Proyecto 2025

Uno de los principales empeños del Proyecto es sustituir al mayor número posible de funcionarios públicos por partidarios conservadores. De hecho, sus materiales indican que ya están seleccionando y formando a dichas personas. El Proyecto retrata a la burocracia federal como un enemigo y parte de un Estado profundo «woke» que trabaja en secreto para socavar la labor por instaurar principios conservadores en Estados Unidos. Según el pensamiento colectivo del Proyecto 2025, esta “nefasta camarilla” socava sistemáticamente los resultados electorales que favorecen a la derecha. Este es así, se alega desde el Proyecto, porque el personal de carrera a menudo se contrata debido a “la pertenencia a ciertos grupos ideológicamente afines o en función de cuestiones ilegales como la raza, la religión o el sexo”, en lugar de por méritos y aptitudes.

El plan no es solo copar la Administración pública con partidarios de la agenda de extrema derecha, ya que buena parte del Proyecto 2025 se dedica a fulminar departamentos y agencias, lo cual conlleva básicamente el desmantelamiento del Gobierno federal y conceder a la presidencia un poder ejecutivo casi ilimitado, lo que incluye al Departamento de Justicia y al FBI.

El plan es reunir a “miles de personas debidamente evaluadas y formadas de todo el país que estarán listas el 20 de enero de 2025 para comenzar a desmantelar nuestra cuarta rama de gobierno irresponsable: el Estado administrativo”. El objetivo final es “acabar con la burocracia federal” y “luchar contra el Estado profundo”. Esto último es una referencia a la célebre teoría de la conspiración de la derecha, según la cual existe una red clandestina de miembros del Gobierno federal, particularmente en el Departamento de Justicia (DOJ) y en la Oficina Federal de Investigación (FBI), que trabajan para frustrar los objetivos del movimiento conservador (han existido versiones de esta teoría durante décadas). Trump popularizó esta idea, alegando que los empleados federales estaban literalmente trabajando para destruirlo, y es un aspecto fundamental de otras teorías de la conspiración como QAnon, que Trump abrazó abiertamente. El discurso conspiranoico de Trump ha surtido efecto: más de uno de cada tres estadounidenses han terminado por creer que el Estado profundo estaba de verdad perjudicando a Trump.

En “Mandate for Leadership: The Conservative Promise” (Mandato para el liderazgo: una promesa conservadora), que expone detalladamente los planes del Proyecto, se explica cómo desmantelar la Administración pública. Contiene secciones sobre “cómo despedir a burócratas federales supuestamente “inamovibles”; cómo cerrar “oficinas y despachos despilfarradores y corruptos”; cómo amordazar la propaganda de los “woke” en todos los niveles de gobierno; cómo restaurar la autoridad constitucional del pueblo estadounidense sobre el Estado administrativo; y cómo ahorrar incontables cantidades de dinero de los contribuyentes en el proceso”. Se propone que cualquier empleado que haya participado en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y no se haya opuesto “por motivos constitucionales o morales” debería estar sujeto a “motivos que da lugar, por sí mismos, al despido”.

El Proyecto expone lo que denomina “las deficiencias concretas de la burocracia federal”, es decir, su dimensión, niveles de organización, ineficacia, gasto y falta de capacidad de respuesta a los nombramientos políticos. Se afirma que el mencionado Estado profundo está demasiado influenciado por “la ideología progresista de que se puede y se debe confiar en expertos no electos para favorecer el bienestar general en casi todos los ámbitos de la vida social”. Por lo tanto, es necesario un reordenamiento sistemático para ajustarse a los principios de extrema derecha del Proyecto.

El tipo de personas que el Proyecto 2025 pretende colocar en la Administración pública queda claro en el cuestionario de personal del Proyecto. La solicitud tiene como prefacio: “Con las recomendaciones de políticas conservadoras adecuadas y un personal debidamente evaluado y formado para aplicarlas, recuperaremos nuestro Gobierno”. En su mayor parte, la encuesta está llena de preguntas capciosas cuyo objetivo es claramente seleccionar a candidatos de extrema derecha, anti-LGBTQ+ y contrarios a las instituciones internacionales. Algunas de las cuestiones respecto a las que se pide a los solicitantes que respondan si están de acuerdo o en desacuerdo son: “El Gobierno federal debería reconocer solo dos sexos inmutables, el masculino y el femenino, como cuestión reglamentaria”, “La ONU debería tener autoridad sobre los ciudadanos o las políticas públicas de las naciones soberanas”, “El presidente debería poder avanzar en su agenda sin los obstáculos burocráticos de funcionarios federales no electos”, “La policía en Estados Unidos es sistemáticamente racista” o “Las instituciones permanentes de la familia y la religión son fundamentales para la libertad estadounidense y el bien común”.

El Proyecto 2025 ya está formando en una academia a “aspirantes a cargos con la visión, los conocimientos previos y la experiencia en gobernanza necesarios para comenzar de inmediato a revertir políticas destructivas y promover ideas conservadoras en el Gobierno federal”. Estarán dotados de conocimientos para “reconocer y abordar los peligros del Estado administrativo”.

Algo que está en el punto de mira del Proyecto 2025 son las iniciativas para mejorar la equidad racial, en especial las que se llevan a cabo mediante programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). El Proyecto considera esta labor como un ataque, como “discriminación positiva”, y alega que las iniciativas de DEI “se han convertido en los vehículos de dicha discriminación ilegal y todos los departamentos y agencias han creado planes de “equidad” para llevar a cabo estos planes dañinos”. No solo eso, el Proyecto considera que las iniciativas de DEI son parte de una “ideología de género y racial de izquierda gerencialista, [en la que] cada aspecto de la política laboral se ha convertido en un vehículo para avanzar en cuestiones de raza o sexo, entre otras, y discriminar los puntos de vista conservadores y religiosos respecto a estos y otros temas, incluidos los puntos de vista los provida”. En el mundo al revés del Proyecto 2025, las iniciativas para mejorar la equidad son en realidad una forma de “formulación de políticas racistas” a las que hay que “oponerse con fuerza y revertirlas”. El Proyecto 2025 considera que poner fin a los programas de DEI es una forma de detener a los «revolucionarios que “woke” […] que creen que Estados Unidos es, y siempre ha sido, “sistemáticamente racista” y que no es una nación que merezca alabanza alguna”. Para ellos, su antagonismo es una manera de volver a “los ideales estadounidenses, las familias estadounidenses y la cultura estadounidense, todo aquello en lo que, afortunadamente, aún cree la mayoría de los estadounidenses”.

Hay múltiples llamamientos a destruir la “agenda de Diversidad y Equidad (DEI)” mediante el despido o la exclusión de todo “ejecutor y beneficiario que se dedique a la agitación ideológica en nombre de la agenda DEI”. El Proyecto pondría fin a las iniciativas para mejorar la equidad racial que, según afirman, el Gobierno de Biden “ha favorecido […] en todos los ámbitos de nuestra vida nacional, incluido el empleo, y ha consentido el uso de clasificaciones y preferencias raciales bajo el pretexto de la DEI y la “Teoría crítica de la raza”, que clasifica a las personas como opresoras y víctimas en función de su raza”. El Proyecto pide que se acabe con la “formación respecto a clasificaciones raciales y la “Teoría crítica de la raza” (CRT)” y aboga por una orden ejecutiva que prohíba la formación en CRT, una nueva ley que prohíba el uso del dinero de los contribuyentes para financiar la formación en CRT y la eliminación de cualquier tipo de recopilación de datos sobre igualdad de oportunidades en el empleo que se utilice para evaluar la diversidad de la población activa.

El Proyecto aboga por que la próxima Administración “tome medidas positivas para exponer y erradicar la práctica de la “Teoría crítica de la raza” y la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) en todo el Departamento del Tesoro” y en el resto de departamentos. Del mismo modo, el plan pretende que el Departamento de Educación ponga fin a la “propaganda antiamericana en las aulas de Estados Unidos”. En el caso de que alguien persista iniciativas de DEI, se exige su despido.

Bajo el lema de “Restaurar la familia”, el Proyecto 2025 se propone eliminar las protecciones para la comunidad LGBTQ+, que es incompatible con la “familia tradicional estadounidense” y cuyos derechos civiles se consideran contrarios a los principios religiosos del Proyecto. El Proyecto privilegiaría “la autoridad, la formación y la cohesión familiares como su principal prioridad e incluso utilizaría el poder del Gobierno, como por ejemplo la normativa tributaria” para favorecer a las familias tradicionales. Según el Proyecto, “las familias compuestas por una madre y un padre casados y sus hijos son la base de una nación bien ordenada y una sociedad sana. Por desgracia, las políticas y los programas familiares del Departamento de Salud y Servicios Humanos están plagados de cuestiones de la agenda de “equidad LGBTQ+”, ya que dan subsidios a madres solteras, desincentivan el trabajo y penalizan el matrimonio. Tales políticas deberían derogarse y sustituirse por políticas que favorezcan la creación de familias estables, casadas y nucleares”. El Proyecto afirma falsamente que solo las familias heterosexuales con dos progenitores son seguras para las infancias y que “todas las demás formas de familia implican mayores niveles de inestabilidad (la duración media de los matrimonios entre personas del mismo sexo es la mitad que la de los matrimonios heterosexuales); estrés económico o pobreza; y malos resultados conductuales, psicológicos o educativos”. (Sus datos sobre la duración de los matrimonios son falsos).

