenell, enviado presidencial de Estados Unidos para misiones especiales.

Grenell se ha convertido últimamente en una figura clave de la Administración Trump en la región. Antes de la decisión del presidente Trump de apresar al presidente de Venezuela, Grenell había mantenido contacto con Nicolás Maduro y su Gobierno, una cuestión de la que habló durante la CPAC de Paraguay. Reconoció que se había reunido con Maduro y expresó su esperanza de que se pudiera llegar a un «acuerdo».

El 3 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses detuvieron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación llevada a cabo en Caracas (Venezuela). Desde entonces, la pareja está recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, y Maduro se enfrenta a cargos de conspiración para el narcoterrorismo y la importación de cocaína y a cargos por tenencia de armas.

Como es habitual, figuras destacadas del espectro político de extrema derecha de la región asistieron a la CPAC de Paraguay. El presidente argentino Javier Milei elogió a su homólogo paraguayo y dijo que la gestión del Partido Colorado es «un ejemplo de lo que se debe hacer en política económica».

Por su parte, el presidente paraguayo Santiago Peña dijo que su Gobierno trabajaría con «países hermanos» cuyos gobiernos «luchen por los valores e ideales de Occidente». Como ejemplo de dichos países, citó la Argentina de Javier Milei, la Italia de Giorgia Meloni y los EE. UU. de su «amigo» Donald Trump. Según Peña, estos líderes «entienden que en estos tiempos nuestra civilización está en juego».

Peña reconoció, además, que su «corazón se llenó de alegría» cuando se enteró de que la CPAC se celebraría en Paraguay, país al que se refirió como el «verdadero hogar» de la conferencia. Desde el escenario, el presidente paraguayo declaró que «mientras exista Paraguay, habrá personas que digan alto y claro al mundo no al aborto libre, no a las ideas alternativas de la familia y no a los experimentos sociales radicales», una referencia implícita a los derechos LGBTQ+.

Estos acontecimientos ilustran cómo Paraguay ha intentado ganar relevancia política posicionándose ideológicamente del lado del trumpismo y sus aliados conservadores. Dicho posicionamiento se hizo más evidente en 2025, cuando el país comenzó a albergar actos vinculados a la extrema derecha internacional.

Antes de ese cambio de rumbo, el Gobierno paraguayo y el Partido Colorado seguían una estrategia más indirecta. En lugar de actuar como anfitriones, se centraron en forjar alianzas con organizaciones antimujer y anti-LGBTQ+ y enviaron representantes a los principales para coordinarse y crear redes dentro del ecosistema antiderechos mundial.

En ese contexto, los representantes paraguayos asistieron a varias cumbres transatlánticas de la Political Network for Values, incluidas las celebradas en Colombia (2019), Hungría (2022), Nueva York (2023) y Madrid (2024), así como a la CPAC de Hungría de 2024.

Mediante la promoción de una agenda antimujer y anti-LGBTQ+, la oposición a la educación en materia de diversidad, las restricciones a los derechos reproductivos de las mujeres y la reafirmación de su compromiso con la GCD, Paraguay se ha consolidado como un eje fundamental dentro de la red mundial antiderechos que comulga con el trumpismo y como un modelo para la narrativa del Proyecto 2025.

Organizaciones del Proyecto 2025 en África

En Kenia, la agenda antiderechos la han promovido organizaciones occidentales con una larga trayectoria en África, como el Opus Dei (establecido en Kenia en 1958) y grupos estadounidenses de extrema derecha de creación más reciente, como Family Watch International (FWI) y el Congreso Mundial de Familias (CMF), que se oponen a la libertad reproductiva y a los derechos LGBTQ+. En mayo de 2025, FWI se alió con el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia (KCPF, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Trabajo para organizar la Segunda Conferencia Panafricana sobre Valores Familiares en Nairobi (véase el capítulo 5). Dicha conferencia fue una plataforma de lanzamiento estratégica en la que se formó a los líderes africanos para que presentaran el rechazo a la libertad reproductiva y los derechos LGBTQ+ como un acto heroico de descolonización, rebautizado como «defensa de los valores familiares tradicionales indígenas». Sharon Slater (FWI), Austin Ruse (C-Fam) y Bettina Roska (ADFI) fueron algunos de los destacados conservadores occidentales que encabezaron el evento, que dio lugar a la Declaración de Nairobi sobre los Valores de la Familia. Mediante la adopción del lenguaje de los valores tradicionales, en la práctica rebautizaron una guerra cultural estadounidense como un movimiento indígena de base para eludir el escepticismo que suele suscitar la injerencia occidental.