El plan pide al próximo presidente que “blinde las instituciones de la sociedad civil estadounidense contra los guerreros de la cultura “woke”. Para ello, aboga por “eliminar los términos orientación sexual e identidad de género (“SOGI”), diversidad, equidad e inclusión (“DEI”), género, igualdad de género, equidad de género, conciencia de género, orientado al género, aborto, salud reproductiva, derechos reproductivos y cualquier otro término utilizado para privar a los estadounidenses de sus derechos de la Primera Enmienda de todas las normas federales, reglamentos de organismos, contratos, subvenciones, regulaciones y leyes vigentes”. Pide, además, que las “declaraciones de políticas antidiscriminatorias” del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) “nunca confundan el sexo con la identidad de género o la orientación sexual”. Exige cambios en el Título VII y pide una restricción de la “aplicación de las protecciones contra la discriminación sexual a la orientación sexual y al estatus transgénero en el contexto de la contratación y el despido” de Bostock (Bostock contra el Condado de Clayton) y que se deroguen “las normas que prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, condición de transgénero y características sexuales”. La discriminación por sexo debe limitarse a un “significado binario biológico”. Además, pide al secretario del HHS que “declare con orgullo que los hombres y las mujeres son realidades biológicas cruciales para el avance de las ciencias de la vida y la atención médica y que los hombres y las mujeres casados son la estructura familiar idónea y natural porque todos los niños tienen derecho que los críen los hombres y las mujeres que los concibieron”.

El Proyecto deshumaniza a la comunidad transgénero mediante afirmaciones infundadas e hiperbólicas como que “los niños sufren la normalización tóxica del transgenerismo con las “drag queens” y la pornografía que invaden sus bibliotecas escolares”. Se vincula repetidamente a las personas transgénero con la pornografía y se llega a decir que “la pornografía, que se manifiesta hoy en la propagación omnipresente de la ideología transgénero y la sexualización de los niños, por ejemplo, no es un nudo gordiano político que une inextricablemente afirmaciones dispares sobre la libertad de expresión, los derechos de propiedad, la liberación sexual y el bienestar infantil”. En un determinado punto, el Proyecto ataca al Departamento de Justicia (DOJ) por socavar los deportes femeninos y ceder en dicha cuestión para “satisfacer a los extremistas transgénero”. El Proyecto también equipara la atención médica de afirmación de género con el abuso infantil (una postura que rechaza completamente el sistema médico). Se pide a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que vuelvan a emitir una determinación de cobertura nacional transgénero más estricta, lo que restringiría la atención médica para dicha comunidad.

En su afán por “promover la vida y fortalecer la familia”, el Proyecto quiere abolir el Consejo de Políticas de Género, lo que “eliminaría un importante foco de fomento del aborto (“servicios de salud”); la educación sexual integral (“educación”); y la nueva ideología de género “woke”, que tiene como principio fundamental la “atención de afirmación de género” y las cirugías de “cambio de sexo” en menores”. Afirman que los Institutos Nacionales de Salud (NIH) llevan mucho tiempo “encabezando el fomento de la ciencia de género basura” y que un secretario conservador del HHS debería poner fin de inmediato “a la incursión del departamento en el activismo transgénero”. En cambio, los NIH deberían “financiar estudios sobre los efectos negativos a corto y largo plazo de las intervenciones transexuales, incluida la “afirmación”, los bloqueadores de la pubertad, las hormonas y cirugías transexuales, así como la probabilidad de desistencia [sic] si a los jóvenes se les brinda asesoramiento que no incluya intervenciones médicas o sociales”. También se debe hacer hincapié en la labor por “reafirmar el papel que desempeñan los padres en la vida de sus hijos” y “se debe enseñar a los padres sobre la base de una comprensión biológica y sociológica de lo que significa ser un padre, no un progenitor neutral desde el punto de vista del género”.

Por último, el Proyecto pide al Departamento de Estado que abandone las iniciativas a favor de la comunidad LGBTQ+ en África, donde se están proponiendo o se han promulgado leyes punitivas contra la comunidad, como la reciente aprobación en Uganda de una ley que criminaliza la conducta homosexual y que incluye la posibilidad de pena de muerte para los condenados por “homosexualidad agravada”.

Es en el ámbito de la salud de las mujeres donde las opiniones nacionalistas cristianas de los creadores del Proyecto 2025 revelan su verdadera naturaleza.

No debería sorprendernos que una iniciativa de extrema derecha de este tipo quiera prohibir de forma inequívoca cualquier tipo de aborto y restringir la autonomía corporal y la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las personas.

El Proyecto reza: “El próximo presidente conservador debería trabajar con el Congreso para promulgar las protecciones más sólidas posibles para los no nacidos, que el Congreso respaldará al tiempo que hace uso de los poderes federales en vigor para proteger las vidas inocentes y cumple enérgicamente con las prohibiciones legales sobre la financiación federal del aborto”. Pero van más allá y piden la prohibición de las «píldoras abortivas» y encarga al Departamento de Justicia (DOJ) que procese penalmente a los proveedores y distribuidores de dichos medicamentos.

Se afirma que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) “no ha cumplido con sus obligaciones legales de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de las niñas y las mujeres. Nunca estudió la seguridad de los medicamentos en las condiciones de uso etiquetadas, ignoró los posibles efectos del régimen de bloqueo hormonal en los cuerpos en desarrollo de las adolescentes, hizo caso omiso de las pruebas sustanciales de que los medicamentos para el aborto químico causan más complicaciones que los abortos quirúrgicos y eliminó las salvaguardias necesarias para las niñas y mujeres embarazadas que se someten a este peligroso régimen de medicamentos”. Pondrían fin a la financiación de Medicaid para los servicios sanitarios de Planned Parenthood, eliminarían el aborto de los planes de salud y transformarían el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en “el Departamento de la Vida, al rechazar explícitamente la noción de que el aborto es atención sanitaria”. El HHS debe “seguir una agenda estricta para proteger el derecho fundamental a la vida, proteger los derechos de objeción de conciencia y defender la integridad corporal basada en realidades biológicas, no en ideologías”. Se sostiene que “el aborto [no es] atención médica” y que ninguna agencia federal debería tratarlo como tal. Además, exigen una nueva legislación, la Ley de Protección de la Vida y de los Contribuyentes, para “dejar de financiar a los proveedores de abortos, como Planned Parenthood”. Tratarían las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados “centrándose en el fortalecimiento del matrimonio y la evitación del riesgo sexual”, en lugar de hacer uso de los tratamientos aconsejados por los médicos. Asimismo, se pide a las agencias federales que produzcan “investigaciones” politizadas que respalden las creencias del Proyecto sobre los efectos negativos del aborto para la salud (la Asociación Americana de Psicología informa de que las investigaciones científicas de todo el mundo demuestran que abortar no está relacionado con problemas de salud mental, pero que restringir el acceso al procedimiento sí lo está).

El Proyecto obligaría a todos los estadounidenses, en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el caso Roe y que dejó la regulación del aborto en manos de los estados, a acatar los deseos de aquellos estadounidenses para quienes el aborto “viola los derechos de objeción de conciencia y libertad religiosa”. El Proyecto prohibiría la “financiación de viajes para abortos” a todos los estadounidenses y anularía la orden ejecutiva de Biden que permite al secretario del HHS “emplear su autoridad en virtud de la Sección 1115 para renunciar a ciertas disposiciones de la ley con el fin de utilizar los fondos de los contribuyentes para lograr el objetivo de la Administración de ayudar a las mujeres a viajar fuera de sus estados para abortar”. Afirman que la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia (OLC del DOJ) emitió un dictamen jurídico politizado cuando dictaminó que la orden de Biden no entraba en conflicto con la Enmienda Hyde, que prohíbe la financiación federal de los servicios de aborto, pero no se lo impide a los estados.

Se exige a los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) que cancelen los proyectos que “no respeten la vida humana y los derechos de objeción conciencia y que socaven la creación de familias”. Los CDC deberían refrendar los estudios “sobre los riesgos y las complicaciones del aborto y garantizar que se corrige y no se promueve la desinformación sobre las ventajas comparativas para la salud física y mental del parto frente al riesgo para la salud física y mental acabar deliberadamente con una vida humana mediante el aborto”. Igualmente, solicitan a los CDC que recopilen datos de los estados a los que se recurre para el “turismo del aborto” y datos sobre los resultados médicos relacionados con el aborto. También se acusa a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de “trasladar a menores [embarazadas] a través de las fronteras estatales desde estados provida a estados favorables al aborto”, aparentemente “para ser víctimas de la industria del aborto”.

Por último, el Proyecto ataca la anticoncepción de diversas formas, como por ejemplo presionando para retirar la píldora del día después, y sugiere en su lugar que “los métodos de planificación familiar basados en la conciencia de la fertilidad [el método del ritmo, que es mucho menos eficaz que los anticonceptivos] formen parte de los servicios preventivos para las mujeres en virtud de la ACA [Ley de Asistencia Asequible]”. En resumen, el Proyecto restringiría todo lo posible cualquier acceso a aquellos servicios que considere relacionados con el aborto, como la anticoncepción, si es necesario, incluso en aquellos estados que han optado por mantener la legalidad del procedimiento.

Uno de los pilares del Proyecto 2025 es “defender nuestras fronteras”; se demoniza a los inmigrantes y se los tacha de plaga que acarrea delincuencia. Según el Proyecto, “se permite salir de los centros de internamiento a miles de extranjeros ilegales que después se adentran en Estados Unidos, donde muchos cometen delitos”. Proponen políticas de inmigración exageradamente estrictas que incluyen ciudades de tiendas de campaña y la restricción del asilo para quienes huyen de la violencia de las bandas y la violencia doméstica. Se propone desmantelar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ubicar todas las actividades relacionadas con la inmigración de toda la Administración en una sola agencia. Acabar con el DHS no solo corregiría las supuestas deficiencias en materia de inmigración, sino que abordaría el problema que supone que el DHS esté influenciado por “el “wokismo” y el hostigamiento de la izquierda a aquellos estadounidenses a quienes la izquierda percibe como sus adversarios políticos”. Aunque no se verbaliza, es probable que esto responda a un rechazo del trabajo del DHS por acabar con los terroristas nacionales de extrema derecha, en gran parte supremacistas blancos y milicias antigubernamentales, a quienes el FBI y la mayoría de las agencias federales han señalado como la principal amenaza en términos de terrorismo nacional en Estados Unidos. El llamamiento a cerrar la Oficina de Inteligencia y Análisis, que según el Proyecto “se utiliza como arma con fines políticos internos”, sustenta dicha conjetura, ya que es desde ahí desde donde se controlan las amenazas extremistas nacionales de extrema derecha por parte del DHS.

El Proyecto 2025 quiere restringir el asilo, poner fin a la “migración en cadena” y autorizar a las fuerzas del orden estatales y locales a participar en la seguridad fronteriza y de inmigración. Acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de “ayudar a los inmigrantes a entrar en nuestro país de forma criminal y con impunidad”. El plan intensificaría las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), crearía una “norma única de detención a escala nacional” e introduciría a las fuerzas policiales locales en el sistema de inmigración, lo que mermaría la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades. El Proyecto aboga por “la flexibilidad de utilizar un gran número de instalaciones temporales, como tiendas de campaña” para alojar a los inmigrantes y la restricción de los visados T, concedidos a las víctimas de la trata de seres humanos, y de los visados U, destinados a ayudar a las víctimas de delitos que sufren abusos mentales o físicos, bajo la premisa de que “la victimización no debe ser una base para prestaciones en materia de inmigración”. Se dificultaría el asilo y se prohibirían las ciudades santuario.

Otras agencias, incluido el Departamento de Justicia (DOJ), deberían ayudar al DHS a hacer cumplir las políticas de inmigración y a clausurar las jurisdicciones “santuario”. El Proyecto también reordenaría el diseño burocrático de ciertos departamentos de inmigración, trasladando la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) al DHS y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del DOJ al DHS, además de consolidar los departamentos relacionados con la inmigración del DHS en una sola entidad. El Proyecto alega que “el HHS y la ORR (Oficina de Reasentamiento de Refugiados) han olvidado su misión original de reasentamiento de refugiados y, en su lugar, han proporcionado una panoplia de programas gratuitos que incentiva a la gente a entrar en Estados Unidos de forma ilegal”.

El Proyecto propone, además, destinar a los militares a operaciones de protección de las fronteras, lo que significa que se militarizarían las fronteras, y a que presten ayuda en la ampliación del muro fronterizo.

El Proyecto 2025 pondría fin a los programas para abordar el cambio climático, que denominan «fanatismo climático», y a muchas otras iniciativas de protección del medioambiente.

Describen al Gobierno de Biden como partidario de una “política climática radical” y les ha sentado especialmente mal que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se declare una “agencia climática”. También tildan a la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de “agencia coercitiva, llena de activistas infiltrados”. En el mundo del Proyecto 2025, las protecciones medioambientales en realidad perjudican a «los ancianos, los pobres y los vulnerables” y el ecologismo se ha convertido en una “pseudorreligión cuyo fin es bautizar la búsqueda despiadada de poder absoluto de los liberales en el agua bendita de la virtud medioambiental. En su esencia, el extremismo medioambiental es claramente antihumano”. El Proyecto recomienda incluso acabar con medidas como las normas de eficiencia de los electrodomésticos. Consideran que el Gobierno de Biden «cataloga erróneamente el estado de nuestro medioambiente en general y los daños reales que son razonablemente atribuibles al cambio climático, lo cual es uno de los instrumentos predilectos de la izquierda para asustar al público estadounidense y que se acepten sus regulaciones ineficaces y contrarias a la libertad, la disminución de los derechos de propiedad privada y los costes exorbitantes». No debe sorprender este lenguaje disparatado, ya que entre los partidarios del Proyecto hay muchos negacionistas del cambio climático o que desconfían de las iniciativas para avanzar en las políticas de energía limpia y proteger el medioambiente.

El alarmismo en torno a las políticas de energía limpia es un recurso habitual para ellos. El Gobierno debería anular cualquier regulación que se interponga en el camino de la “innovación energética del sector privado” y la EPA debe dejar de “estrangular la producción nacional de energía”. Se pondría fin a iniciativas como la Oficina del Centro Climático y se abandonaría cualquier acuerdo internacional en materia cambio climático, como el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Departamento de Energía (DOE) debería acabar con la “guerra no provocada contra los combustibles fósiles, restaurar la independencia energética de Estados Unidos, oponerse a los molinos de viento construidos a expensas del contribuyente y respetar el derecho de los estadounidenses a comprar y conducir los coches que elijan, en lugar de intentar obligarles a utilizar vehículos eléctricos y, en última instancia, a dejar que el asiento del conductor lo ocupen robots autónomos”. Una reforma del Departamento del Interior eliminaría las protecciones para las especies en peligro de extinción, abriría muchas zonas al desarrollo de explotaciones de petróleo, gas y carbón y terminaría con las protecciones para las tierras de propiedad federal. El Proyecto también aconseja insistentemente al Gobierno que no intervenga en la promoción de los “objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG)” que muchas empresas e inversores adoptan para así gestionar eficazmente sus repercusiones negativas en el medioambiente y la sociedad.

El Proyecto está especialmente preocupado por la labor de la USAID en pos de atajar el cambio climático. Abogan por cancelar “todas las políticas climáticas de sus programas de ayuda exterior (concretamente la Estrategia Climática 2022-2030 de la USAID); clausurar las oficinas, los programas y las directivas de la agencia diseñados para avanzar en el Acuerdo Climático de París; y limitar estrictamente la financiación a las iniciativas tradicionales de mitigación del cambio climático”. Además, la USAID debe “dejar de colaborar y de financiar a fundaciones progresistas, empresas, instituciones internacionales y ONG que defienden el fanatismo climático”.

El Proyecto 2025 presenta al Pentágono como uno de los sectores más “woke” del Gobierno federal, una “institución profundamente problemática” que supuestamente ha dejado de lado su misión de combatir el marxismo. Desde el Proyecto 2025 se afirma que el Pentágono alecciona respecto al “privilegio blanco” y que ha “priorizado la política izquierdista sobre la preparación militar”, por lo que debe “eliminar el adoctrinamiento marxista y los controvertidos programas de “Teoría crítica de la raza” y acabar con las oficinas y el personal de diversidad, equidad e inclusión recién establecidos”. La Heritage Foundation, principal impulsora del Proyecto, describe el marxismo cultural de la siguiente manera: “[Los marxistas estadounidenses] encubren sus objetivos bajo el pretexto de la justicia social y ahora se proponen desmantelar los cimientos de la república estadounidense reescribiendo la historia, reintroduciendo el racismo, creando clases privilegiadas y determinando lo que se puede decir en el discurso público, el ejército y los lugares de culto. A menos que se vuelva a derrotar al pensamiento marxista, los marxistas culturales de hoy lograrán lo que la Unión Soviética nunca pudo: la subyugación de Estados Unidos a una ideología totalitaria y destructora del alma”. La teoría de la conspiración del marxismo cultural la desarrollaron originalmente supremacistas blancos y antisemitas, pero la extrema derecha la ha ido interiorizando cada vez más. Además, se pide que se auditen “los cursos que se ofrecen en las academias militares para eliminar el adoctrinamiento marxista”. (Muchas de estas disposiciones ya están incluidas en la polémica propuesta de 2024 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos respecto a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, o NDAA, que establece cada año la financiación de nuestras fuerzas armadas y nuestra seguridad nacional. A principios de noviembre de 2023 no se había aprobado ninguna NDAA).

El Proyecto afirma, además, que el cuerpo de oficiales está dominado por aquellos a los que Obama nombró, lo cual corrompe la organización y favorece la mencionada agenda marxista, por lo que se necesita una transformación integral para «priorizar las funciones y responsabilidades básicas de los militares sobre la ingeniería social y los asuntos no relacionados con la defensa, incluidos el cambio climático, la “Teoría crítica de la raza”, el extremismo prefabricado y otras políticas polarizadoras que debilitan a nuestras fuerzas armadas y disuaden a los mejores hombres y mujeres de nuestra nación de alistarse”. Exigen que el próximo presidente “ponga fin a la experimentación social de la izquierda con el ejército, restablezca la lucha bélica como su única misión y establezca como máxima prioridad derrotar la amenaza del Partido Comunista Chino”.