En 2023, Uganda acogió en Entebe la Conferencia Interparlamentaria sobre los Valores Familiares y la Soberanía, que reunió a una coalición que incluía al Parlamento de Uganda, la Asociación de Abogados Africanos y la Fundación para el Patrimonio Cultural Africano (FACH, por sus siglas en inglés), con sede en Nigeria, con la participación y el apoyo promocional del grupo evangélico estadounidense FWI, cuya presidenta, Sharon Slater, también intervino en el acto. Esto sirvió como plataforma de lanzamiento ideológica para el Proyecto de Ley de Protección de la Familia de Kenia (2023), popularmente conocido como «Proyecto de Ley Kaluma», que hace hincapié en la definición bíblica del matrimonio y restringe los derechos del colectivo LGBTQ+ con el pretexto de proteger los valores tradicionales.

Reproducía el lenguaje de la Ley contra la Homosexualidad de 2023 (AHA, por sus siglas en inglés) de Uganda, que pide la pena de muerte por homosexualidad agravada. Críticos como el Center for Reproductive Rights argumentan que, si bien el Proyecto de Ley Kaluma de Kenia pretende proteger los valores africanos, su texto, que ataca la educación sexual y criminaliza la defensa de la comunidad LGBTQ+, está muy influenciado por los fundamentalistas estadounidenses, incluidos los del Comité Asesor del Proyecto 2025, como el Center for Family and Human Rights (C-Fam).

Estos grupos han ido abriéndose camino por toda África oriental para aplicar y reforzar las leyes anti-LGBTQ+. Los informes del Southern Africa Litigation Centre (SALC) y de Amnistía Internacional confirman que FWI proporcionó la formación y el marco para la Declaración de Nairobi sobre los Valores de la Familia, que se adoptó al término del evento de la Segunda Conferencia Panafricana sobre Valores Familiares. La Declaración de Nairobi sobre los Valores de la Familia (2025) aboga por una «familia natural» nuclear formada por un padre, una madre e hijos. Los académicos del Southern Africa Litigation Centre (SALC) señalan que esta definición es en sí misma una importación occidental que ignora las estructuras comunitarias tradicionales africanas, donde a los niños los crían los abuelos, las tías y la comunidad en general.

En Etiopía, Tanzania y Kenia, la calificación de los derechos LGBTQ+ como «no africanos» o como elitismo occidental es uno de los argumentos principales que se utilizan para conceptualizar los derechos humanos como injerencia extranjera o neocolonialismo, lo cual sirve de justificación para la represión. Ghana aprobó en febrero de 2024 una legislación similar a la Ley contra la Homosexualidad de Uganda. Se trata de la Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares, que criminaliza a las personas que se identifican como LGBTQ+ y que defienden los derechos LGBTQ+, a quienes se puede condenar a importantes penas de cárcel. La República Democrática del Congo cuenta con una legislación similar: el Proyecto de Ley Mutamba, introducido en 2024.

Libertad y medios de comunicación en Internet

El panorama digital africano también se ha transformado por las presiones de Estados Unidos. Durante décadas, la USAID fue el principal pilar económico de los medios de comunicación independientes y de las iniciativas de alfabetización digital en todo el continente. Sin embargo, el alejamiento de la Administración Trump de las normas democráticas proporcionó la cobertura moral que necesitaban los autócratas africanos para acelerar la implantación de la vigilancia digital y cortar Internet a su voluntad. Este giro geopolítico dio a entender a los líderes regionales que la gestión de sus esferas digitales nacionales era un asunto interno, lo que eliminó «de facto» las presiones que antes limitaban la represión patrocinada por el Estado en Internet y fuera de él.

Los líderes políticos africanos han utilizado la retórica de Trump sobre «noticias falsas» para desacreditar las noticias desfavorables. Algunas investigaciones han revelado que este cambio lingüístico suele preceder a la aprobación de leyes restrictivas en relación con la ciberdelincuencia. Tales marcos jurídicos se suelen caracterizar por definiciones demasiado amplias, que permiten a los Estados atacar la libertad de expresión de los ciudadanos con el pretexto de preservar la seguridad nacional. En consecuencia, a los usuarios les resulta cada vez más difícil navegar por el espacio digital, ya que la línea entre la información objetiva y la propaganda patrocinada por el Estado se ha difuminado de forma intencionada.