Resulta especialmente inquietante que el Proyecto ataque el “extremismo prefabricado”. Tanto los soldados en servicio activo como los veteranos han sido fundamentales en la lucha contra el terrorismo nacional de corte supremacista blanco y antigubernamental en Estados Unidos y en acontecimientos como la insurrección del Capitolio del 6 de enero de 2021. Los conservadores ya han puesto trabas a las iniciativas para hacer frente al extremismo que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, puso en marcha tras el 6 de enero, y se ha despojado a la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2024 de las medidas para contrarrestar el extremismo, ya que los cargos electos republicanos han alegado que difaman a las Fuerzas Armadas y perjudican el reclutamiento. Dejar de lado la lucha contra los extremistas en el ejército hará sin duda que los estadounidenses estén menos seguros.

El Proyecto también tiene como objetivo revertir “las políticas que permiten a las personas transgénero servir en las Fuerzas Armadas” y expulsar a “aquellos con disforia de género”, expresión con la que probablemente se refirieran a las personas transgénero. Se afirma que la “disforia de género” es incompatible con el servicio militar y que “debe ponerse fin al uso de dinero público para cirugías transgénero o para facilitar el aborto a los miembros del Ejército”. Por otra parte, están especialmente obsesionados con la idea de que la obligación de llevar mascarilla o vacunarse ha debilitado de algún modo a las Fuerzas Armadas, a pesar de que se ha eliminado el requisito de vacunación contra el COVID.

Buena parte del Proyecto 2025 gira en torno a cambiar la naturaleza del sistema de educación pública de Estados Unidos para eliminar elementos del plan de estudios que se consideran demasiado “woke” y que supuestamente “introducen propaganda racista, antiamericana y ahistórica en las aulas de Estados Unidos”. El Proyecto considera que las escuelas públicas envenenan y adoctrinan a los niños con ideologías izquierdistas y socavan el papel de los padres en la educación de sus hijos, por lo que aboga por una escolarización privada (a menudo religiosa) pagada con dinero público. Cerrarían el Departamento de Educación (DOE), al que denominan “ventanilla única del cártel de la educación progresista”, y devolverían toda la responsabilidad de la educación a los estados.

El Proyecto quiere reformar el plan de estudios de las escuelas públicas para eliminar los “nocivos principios de la “Teoría crítica de la raza” y la ideología de género” que, según se afirma, “envenenan” a nuestros hijos. Consideran que las escuelas públicas velan más por los intereses de los “defensores de izquierda cuyo fin es el adoctrinamiento” que por los de los padres. El plan alteraría radicalmente la escolarización pública al instituir la elección universal de escuelas y subvencionar la asistencia a escuelas privadas, incluidas las religiosas. Se considera que el Departamento de Educación (DOE) “no se preocupa especialmente por la educación de los niños”. El DOE sería “un ejemplo de intrusión federal en un ámbito tradicionalmente estatal y local”, por lo que debe clausurarse. Si esto no pudiera hacerse, el secretario de Educación “debería insistir en que el Departamento sirva a los padres y a los ideales estadounidenses, no a los defensores cuyo mensaje es que los niños pueden elegir su propio sexo, que Estados Unidos es “sistémicamente racista”, que las matemáticas en sí mismas son racistas y que el ideal de Martin Luther King, Jr. de una sociedad que no tenga en cuenta el color debe rechazarse en favor de restablecer una sociedad consciente del color”.

El Proyecto afirma que “la ejecución de los derechos civiles debe basarse en una comprensión adecuada de dichas leyes, rechazando la ideología de género y la “Teoría crítica de la raza” y garantizando que el Título IX se haga cumplir en función de “el sexo biológico reconocido al nacer”. Atacan a la “Teoría crítica de la raza” (CRT) por considerarla especialmente peligrosa y argumentan que, en su dimensión “aplicada”, sus partidarios “creen que el racismo (en este caso, tratar a las personas de forma diferente en función de su raza) es apropiado, e incluso necesario, lo que convierte a la teoría en algo más que una mera herramienta analítica para describir la raza en la vida pública y privada”. Socava “los ideales fundacionales de libertad y oportunidades de Estados Unidos” y, cuando se introduce en las escuelas, conduce a “grupos de afinidad obligatorios, programas de formación de profesores en los que se exige a los educadores que confiesen sus privilegios o tareas escolares en las que los estudiantes deben defender la falsa idea de que Estados Unidos es sistémicamente racista”, todo ello supuestamente “perturbando los valores que mantienen unidas a las comunidades, como la igualdad ante la ley y la no diferenciación entre razas”. Además de lo referente a la CRT, se debe demostrar que la “ideología radical de género” tiene un “efecto devastador en los niños en edad escolar de hoy, especialmente en las niñas”. Los nombres y los pronombres deben basarse en los certificados de nacimiento y no debe “obligarse” a ningún empleado o profesional educativo a usar un pronombre que no coincida con el sexo biológico de la persona, ya que eso iría en contra de sus convicciones religiosas o morales.

El Proyecto 2025 se opone a los marcos actuales de derechos humanos y apuesta por abandonar las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Afirman que las organizaciones internacionales “se utilizan para promover políticas sociales radicales como si fueran prioridades en materia de derechos humanos” y que la próxima Administración “debe promover una interpretación estricta basada en el texto de las obligaciones de los tratados que no considere los tratados de derechos humanos como “instrumentos vivos”. Se quiere volver al enfoque del Gobierno de Trump de forjar un consenso “entre países afines en apoyo de la vida humana, la salud de las mujeres, el fomento de la familia como unidad básica de la sociedad humana y la defensa de la soberanía nacional”, tal y como se conceptualiza en la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Salud de la Mujer y la Protección de la Familia, encabezada por el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo.

El Consenso de Ginebra no es un documento de la ONU y no tiene validez jurídica internacional, sino que se forjó entre Estados eminentemente autoritarios que pretenden socavar los derechos de salud sexual y reproductiva en todo el mundo, en particular el acceso a servicios de aborto seguro, y restringir los derechos de la comunidad LGBTQ+. Amnistía Internacional EE. UU. declaró que los signatarios estaban «poniendo en peligro deliberadamente la salud y la vida de las personas» y otros acusaron a los signatarios de estar motivados por el deseo de socavar las instituciones internacionales establecidas y de menoscabar los derechos de las mujeres. El lenguaje del texto, que afirma que la familia es “la unidad de grupo natural y fundamental de la sociedad”, tiene un significado claro para los países que restringen los derechos LGBTQ+, muchos de los cuales firmaron la declaración, incluidos Egipto, Hungría y Uganda. Para el Proyecto, el Consenso de Ginebra debería orientar todos los compromisos de la política exterior de Estados Unidos y el Gobierno “no debe ni puede promover o financiar el aborto en programas internacionales u organizaciones multilaterales”.

Una parte importante del Proyecto pone el foco sobre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ya que esta ya no apoya las políticas “provida” y “favorables a la familia” y socava la visión del Proyecto de la «libertad religiosa». La agencia se reformaría por completo para abandonar su actual “agenda política y cultural generadora de enfrentamientos que promueve el aborto, el extremismo climático, el radicalismo de género y las intervenciones contra el racismo sistémico percibido”. La agencia debe “desradicalizarse”, poner fin a las iniciativas de DEI, suprimir el cargo de director de Diversidad y “emitir una directiva para suspender la promoción de la agenda DEI, incluida la agenda referente al acoso a la comunidad LGBTQ+”. Tienen la intención de cambiar el nombre de las oficinas de la USAID relacionadas con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y de nombrar para el puesto de coordinador superior de género a una persona “abiertamente provida”. El cargo pasará a denominarse “coordinador ejecutivo de la Oficina de la Mujer, el Niño y la Familia”. Del mismo modo, se desharán de los «más de 180 asesores y puntos de contacto sobre género […] integrados en las misiones y operaciones” y se eliminarán “todas las referencias, ejemplos, definiciones, fotos y lenguaje de los sitios web de la USAID, de las publicaciones y políticas de la agencia y de todos los contratos y subvenciones de la agencia que incluyan los siguientes términos: “género”, “igualdad de género”, “equidad de género”, “individuos con diversidad de género”, “conciencia de género”, “orientado al género”, etc.”. También deben eliminarse todas “las referencias a “aborto”, “salud reproductiva” y “derechos sexuales y reproductivos” y los materiales controvertidos de educación sexual”. Estas medidas pondrán fin a “la promoción del radicalismo de género”, que supuestamente causa resentimiento al vincular la asistencia vital a “rechazar los valores fundamentales firmemente arraigados del receptor de la ayuda con respecto a la sexualidad y produce consternación y confusión innecesarias e incluso un sesgo absoluto contra los hombres”. La USAID debe impedir que la ayuda exterior de Estados Unidos “apoye a la industria mundial del aborto”.

Otras organizaciones internacionales que el Proyecto sugiere que Estados Unidos abandone son la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El grupo de expertos de extrema derecha Heritage Foundation coordina muchos elementos del Proyecto 2025 y aloja el sitio web y los materiales, incluido el documento de 900 páginas “Mandate for Leadership: The Conservative Promise” (Mandato para el liderazgo: una promesa conservadora), que detalla sus planes para reformar la próxima Administración presidencial. El Proyecto lo encabezan el director de Heritage, Paul Dans, y el director adjunto, Spencer Chretien, ambos antiguos funcionarios del Gobierno de Trump.

Para asesorar en relación con la agenda del Proyecto 2025 y promoverla, Heritage ha reunido una coalición de más de 80 grupos de extrema derecha, que no para de crecer, que toman parte en todo, desde la difusión del odio contra las comunidades LGBTQ+, los inmigrantes, los musulmanes y las personas racializadas hasta la propagación de desinformación médica, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo electoral y el rechazo de la autonomía corporal de las mujeres.

En los últimos años, la Heritage Foundation se ha ido desplazando cada vez más hacia la derecha, dejando atrás su historial “reaganista” de los años de Trump para adoptar unos postulados más radicales. Al menos 66 empleados actuales y antiguos discípulos trabajaron en la Administración de Trump. Un ejemplo de este extremismo creciente es el ataque de Heritage al movimiento Black Lives Matter, con la publicación en 2021 de “BLM: The New Making of a Marxist Revolution” (BLM: el nuevo intento de revolución marxista) por parte del miembro ejecutivo Mike González. En un comunicado de prensa en relación con el libro se afirmaba que los líderes de BLM son “marxistas declarados que dicen que quieren acabar con nuestro estilo de vida […] y que aprovecharon el vídeo que muestra el sufrimiento de George Floyd como pretexto para desatar la insurgencia en todo el país”.

En 2021, Heritage presionó a los estados controlados por los republicanos para que prohibieran o restringieran la “Teoría crítica de la raza”, algo que no se enseña en las escuelas públicas, y trató de persuadir a los republicanos del Congreso para que incluyeran disposiciones contra la “Teoría crítica de la raza” en leyes como el proyecto de Ley Anual de Gastos de Defensa. El proyecto de Ley de Gastos de Defensa propuesto para 2023 incluía tales disposiciones, junto con una merma de los derechos LGBTQ+ y de la atención médica las mujeres. En noviembre de 2023 no se había aprobado ningún proyecto de ley definitivo. Heritage se ha opuesto tajantemente a los derechos de las personas transgénero, lo que incluye la organización de varios actos antitransgénero o el desarrollo y el apoyo a una legislación modelo contra los derechos de las personas transgénero. También ha hecho declaraciones sobre la atención sanitaria de los jóvenes transgénero y las tasas de suicidio, que contradicen numerosos estudios científicos revisados por pares. Heritage es una organización que niega el cambio climático.

También ha promovido falsas afirmaciones de fraude electoral. Hans von Spakovsky, que encabeza su Iniciativa de Reforma de la Ley Electoral, lleva mucho tiempo sembrando el alarmismo entre los conservadores sobre el fraude electoral, de lo que existen pocas pruebas o ninguna. Su trabajo, que afirma que el fraude electoral es rampante, ha sido desacreditado. En 2021, Heritage Action emitió anuncios televisivos en Arizona para promover la falsa afirmación de que «los demócratas […] quieren registrar a los extranjeros ilegales» para que voten.

American Center for Law and Justice Action (ACLJA): el ACLJA es el grupo de choque del American Center for Law and Justice, un grupo anti-LGBTQ+ dirigido por el abogado de Trump, Jay Sekulow, y fundado por Pat Robertson, uno de los padres de la derecha cristiana de Estados Unidos. El ACLJ promueve leyes cristianas conservadoras en África, incluido el apoyo a la criminalización de la homosexualidad en Uganda. También es antimusulmán. En noviembre de 2010, el ACLJ pidió al Departamento de Justicia que investigara la sesión semanal de oración de la Asociación de Empleados Musulmanes del Congreso en el Capitolio, alegando que la organización demostraba “un patrón de invitación a extremistas islámicos con vínculos con el terrorismo a participar en estos actos”. El ACLJ intentó también detener la construcción de un centro cultural islámico cerca del antiguo emplazamiento del World Trade Center, apelando a la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de la ciudad de Nueva York.

Alliance Defending Freedom (ADF): la ADF lleva mucho tiempo trabajando para restringir los derechos LGBTQ+ en el país y en el extranjero, esto último a través de ADF International. Fundada en 1994 por 35 líderes de la derecha cristiana, la ADF lleva décadas trabajando para desmantelar los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+. Ha presionado para impedir el acceso a la anticoncepción y al aborto, ha abogado por la criminalización de los actos sexuales consentidos entre adultos LGBTQ+ en Estados Unidos y en el extranjero, ha fomentado teorías de la conspiración sobre una “agenda homosexual” que destruye las sociedades, ha argumentado en falso que las personas LGBTQ+ tienen más probabilidades de ser pedófilas, ha trabajado para negar derechos a las personas transgénero, ha desarrollado una legislación modelo para permitir la negación de bienes y servicios a las personas LGBTQ+ bajo la máscara de “libertad religiosa” y ha presionado para que se nombre a jueces que defiendan su agenda. El Southern Poverty Law Center considera a la ADF como un grupo de odio anti-LGBTQ+. Su antiguo director ejecutivo, Michael P. Farris, un aliado de Trump, fue clave en el desarrollo de una iniciativa para anular las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. La ADF ha tenido un éxito inusual en su labor jurídica, llevando casos al Tribunal Supremo que han anulado derechos LGBTQ+ y las protecciones al aborto. Actualmente, la ADF está a la espera de una decisión del Tribunal Supremo sobre su recurso contra una sentencia de un tribunal federal que confirma las prohibiciones estatales de la terapia de conversión para menores. La ADF representó a una agencia de adopción cristiana de Tennessee que se negó a prestar servicios a una pareja judía, lo que provocó la indignación de la comunidad religiosa, que en una carta escribió: “Alliance Defending Freedom se hace llamar una organización “cristiana” y al mismo tiempo intenta introducirse en nuestras comunidades locales difundiendo mensajes de odio y división. Han llegado a negarle a un niño dos buenos padres debido a su fe judía. Como líderes religiosos, debemos unirnos y condenar a los grupos que pretenden distorsionar las Sagradas Escrituras y justificar un programa que perjudica a nuestras comunidades y contradice los mandamientos de Dios de amarnos los unos a los otros. Lo que hacen es una distorsión y una perversión de la fe cristiana”. Una publicación de 2014 de su sitio web rezaba: “Alliance Defending Freedom se propone recuperar la sólida teología de la Cristiandad de los siglos III, IV y V”, lo que indica que les gustaría volver a la época medieval.

American Family Association (AFA): la visión declarada de la AFA “es ser una organización líder en la formación de la cosmovisión bíblica para la transformación cultural” y entre sus valores fundamentales está la creencia de que “la verdadera moralidad fluye de los principios bíblicos y dirige a las personas a la manera en que Dios quiere que vivan”. La AFA se ha pronunciado enérgicamente contra los derechos LGBTQ+ y el matrimonio entre personas del mismo sexo o contra permitir que los miembros de la comunidad LGBTQ+ sirvan en las Fuerzas Armadas. El grupo equipara con frecuencia la homosexualidad con la pedofilia y sostiene que existe una “agenda homosexual” en marcha que provocará la caída de la civilización estadounidense (y, en última instancia, la occidental). En un artículo de octubre de 2004, el AFA Journal sugirió que las influencias homosexuales están conduciendo a una “cultura grotesca” que incluirá “devaneos en los baños entre los niños de secundaria”. A lo largo de los años, sus directores han realizado muchos comentarios despectivos sobre la comunidad LGBTQ+, como el comentario de Bryan Fischer en 2010 de que “la homosexualidad nos dio a Adolf Hitler y los homosexuales en el ejército nos dieron a los Camisas Pardas, la maquinaria de guerra nazi y seis millones de judíos muertos”. Son además profundamente antimusulmanes, como queda claro en lo que el líder de la AFA, Tim Wildmon, escribió en 2012: “[El islam] es, a todos los efectos, una religión de guerra, violencia, intolerancia y persecución física de los no musulmanes”. También se ha pronunciado en contra de la inmigración de musulmanes a Estados Unidos. El Southern Poverty Law Center considera a la AFA como un grupo de odio anti-LGBTQ+.

The American Conservative (TAC): cofundado en 2002 por Pat Buchanan, autor de furibundos discursos anti-inmigrantes arraigados en el nacionalismo blanco, TAC publica artículos asociados con el movimiento paleoconservador de extrema derecha. En octubre de 2023, TAC publicó un artículo en defensa de la “terapia de conversión”, la peligrosa y desacreditada práctica de intentar cambiar la orientación sexual de las personas LGBTQ+. También ha publicado artículos profundamente anti-transgénero. Históricamente, la revista ha sido dura con la inmigración y aislacionista y ya promovía la agenda «America First» («Estados Unidos primero») mucho antes que Trump. Algunos de los redactores de TAC son o han sido miembros del Danube Institute, partidario de Victor Orbán y financiado por el Gobierno de Hungría, un país respecto al que el Parlamento Europeo ha declarado que ya no es una democracia. El presidente de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, dio un discurso en la Gala Anual de TAC de octubre de 2023.