La retirada del apoyo estadounidense a los medios de comunicación independientes ha creado un vacío institucional que ha ocupado rápidamente el autoritarismo digital. En 2025, destacados medios de comunicación como Eye Radio de Sudán del Sur y varias emisoras comunitarias de la República Democrática del Congo y Zambia informaron de importantes reducciones de personal debido a los recortes de la ayuda relacionada con la USAID. Gerald Businge, consultor multimedia ugandés, apunta que la ausencia de estos organismos de control deja al ecosistema digital en situación de vulnerabilidad frente a las narrativas patrocinadas por el Estado y a la influencia de actores extranjeros, en particular Rusia y China.

Además, la erosión de las normas de moderación de contenidos en Internet ha multiplicado los riesgos para los grupos marginados. El llamamiento de Trump a la libertad de expresión en Internet ha dado lugar a una reducción de la moderación de los contenidos de odio y desinformación, incluso en los mercados africanos, que ya eran de por sí muy deficientes en lo que respecta a la moderación. La investigación del Centre for Intellectual Property and Information Technology Law (CIPIT) de la Universidad Strathmore de Kenia subraya que las lenguas africanas aún están poco moderadas, lo que deja un vacío que los gobiernos locales llenan con sus propias leyes restrictivas. Esto sienta las bases para que los líderes africanos justifiquen la supresión de la disidencia digital. El resultado es un entorno digital que no solo es difícil de transitar, sino también absolutamente hostil para quienes se mueven al margen de las narrativas refrendadas por el Estado.

La retirada institucional del apoyo a los medios de comunicación independientes y la adopción de la retórica de las noticias falsas crean un vacío informativo que permite la implantación de marcos tecnológicos invasivos basados en valores. En Kenia, este autoritarismo digital se lleva a la práctica a través del Women’s Optimal Health Framework (WOHF) de Protego, auspiciado por la activista estadounidense de extrema derecha Valerie Huber, que sirve como alternativa a los marcos internacionales de derechos humanos en vigor. El proyecto ha ganado una fuerza considerable en África oriental, ya que Uganda fue uno de los primeros países en adoptarlo en febrero de 2024 y Burundi se le sumó en octubre de 2025. El WOHF excluye los métodos anticonceptivos modernos y a las comunidades marginadas, incluidas las personas que viven con el VIH y las minorías sexuales, al tiempo que promueve mensajes centrados en la abstinencia y la vuelta a la feminidad.

El marco del Proyecto 2025 ha sustituido, en efecto, una diplomacia arraigada en los valores democráticos y los derechos humanos por las guerras culturales estadounidenses. Para Kenia, el precio de la ayuda económica y la no injerencia a escala nacional es el acatamiento ideológico y económico total de la agenda conservadora de EE. UU. Este cambio de rumbo supone una modificación de las políticas y una reestructuración que utiliza la reciprocidad comercial, la vigilancia tecnológica y las elusiones legislativas para erosionar los cimientos de la Constitución de 2010. Las nuevas posiciones son, básicamente, una lucha por la definición de la soberanía. Mientras que el Estado pretende utilizar la soberanía como mercancía para garantizar la supervivencia de la élite, el Poder Judicial y la sociedad civil son los últimos defensores de una soberanía arraigada en la integridad constitucional y los derechos humanos. El silencio de Washington tiene condiciones, y el precio por no cumplirlas es la liquidación económica y humanitaria.

La libertad de expresión frente al discurso de odio

Un punto de discordia para Trump respecto a los europeos es su concepto de la libertad de expresión. Muchos países europeos, especialmente Alemania, prohíben ciertas formas de discurso de odio por considerarlas amenazas para sus democracias. Esta postura, que difiere significativamente de la Primera Enmienda de Estados Unidos, surgió de las cenizas del Holocausto, cuando el antisemitismo y otras formas de discurso de odio ayudaron a llevar a Hitler al poder y justificaron el genocidio. La DSA codifica estas normas para las grandes plataformas tecnológicas que operan en la Unión.