American Principles Project (APP): el APP, una organización anti-LGBTQ+, ha financiado anuncios de campañas políticas que reflejan la oposición de la organización a la protección de los derechos civiles de las personas LGBTQ+. El grupo se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo y se centra especialmente en la legislación anti-transgénero. En 2017, el APP realizó llamadas automáticas de naturaleza anti-transgénero en un distrito donde la candidata demócrata era una mujer transgénero. En 2021, el director del APP, Terry Schilling, fue coautor de un artículo de opinión en USA TODAY en el que criticaba la propuesta de la Ley de Igualdad, que ampliaría la protección de los derechos civiles de la comunidad LGBTQ+, argumentando que las mujeres transgénero no deberían competir en deportes femeninos. El APP aspira a privar por completo de atención sanitaria a las personas transgénero, sean niños o adultos. Asimismo, el APP participó activamente en la campaña en contra de enseñar la “Teoría crítica de la raza” en las escuelas. También abogan por el uso de un patrón oro en lugar del papel moneda, una postura que mantienen sobre todo los extremistas antigubernamentales.

Center for Family and Human Rights (CFAM): el CFAM lo dirige Austin Ruse, que ha arremetido contra el aborto y ha expresado su apoyo a las leyes que criminalizan la homosexualidad. Ruse apoyó la ley rusa de propaganda antigay (que criminaliza la libertad de expresión en relación con las cuestiones LGBTQ) y la calificó de noble fomento de los “derechos humanos”, para lo cual firmó una declaración conjunta de apoyo. El Southern Poverty Law Center considera al CFAM como un grupo de odio anti-LGBTQ+. El grupo ha sido objeto de no pocos escándalos. En 2015, el monseñor Anthony Frontiero dimitió de la Junta Directiva de la organización en protesta cuando Ruse comentó que “se debería fusilar a las personas de extrema izquierda que dirigen las universidades modernas y odian a los seres humanos”. Hablaba de una estudiante de la Universidad de Duke que trabaja como actriz en la industria de la pornografía. Ruse culpó al Departamento de Estudios de la Mujer de Duke, afirmando que la estudiante “aprendió eso” allí. Se excusó diciendo que era una forma de hablar y emitió una disculpa formal. El CFAM tiene estatus consultivo en la ONU. Ruse y el CFAM llevan años presionando contra los derechos de salud sexual y reproductiva, el aborto y la igualdad para las personas LGBTQ+ en la ONU y en el extranjero. En 2012, Ruse y el CFAM incluso ayudaron a bloquear un tratado de la ONU que protegía los derechos de las personas con discapacidad porque, según los grupos, era “proabortista”.

Center for Immigration Studies (CIS): el CIS lo fundaron el historiador Otis L. Graham y el eugenista y nacionalista blanco John Tanton en 1985 como una rama de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, de carácter antiinmigrante. Los informes publicados por el CIS han sido cuestionados por académicos especializados en inmigración, verificadores de hechos y medios de comunicación, así como por organizaciones de investigación sobre inmigración. La organización tuvo una influencia significativa dentro de la Administración Trump y las políticas que propusieron dieron lugar a la prohibición de la inmigración de musulmanes (Muslim immigration ban). El CIS ha publicado en repetidas ocasiones a escritores nacionalistas blancos y antisemitas, ha empleado a un analista conocido por promover la pseudociencia racista y ha publicado informes que exageraban la criminalidad de los inmigrantes. El Southern Poverty Law Center considera al CIS como un grupo de odio antiinmigrantes. Sus responsables han realizado a menudo declaraciones prejuiciosas sobre musulmanes e inmigrantes. En 2014, el director ejecutivo del CIS, Mark Krikorian, declaró en un programa de radio que “tenemos que protegernos tanto del que lava platos como del terrorista, dado que no se puede distinguir entre los dos en lo que se refiere al control de la inmigración”. En 2010, publicó lo siguiente: “Diría que Haití está tan jodido porque no fue colonizado el tiempo suficiente”. En 2015, criticó las políticas de inmigración de la UE, diciendo que conducirían a un escenario como el retratado en la novela terriblemente racista “El desembarco”, en la que se retrata a los inmigrantes participando en una ola de asesinatos y violencia en toda Francia. La novela, muy popular entre los nacionalistas blancos, la publicó en Estados Unidos el fundador del CIS, John Tanton.

The Claremont Institute (TCI): en los últimos años, TCI ha contado en su plantilla con uno de los principales negacionistas electorales, que asesoró a Trump en 2020. John Eastman, miembro ejecutivo del Instituto, ayudó a Trump en sus intentos fallidos de anular los resultados de las elecciones y ahora ha sido acusado penalmente en Georgia por su manejos. El Instituto fue objeto de controversia al conceder una beca en 2019 al teórico de la conspiración del Pizzagate, Jack Posobiec. En 2020, Slate describió a TCI como «un pantanal de fiebre racista con profundas conexiones con la derecha alternativa conspiranoica», citando la beca de Posobiec y la publicación de un ensayo de 2020 de Eastman que cuestionaba la aptitud de Kamala Harris para la vicepresidencia. En 2022, su publicación The American Mind incluyó un editorial de Raw Egg Nationalist, un autor afiliado a la editorial neonazi Antelope Hill. En 2021, Glenn Ellmers, miembro ejecutivo de Claremont, escribió un ensayo en The American Mind en el que argumentaba que Estados Unidos había sido destruido por enemigos internos y que era necesaria una “contrarrevolución” para derrotar a la mayoría de las personas que “ya no pueden considerarse conciudadanos”. Según Ellmers, “la mayoría de las personas que viven hoy en Estados Unidos, sin duda más de la mitad, no son estadounidenses en ninguno de los sentidos importantes del término”.

Concerned Women for America (CWA): fundada en 1979, CWA fue presentada por la activista y autora cristiana conservadora Beverly LaHaye como respuesta a la Organización Nacional de Mujeres y a la Enmienda de Igualdad de Derechos. Es antifeminista, nacionalista cristiana, defensora de los roles de género tradicionales y está estrechamente vinculada a los ataques contra la comunidad LGBTQ+ procedentes de la extrema derecha. En su web, se pueden leer artículos contra los espectáculos de “drag queens” y los actos del Orgullo. El grupo afirmó en octubre de 2023 que contaba con 500 000 miembros y más de 400 delegaciones. LaHaye estuvo casada con el difunto pastor Tim LaHaye, autor de la exitosa serie de novelas de ficción “Left Behind”, una adaptación del Apocalipsis que representa el fin de los tiempos. También fue cofundadora del muy influyente y secretista Consejo de Política Nacional, de extrema derecha, del que es miembro la actual directora ejecutiva de CWA, Penny Nance. Nance afirma en su biografía que trabajó en el Consejo Asesor de Vida de Trump. Según su biografía, LaHaye fundó CWA para “promover los valores bíblicos entre las mujeres y las familias, primero a través de la oración, luego de la educación y, por último, influyendo en nuestros líderes electos y en la sociedad”. El grupo se trasladó de San Diego a Washington D. C. en 1987, lo que le dio un mayor acceso al Gobierno federal. La mayor parte de su labor se ha centrado en prohibir el aborto, promover las familias tradicionales, condenar la pornografía, trabajar para eliminar la educación sexual de las escuelas, manifestarse contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y posicionarse en contra las exenciones religiosas y la educación secular y a favor de la soberanía nacional. Cuenta con varias delegaciones estatales. A lo largo de los años, CWA ha contratado a activistas anti-LGBTQ+, como Peter LaBarbera, líder de Americans for Truth about Homosexuality, calificado como grupo de odio anti-LGBTQ+ por el Southern Poverty Law Center, y periodista y editor del sitio dedicado a las teorías de la conspiración WorldNetDaily; Robert Knight, uno de los redactores de la Ley Federal de Defensa del Matrimonio; y Matt Barber, antiguo miembro del grupo anti-LGBTQ+ Liberty Counsel y más tarde propietario del sitio web ya inactivo barbwire.com, profundamente anti-LGBTQ+. La propia LaHaye era homófoba hasta la médula; en 1991 publicó un panfleto, “The Hidden Homosexual Agenda” (La agenda oculta homosexual), en el que advertía de que aceptar la igualdad LGBTQ+ pondría fin a los valores judeocristianos y destruiría la familia. Difamó a las personas LGBTQ+ afirmando que tenían un “deseo compulsivo de satisfacción sexual sin un compromiso duradero” y también afirmó que “reclutan a niños”. Janice Shaw Crouse, antigua miembro ejecutiva del Beverly LaHaye Institute de CWA, afirmó que las personas LGBTQ+ son propensas a la violencia doméstica, a propagar enfermedades y que sus relaciones no duran mucho. CWA se opuso a la Ley de Violencia contra la Mujer, alegando que “crea nuevas protecciones para los homosexuales”. CWA afirmó en 2012 que, para recibir subvenciones federales, «las organizaciones contra la violencia doméstica tienen que aceptar la agenda homosexual», una teoría de la conspiración elaborada por la derecha cristiana que argumenta que las personas LGBTQ+ van a destruir la familia y la sociedad. En la misma línea, CWA ha declarado que se inventan delitos de odio para fundamentar la legislación sobre delitos de odio, a la que CWA se opone. Desde noviembre de 2023, CWA ha estado pidiendo a los candidatos presidenciales y a los de las elecciones secundarias que firmen un compromiso en el que declaren que negarán los derechos y la existencia de las personas transgénero.