Sin embargo, para el Proyecto 2025 y Trump estas leyes son ataques inaceptables contra los derechos de los estadounidenses a la libertad de expresión y, por supuesto, contra el derecho a publicar material de odio en Internet contra los inmigrantes y otras personas, lo que está en sintonía con la agenda de la extrema derecha. El Proyecto 2025 contiene secciones en las que se exige que el Gobierno federal deje de intervenir en cuestiones como el discurso de odio o la desinformación. Pide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que investigue «el trabajo del departamento [bajo el presidente Biden], en coordinación con las redes sociales, para censurar o cambiar el discurso de los estadounidenses o tener alguna otra influencia sobre él» y argumenta que la izquierda utilizó algunas de las funciones del DHS como arma para «censurar ciertos discursos». Además, se advierte a la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos de que no escrute «la llamada “desinformación nacional”». El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) no debe fiscalizar las opiniones que se vierten en Internet.

Es en este contexto en el que la Administración Trump ha atacado repetidamente las leyes europeas y ha trabajado para proteger a los partidos de extrema derecha que, a menudo, infringen las normas europeas sobre el discurso de odio al dirigir dicho discurso contra los inmigrantes y otras comunidades marginadas. La política tecnológica y las guerras culturales en relación con la moderación de contenidos en las plataformas de redes sociales son fundamentales en el empeño de Trump de debilitar a Europa.

En mayo de 2025, el vicepresidente J. D. Vance arremetió contra esta cuestión en la Conferencia de Seguridad de Múnich. En lugar de abordar las amenazas reales a la seguridad, la mayor parte del discurso de Vance giró en torno a las leyes europeas sobre el discurso de odio, que por lo que parece son una amenaza mayor para Estados Unidos que Rusia o China. «Me temó que la libertad de expresión está en retroceso en Gran Bretaña y en toda Europa», se lamentó Vance, y no perdió la ocasión para referirse, además, a los males de la migración masiva.

El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene una especial fijación con la Ley de Servicios Digitales de Europa, que regula las grandes plataformas de Internet, como Meta, X, YouTube o TikTok. La DSA exige a las plataformas que presenten informes periódicos de transparencia, que realicen auditorías de riesgos y que actúen con premura para eliminar los contenidos ilegales, incluidos los discursos de odio. Los defensores de la ley argumentan que contiene salvaguardias razonables para la libertad de expresión y que la moderación de contenidos es esencial para mantener una plaza pública digital en la que las personas se sientan lo suficientemente seguras como para hablar libremente. Los opositores, en particular las figuras de extrema derecha, acusan a la DSA de favorecer la censura por parte de los gobiernos. Intervenir en estas cuestiones permite a la Administración Trump atacar a la UE y, al mismo tiempo, propicia que la extrema derecha difunda el discurso de odio sin censura en Internet.

A los comentarios de Vance les siguió, el 28 de mayo de 2025, una injustificable orden del secretario de Estado Marco Rubio por la que se imponían restricciones de visado a «los ciudadanos extranjeros responsables de la censura de la libertad de expresión protegida en Estados Unidos». Y continuaba: «No es tolerable que funcionarios extranjeros emitan o amenacen con emitir órdenes de detención contra ciudadanos estadounidenses o residentes en EE. UU. por publicaciones en plataformas estadounidenses de redes sociales mientras estén en suelo estadounidense». «Del mismo modo, no se puede aceptar que los funcionarios extranjeros exijan que las plataformas tecnológicas estadounidenses adopten políticas globales de moderación de contenidos o impongan la censura más allá de su autoridad o en Estados Unidos. No toleraremos intromisiones en la soberanía estadounidense, especialmente cuando dichas intromisiones socavan el ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión», advirtió Rubio.

Si bien el Departamento de Estado tiene una fijación con la cuestión de la libertad de expresión en Europa, no parece preocuparse en absoluto por países como Rusia o China, entre otros, que interfieren claramente con la libertad de expresión de sus ciudadanos, dado que, según el departamento, ya no son una prioridad. Al Departamento de Estado solo le inquieta este tema en el contexto europeo y en relación con las iniciativas de la Unión contra el discurso de odio y la desinformación en Internet.

El día antes del anuncio de Rubio, el Departamento de Estado anticipó el cambio en un artículo de Sam Samson en Substack sobre «La necesidad de contar con aliados de nuestra civilización en Europa». En dicho artículo, Samson, que se graduó en la universidad en 2021 y ejerce como asesor principal del departamento, escribió que «en toda Europa, los gobiernos han convertido las instituciones políticas en un arma contra sus propios ciudadanos y contra nuestro patrimonio común». Samson describió a Europa como un hervidero de «censura digital, migración masiva, restricciones a la libertad religiosa y muchos otros ataques al autogobierno democrático». Sus afirmaciones estaban respaldadas por ejemplos engañosos de esta supuesta opresión.

Samson ha sido un agitador esencial en el espacio de la UE para la Administración Trump, defendiendo las políticas del Proyecto 2025 y trabajando con sus organizaciones asesoras. En abril de 2025, Samson se reunió en el Reino Unido con alguien que era cliente de la filial internacional de la Alliance Defending Freedom (ADFI), asesora de Project 2025. En ese momento, dicha persona se enfrentaba a un juicio penal por acosar a una clínica abortiva. Después de la reunión, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado publicó en X que estaban «preocupados por la libertad de expresión en el Reino Unido». Tech Policy Press informó de que el personal del Departamento de Estado tenía la tarea de investigar los casos de censura alegados por la ADFI. En febrero de 2026, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes celebró una audiencia, «La amenaza de Europa para la libertad de expresión y la innovación estadounidenses», en la que participó la diputada finlandesa Päivi Räsänen, clienta de la ADFI desde hace tiempo y que ha estado involucrada en un largo caso de incitación al odio en su país de origen. El informe de la mayoría del comité afirmaba que «la Comisión Europea logró presionar a las principales plataformas de redes sociales para que cambiaran sus normas globales de moderación de contenidos, lo que perjudicó directamente a la libertad de expresión en Internet en Estados Unidos».

Estados Unidos ha intentado, incluso, interferir en los procesos judiciales de otros países en nombre de sus aliados de extrema derecha. Magali Lafourcade, una magistrada francesa, dijo que, en mayo de 2025, Samson y Christopher J. Anderson, ambos asesores de la DRL, se pusieron en contacto con ella en un intento de que ejerciera presión contra una prohibición electoral impuesta por una orden judicial a la política francesa de extrema derecha Marine Le Pen. Lafourcade es la secretaria general de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) de Francia, un organismo independiente que asesora al Gobierno. No está implicada en el caso Le Pen.

Sanciones para los investigadores de discursos de odio

Justo antes de Navidad, el Gobierno anunció la prohibición de visados a personas concretas: Imran Ahmed, residente permanente en EE. UU., casado con una estadounidense y director del Center for Countering Digital Hate (CCDH), con sede en Estados Unidos; el excomisario de la UE Thierry Breton, que trabajó en la DSA y forma parte de la Junta Directiva de Bank of America; y otros tres europeos que han presionado a las empresas tecnológicas para que eliminen el discurso de odio y la desinformación (un juez suspendió las medidas contra Ahmed el día de Navidad). La Administración los acusó de trabajar para censurar la libertad de expresión o de atacar injustamente a los gigantes tecnológicos estadounidenses mediante una regulación excesiva. Rubio dijo que las cinco personas en cuestión «encabezaron iniciativas coordinadas para coaccionar a las plataformas estadounidenses con el objetivo de que censuraran, desmonetizaran y suprimieran los puntos de vista estadounidenses a los que se oponen». «Estos activistas radicales y las ONG, convertidas en puntas de lanza, han promovido medidas de censura por parte de Estados extranjeros, siempre dirigidas a oradores estadounidenses y a empresas estadounidenses», arremetió Rubio. Según parece, los investigadores de discursos de odio merecen ahora las mismas sanciones que los líderes de los cárteles internacionales y los terroristas.

La medida provocó la protesta de los gobiernos europeos, que argumentaron que las regulaciones y el trabajo de los grupos de supervisión han hecho que Internet sea más seguro, dado que se expone la información falsa y se obliga a los gigantes tecnológicos a esforzarse más para abordar los contenidos ilegales, incluidos los discursos de odio y el material de abusos sexuales a niños. Para la Administración, el trabajo para reducir el nivel de discurso de odio en Internet, que considera que afecta a los mensajes antiinmigrantes, anticristianos y a otros mensajes de extrema derecha, es algo con lo que se debe acabar y que sirve para proteger a sus aliados, como Elon Musk, cuya plataforma, X, ha abandonado en gran medida la moderación de contenidos y se ha convertido en un hervidero de neonazismo y otras formas de odio. Probablemente no sea una coincidencia que Musk demandara al CCDH en 2023, un caso que más tarde se desestimó.