Conservative Partnership Institute (CPI): muy involucrado en el movimiento negacionista respecto a las elecciones, el CPI lo preside el antiguo senador de Carolina del Sur, Jim DeMint, y cuenta en su plantilla con el antiguo jefe de Gabinete de Trump, Mark Meadows, que fue acusado en Georgia de intentar subvertir los resultados de las elecciones de 2020. Antes de las elecciones de mitad de período de 2022, la red publicó contenidos y organizó cumbres en todo el país con el objetivo de coordinar un movimiento nacional para dotar de personal a las oficinas electorales, reclutar observadores y trabajadores electorales y crear equipos de ciudadanos locales para impugnar los censos electorales, interrogar a los trabajadores de correos, estar “siempre presentes” en las oficinas electorales locales e inundar a los funcionarios electorales con solicitudes de documentos. Se trató de una inversión extraordinaria para sostener y reforzar la falsa narrativa de que Trump perdió las elecciones de 2020 debido al fraude electoral generalizado. La principal responsable de la “integridad electoral” del CPI es Cleta Mitchell, una abogada que desempeñó un papel fundamental en la estrategia legal de Trump para anular las elecciones de 2020. Mitchell participó en la infame conversación telefónica de Trump del 2 de enero de 2021 con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que Trump intentó coaccionar a Raffensperger para que “encontrara” los 11 780 votos que Trump necesitaba para ganar en el estado. Mitchell presentó una demanda para bloquear una citación que la urgía a testificar ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investigaba la insurrección del 6 de enero, ya que estuvo en contacto con Trump ese día. Cuando en 2021 salieron a la luz informes sobre su papel en la conversación de Trump con Raffensperger, Mitchell renunció a su carrera de dos décadas en el bufete de abogados Foley & Lardner y se unió al CPI dos meses después.

Family Research Council (FRC): aunque originalmente formaba parte de la poderosa organización de la derecha cristiana Focus on the Family, el FRC, que técnicamente es una iglesia, ha ejercido presión en contra del aborto, la investigación con células madre embrionarias, el divorcio y muchos derechos LGBTQ+, incluidas las leyes contra la discriminación, las uniones civiles, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parte de dichas personas. El Southern Poverty Law Center considera al FRC como un grupo de odio anti-LGBTQ+. El grupo ha sido condenado por organizaciones profesionales, incluida la Asociación Americana de Sociología, por difundir “pseudociencia antigay” para confundir torticeramente la homosexualidad y la pedofilia y afirmar sin fundamento que los hijos de padres del mismo sexo sufren más problemas de salud mental que los de los hogares tradicionales. El FRC sostiene que “la conducta homosexual es perjudicial para las personas que la practican y para la sociedad en general y nunca debe reforzarse”, así como que es “antinatural por definición y, como tal, se asocia a efectos negativos para la salud física y psicológica”. Contrariamente a toda la ciencia médica, el FRC también sostiene que «no hay pruebas convincentes de que una identidad homosexual sea algo genético o innato». En 2010, el FRC gastó 25 000 dólares para presionar al Congreso contra la aprobación de una resolución que denunciaba el plan de Uganda de ejecutar a quienes mantuvieran relaciones con personas del mismo sexo, la “Res. 1064: Resolución ugandesa en favor de los homosexuales“. El FRC sostuvo que no tenían intención de anular la resolución, sino de modificarla y “eliminar las afirmaciones radicales e inexactas de que la conducta homosexual está reconocida internacionalmente como un derecho humano fundamental”. En aquel momento, Uganda estudiaba lo que se conoció como el proyecto de ley “Matar a los gays”, que habría impuesto la pena de muerte o la cadena perpetua por relaciones sexuales entre personas del mismo sexo (Uganda aprobó dicho proyecto de ley en 2022). El FRC ha publicado muchas declaraciones anti-transgénero y, en 2022, afirmó que los izquierdistas se proponen “reconocer abiertamente la pedofilia como la siguiente “minoría sexual” (o lo que es lo mismo, perversión sexual) para lograr legitimidad”. En 2001, el líder del FRC, Tony Perkins, de pie frente a una bandera confederada, dio un discurso ante la delegación de Luisiana del Consejo de Ciudadanos Conservadores, un grupo supremacista blanco que se opone al mestizaje y cuyo sitio web se refería a los negros como “una especie retrógrada de humanidad”.

The Heartland Institute (THI): una voz destacada en el movimiento de negación del cambio climático, THI colocó en Chicago vallas publicitarias con una foto de Unabomber (Ted Kaczynski), cuyas bombas por correo mataron a tres personas e hirieron a otras 23, con la pregunta: “Yo aún creo en el calentamiento global, ¿y tú?”. Retiraron las vallas publicitarias un día después, pero no se disculparon por la campaña, que también incluía a Charles Manson, Fidel Castro y Osama Bin Laden haciendo la misma pregunta. También han participado en iniciativas para negar los efectos del tabaquismo para la salud, derogar los mandatos sobre energías renovables y privatizar la educación.

Moms for Liberty (MFL): fundada en 2021, el Southern Poverty Law Center (SPLC) incluyó a MFL en su lista de grupos antigubernamentales en 2023. Según el SPLC, MFL “utiliza sus diferentes plataformas en redes sociales para apuntar a profesores y funcionarios escolares, abogar por la abolición del Departamento de Educación, promover la propaganda conspiranoica y difundir imágenes y retórica de odio contra la comunidad LGBTQ”. El activismo del grupo se centró, en un primer momento, en hacer campaña para confrontar las medidas contra la pandemia en las escuelas, incluida la obligación de usar mascarilla y vacunarse. En su corta existencia, MFL también se ha pronunciado en contra los planes de estudios escolares que mencionan los derechos LGBTQ+, la raza y el origen étnico, la “Teoría crítica de la raza” y la discriminación. Del mismo modo, han pedido que se prohíban ciertos libros sobre dichos temas en los planes de estudio escolares y en las bibliotecas y han irrumpido en juntas escolares como parte de su estrategia de promoción. El grupo tiene vínculos con otros extremistas, incluidos los supremacistas blancos Proud Boys y el grupo abiertamente anti-LGBTQ+ Gays Against Groomers.

Tea Party Patriots (TPP): TPP es una organización negacionista de los resultados electorales y que estuvo muy implicada en el movimiento “Stop the Steal” (No más robos), que defendía que a Trump le habían robado las elecciones. Los líderes de TPP hablaron sin tapujos después de las elecciones de 2020, afirmando sin pruebas que se había producido un fraude generalizado y que los resultados de las elecciones debían anularse en favor de Trump. TPP inició su andadura en 2009, cuando empezaron a surgir «Tea Parties» en todo el país, y se organizó en contra la Ley de Asistencia Asequible y otros aspectos de la presidencia de Obama. Recibió una ayuda considerable de FreedomWorks, un grupo de defensa de valores conservadores que en su día recibió financiación de los hermanos Koch. Después de 2020, abordó cuestiones relacionadas con la infraestructura electoral, el reclutamiento de trabajadores electorales, la promoción de propaganda como la película “2000 Mules”, en la que se alega que se manipularon las elecciones de 2020, y el apoyo a lo que ellos llaman labor de “integridad electoral”. Tea Party Patriots fue uno de los doce grupos, junto con Stop the Steal y Turning Point Action, incluidos en la página web de la “March to Save America” (Marcha para salvar a Estados Unidos), la manifestación a favor de Trump que tuvo lugar antes de la insurrección del Capitolio del 6 de enero de 2021. En un comunicado, la cofundadora Jenny Beth Martin dijo que su grupo no financió la concentración y denunció la violencia posterior. TPP ha participado, además, en la desinformación médica, organizando y financiando un acto de “America’s Frontline Doctors” que promueve el uso, en contra de todos los consejos médicos legítimos, del fármaco hidroxicloroquina como cura para la COVID.

Texas Public Policy Foundation (TPPF): la TPPF sostiene que su misión es “promover la libertad, las oportunidades y la libre empresa en Texas y otros lugares”. La TPPF promueve medidas fronterizas más estrictas y ha coproducido un documental llamado “Cartel Country” que culpa al Gobierno de Biden de la crisis fronteriza. La TPPF aboga por que los padres se encarguen de la educación de sus hijos, se opone en general a la educación pública, rechazó las medidas sanitarias contra la pandemia, está en contra de la atención sanitaria a los jóvenes transgénero y rechaza los impuestos sobre el carbono. En 2021, la organización publicó un tuit, ya eliminado, con una imagen titulada “Cómo identificar la “Teoría crítica de la raza” en el aula”. Entre los cuestiones de las que hablaban se encontraban términos como “antirracismo”, programas que promueven la “equidad, la diversidad y la inclusión”, movimientos como “Black Lives Matter” y hechos de la historia estadounidense como el “colonialismo” y los “colonizadores”. Una integrante de la TPPF, Carol Swain, escribió un libro en el que adula a nacionalistas blancos y afirmaba que el islam es peligroso. En 2021, Swain, en un acto de la TPPF, habló de por qué la “Teoría crítica de la raza” supone una “amenaza” a la nación. “[La TCR] tiene raíces marxistas”, dijo. “No es algo estadounidense. Se sirve de las desgracias y el sufrimiento de la gente para avanzar en una agenda que tiene muy poco que ver con ellos […] Estoy convencida que el objetivo final es destruir a Estados Unidos”. Desde que Trump empezó a esparcir mentiras sobre las elecciones, la TPPF se ha involucrado en esta cuestión y considera que garantizar la “integridad de los resultados electorales” es uno de sus principales caballos de batalla. En enero de 2021, el congresista de Texas Michael McCaul y la TPPF anunciaron la creación del Proyecto de Protección Electoral, del que sostienen que es “una iniciativa para reforzar la integridad de las urnas en el estado de la estrella solitaria y en todo el país”. Dicho proyecto tiene como objetivo “garantizar que se facilite una identificación adecuada para la votación presencial y por correo, de modo que se refuerce la seguridad del voto por correo, se establezcan mejores vías de comunicación entre los funcionarios estatales y del condado y se garantice el mantenimiento de las listas de votantes”. Durante la presentación, el vicepresidente de Iniciativas Nacionales de la TPPF, Chuck DeVore, se preguntó lo siguiente: “¿Cómo podemos garantizar que se reduzca todo lo posible el número de personas fallecidas o que se han ido del estado en las listas? ¿Cómo podemos garantizar que las personas que figuran en las listas tengan derecho a estar en las listas? En otras palabras, si son ciudadanos y tienen derecho a votar”.