Actualmente, la plataforma X de Musk se enfrenta a una multa de 140 millones de dólares «debido al uso engañoso por parte de la plataforma de una marca de verificación azul para identificar a los usuarios verificados, a un repositorio de publicidad que funciona mal y a la falta de un acceso efectivo a los datos para los investigadores». La Administración Trump ha salido en defensa de Musk. “Corren rumores de que la Comisión de la UE multará a X con cientos de millones de dólares por no censurar”, escribió Vance en X en diciembre. Y continuó: “La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por tonterías”. En enero, se descubrió que en X había aparecido una cantidad escandalosa de fotos de mujeres y menores sexualizadas, pero esto no parece preocupar a la Administración, que sigue considerando a Musk una víctima de la regulación excesiva de la UE.

La Administración Trump no busca, en realidad, proteger la libertad de expresión de la tiranía, sino que utiliza la política tecnológica como instrumento de su proyecto para remodelar el orden internacional de la posguerra según los deseos del Proyecto 2025 y de Trump, a expensas de la alianza transatlántica y de las comunidades que son el blanco de los discursos de odio.

Los grupos asesores del Proyecto 2025 intensifican las campañas de presión en Europa

Los grupos que respaldan el Proyecto 2025 han intensificado considerablemente su presencia en la UE en los últimos años. Por ejemplo, el Heartland Institute, que niega el cambio climático, abrió su primera oficina europea en 2025. En febrero, durante un discurso en la conferencia de la Alliance for Responsible Citizenship (ARC) en Londres, el presidente de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, dejó claro que la fundación apoyaría a sus «amigos de Europa» para «recuperar» sus instituciones, incluida la UE. En 2025, la Heritage Foundation mantuvo al menos siete reuniones con eurodiputados de diversos partidos mayoritarios, pero también de la extrema derecha.

Roberts, en particular, actúa como enviado no oficial para uno de los objetivos prioritarios del segundo mandato de Trump: crear una red con «aliados de nuestra civilización en Europa», como lo expresó el Departamento de Estado de Estados Unidos, algo que forma parte del propósito del equipo de Trump de promover su concepto de un «patrimonio cultural compartido». Heritage ha establecido últimamente estrechos vínculos con el régimen húngaro y sus diversos laboratorios de ideas, como el Danube Institute y el Mathias Corvinus Collegium (MCC). Desde 2022, los responsables de la Heritage se han reunido e interactuado en repetidas ocasiones con el régimen húngaro. En el New York Times, Roberts elogió a Orbán como un «líder extraordinario» cuya labor por «incitar un giro político cristiano conservador» en Hungría «debería aplaudirse».

De hecho, se podría argumentar que el Proyecto 2025 plantea un concepto de Estados Unidos basado en la Hungría de Orbán, un país que la Unión Europea considera una «autocracia electoral», no una democracia, que ha despojado de sus derechos a las personas LGBTQ+, a los inmigrantes y a las mujeres y que tiene profundos vínculos con Rusia. Del mismo modo, Orbán ensalza el nacionalismo cristiano, se llama a sí mismo «defensor del cristianismo» y aboga por que los nacionalistas cristianos de Estados Unidos y Europa «unan fuerzas».

Otros asesores del Proyecto 2025 han multiplicado de manera similar sus actividades en Europa en los últimos años con el fin de exportar su agenda antiderechos al continente. El Center for Immigration Studies ha establecido vínculos con el Mathias Corvinus Collegium. La ADF ha colaborado con laboratorios de ideas húngaros y otros de extrema derecha de toda la Unión. En mayo de 2025, la filial internacional de la ADF, la Alliance Defending Freedom International (ADFI), organizó el acto «La Ley de Servicios Digitales y las amenazas a la libertad de expresión», que incluyó una mesa redonda sobre «Las leyes de censura en Internet de la UE». La ADF se ha posicionado abiertamente del lado de Musk y en contra de la DSA y se ha hecho eco de la narrativa del magnate en lo referente a que las normas de moderación de contenidos de la UE constituyen un ataque a «la libertad de expresión». No solo eso, sino que lo representa en estos asuntos.

La ADF ha recibido, asimismo, el apoyo de la Administración Trump en relación con esta labor. En junio, el embajador de Estados Unidos en el Reino Unido se reunió con miembros del personal de la ADF para hablar sobre el «preocupante estado de la libertad de expresión en el Reino Unido». Entre las reuniones de 2025, cabe mencionar una con funcionarios del Gobierno italiano para hablar sobre la subrogación, a la que se opone la ADFI, así como reuniones con eurodiputados sobre cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. La ADFI tiene oficinas en varios países europeos.

En febrero de 2026, las agendas de Trump y del Proyecto 2025 se fusionaron en un acto que tuvo lugar en el Parlamento Europeo. Celebrada bajo el lema «Libertad de expresión frente a la regulación de los discursos: fortalecimiento de los pilares de la democracia», la conferencia contó con el apoyo de Heritage y de la Alliance Defending Freedom International y la organizó la Political Networks for Values, una organización antiderechos que opera principalmente en Europa y América Latina. En ella participaron políticos de la UE pertenecientes a la agrupación de extrema derecha Patriotas por Europa. Allí, se argumentó que «promover y proteger la vida, la familia y las libertades, se consideran a menudo posturas que deben silenciarse, a veces con censura disfrazada de regulación, otras veces con violencia».

Amenazas a territorios europeos

Las amenazas de Trump van mucho más allá de librar a Europa de sus políticas «woke» y debilitar a la UE. También amenaza con invadir territorio europeo, con repetidas alusiones a quitarle Groenlandia a Dinamarca, un país aliado de la OTAN. En diciembre, nombró al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a la nación insular, con el objetivo de “convertir a Groenlandia en parte de Estados Unidos”. Groenlandia se menciona específicamente en el Proyecto 2025, que también hace hincapié en el incremento de las acciones militares de Estados Unidos en la región del Ártico. El documento reza: «La próxima Administración debería hacer suya la opinión de que la OTAN tiene que reconocer que es, en parte, una alianza del Ártico». El Proyecto 2025 aboga por una mayor implicación militar de Estados Unidos en la región para abrir y proteger las rutas marítimas.

No defiende la invasión de Groenlandia, pero sí contiene algunos párrafos sobre la necesidad de mejorar los «lazos económicos» entre Estados Unidos y la isla. Trump ha sobredimensionado claramente esta idea y lo que el presidente de Estados Unidos sugiere es más peligroso que ninguna otra medida de su agenda antieuropea, ya que esto que podría hacer saltar por los aires la OTAN. Al igual que Trump, el Proyecto 2025 no tiene en gran estima a la OTAN y sostiene que los europeos deberían asumir una mayor parte de la carga de defensa de la OTAN y ser los únicos responsables de la situación de Ucrania.

Del mismo modo, Trump ha trabajado para crear una brecha entre los países de la UE al intentar separar las negociaciones comerciales del bloque y, en su lugar, gestionarlas de forma bilateral. Todo esto ha dejado a Europa en la tesitura de decidir si su futuro está o no al lado de Estados Unidos. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha declarado que la «Pax Americana» está muerta y que es «bastante obvio» que Trump «no puede entenderse» con la UE. Estos llamamientos a la intervención directa de EE. UU. en Europa representan un cambio histórico en la relación transatlántica.

Aunque la relación entre Europa y Estados Unidos siempre ha favorecido a este último y Estados Unidos ha dominado durante mucho tiempo la OTAN, los europeos han vivido cómodamente bajo el paraguas de seguridad estadounidense durante décadas. También se han sometido voluntariamente a las reglas de un orden internacional liderado por Estados Unidos. Pero eso puede tener los días contados. Leonard Schuette, miembro del Programa de Seguridad Internacional de la Kennedy School de la Universidad de Harvard, concluye que «la segunda Administración de Trump se propone un orden [mundial] muy diferente del de prácticamente todos los presidentes estadounidenses posteriores a la Segunda Guerra Mundial».

Esto ha hecho que los europeos se cuestionen si se puede confiar en Estados Unidos. Según una encuesta de la empresa francesa Institut Elabe, casi tres cuartas partes de los franceses piensan ahora que Estados Unidos ya no es un aliado de su país. La mayoría de los británicos y una gran mayoría de los daneses, cuyos países han sido históricamente proestadounidenses, tienen ahora opiniones desfavorables sobre Estados Unidos.