Turning Point USA (TPUSA): Ahora encabezado por Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, líder que fuera asesinado en 2025. Kirk se describía como el “líder juvenil MAGA” del movimiento conservador. Kirk se dedicó a atizar los resentimientos raciales y utilizó la división para levantar su movimiento juvenil. TPUSA se ha aliado en repetidas ocasiones con figuras del nacionalismo blanco y el antisemitismo y se ha criticado a las delegaciones universitarias de TPUSA por su racismo flagrante. No era raro que Kirk llamara a George Floyd “escoria” después de que su asesinato a manos de la policía provocara manifestaciones por la justicia racial en todo el país en 2020. Kirk prometió que jamás politizaría su religión, pero después declaró que la Iglesia debería aceptar su papel legítimo como consejera y autoridad moral del Gobierno. En sintonía con la teoría de la conspiración del “Gran reemplazo” de los supremacistas blancos, Kirk afirmó que “Biden dejó caer Afganistán adrede porque quiere que un par de cientos de miles de Ilhan Omars más entren en Estados Unidos para cambiar la nómina política de manera permanente”. Kirk recorrió, hasta su asesinato en septiembre de 2025, los campus universitarios cargando contra las escuelas en las que se estudia el racismo. Según la CNN, TPA pagó a Kimberly Guilfoyle 60 000 dólares para que presentara a su prometido, Donald Trump Jr., en un discurso de menos de tres minutos en la manifestación “Stop the Steal” del 6 de enero en Washington D. C. En julio de 2021, Turning Point Action organizó en Phoenix el acto “Rally to Save our Elections” (Concentración para salvar nuestras elecciones), en el que Trump habló durante casi dos horas, repitiendo sus falsas acusaciones de fraude electoral. La lista falsa de electores de Arizona incluía a Tyler Bowyer, director de Operaciones de Turning Point USA. Turning Point Action (TPA), la división de choque del grupo, tiene una sórdida historia en lo que se refiere a su activismo en línea. En septiembre de 2020, se informó de que TPA había pagado a jóvenes de Arizona, algunos de ellos menores de edad, para que publicaran contenido de Turning Point en sus cuentas de redes sociales, sin revelar su afiliación con Turning Point, y que Turning Point les había dado instrucciones específicas sobre cómo introducir pequeñas modificaciones en el contenido para evitar que se detectara que procedía de la misma fuente. Las publicaciones ponían en duda la integridad del proceso electoral y restaban importancia a la pandemia.

Foundation for Government Accountability (FGA) (Naples, Florida): Fundada en 2011 por Tarren Bragdon, su actual director ejecutivo, la FGA es una organización sin ánimo de lucro con muchos recursos que trabaja sobre todo a escala estatal para ejercer presión contra las políticas «woke» y a favor de iniciativas de extrema derecha. La FGA está en contra de las inversiones en objetivos ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), los cupones de alimentos, las protecciones contra el trabajo infantil, los programas de DEI, de los que afirman que «promueven políticas de izquierda radical», la ampliación de las prestaciones de Medicaid y de desempleo y la ampliación de los créditos fiscales por hijos, entre otras cuestiones. Promueven proyectos de leyes modelo para la «integridad» electoral, presupuestos federales equilibrados y otras prioridades conservadoras. En esta línea, también se dedican a presentar demandas y cuentan con su propia división electoral interna. La FGA es miembro de la State Policy Network (SPN), una amplia red de grupos de expertos de extrema derecha que trabajan de forma concertada para aprobar iniciativas conservadoras a escala estatal. La FGA provee de argumentos a sus iniciativas presentando a expertos para que testifiquen en las audiencias, elaborando «estudios» y legislaciones modelo y captando la atención de los medios de comunicación. Han recibido más de 44 millones de dólares de seis fundaciones conservadoras vinculadas a donantes multimillonarios entre 2013 y 2022. Dichas fundaciones han financiado, asimismo, gran parte de los trabajos de presión para endurecer las leyes electorales y difundir la desinformación electoral en todo el país desde las elecciones de 2020. Una política que la FGA ha promovido con éxito inusitado es la de revertir las leyes sobre el trabajo infantil. En su sitio web, la FGA desestima las protecciones establecidas para proteger a los trabajadores adolescentes de los turnos nocturnos, las horas excesivas o los entornos peligrosos por socavar los «derechos de los padres». Bragdon ha defendido el trabajo de su organización diciendo que «creemos que los padres deben decidir qué es lo mejor para sus hijos». El grupo tiene vínculos con Leonard Leo, el cerebro detrás de la Federalist Society y del nombramiento de juristas de extrema derecha para el Tribunal Supremo. Entre 2020 y 2021, la FGA pagó 400 000 $ a una empresa fundada por Leo, CRC Advisors, que trabaja contra el «capitalismo “woke”» y los objetivos ESG, por el concepto de «relaciones públicas». La FGA invita a legisladores republicanos en actos sociales y conferencias en los que organiza debates en torno a sus temas prioritarios. La conferencia de la Alianza Occidental de la FGA de septiembre de 2022 en Park City, Utah, incluyó debates sobre seguridad electoral, ESG y lucha contra el fraude del subsidio de desempleo.

La conferencia de la Alianza Occidental de la FGA de septiembre de 2022 en Park City, Utah, incluyó debates sobre seguridad electoral, ESG y lucha contra el fraude del subsidio de desempleo. La división de la FGA dedicada a ejercer presión, The Opportunity Solutions Project (TOSP), encabeza su trabajo a escala estatal. La FGA y el TOSP cuentan con al menos 65 grupos de presión registrados que defienden sus causas y testifican en 25 estados, según un recuento de 2023 recopilado por Documented. La FGA ha desempeñado un papel crucial en los recientes intentos por elevar el umbral de aprobación de las iniciativas de voto ciudadano de una mayoría simple a una supermayoría y, ante todo, dificultar la inclusión de medidas en las papeletas. La FGA ha emprendido estas acciones para impedir iniciativas electorales cuya finalidad es proteger el derecho al aborto, aumentar el salario mínimo o ampliar Medicaid. Sobre el papel, la FGA y sus aliados pretenden otorgar a algo más del 40 % de los votantes un veto efectivo sobre los deseos de la mayoría. La FGA no trata de ocultar su agenda, aunque utiliza un lenguaje codificado para enmascarar lo duras que son en realidad las políticas que defiende. Según se puede leer en su sitio web, la reversión de las leyes sobre el trabajo infantil se denomina “ampliación de la mano de obra” y la reducción de las prestaciones por desempleo es una “solución” para la “escasez de trabajadores“. La labor más reciente de la FGA, documentada en un extenso informe de investigación de la CNN de marzo de 2024, ha consistido en presionar a los funcionarios estatales para que rechacen las inversiones en objetivos ESG o aquellas que tienen en cuenta los efectos medioambientales, sociales y de gobernanza, una estrategia que la FGA considera «inversión “woke”». Los criterios ESG se han convertido en un tema de confrontación en las guerras culturales y los activistas conservadores han logrado presionar a los funcionarios de 17 estados para que aprueben leyes de inversión que protejan a las empresas de combustibles fósiles y a los fabricantes de armas, que podrían verse perjudicados por las cuestiones relativas a los objetivos ESG. La FGA ha caracterizado la lucha para acabar con los criterios ESG en términos existenciales, calificándola de complot de “extrema izquierda” para promover una agenda climática y de justicia social al margen de las urnas. Las medidas de inversión «anti “woke”» han costado a los estados cientos de millones de dólares en comisiones de inversión adicionales y pueden dar lugar a una menor rentabilidad de los planes de jubilación de los empleados públicos. Según un estudio, se estima que una ley de Texas de 2021 costaría a los contribuyentes hasta 500 millones de dólares por los tipos de interés más altos solo en los bonos vendidos en los primeros ocho meses posteriores a la aprobación de la ley. Otro estudio calculó que la ley costó a los gobiernos locales 270 millones de dólares al año en tasas adicionales, lo que supuso una pérdida anual de 668 millones de dólares en actividad económica y miles de empleos a tiempo completo. Desde las elecciones presidenciales de 2020, la FGA ha desempeñado un papel esencial en los estados republicanos, en los que ha fomentado restricciones al voto y otras leyes que, según afirman, favorecen la “integridad electoral”. Asimismo, aseguran haber logrado más de 70 victorias en materia de regulaciones en todo el país solo en 2022.

Teneo Network (TN) – Austin, Texas: fundada en 2008, Teneo Network («teneo» significa «resisto» en latín) ha cobrado mayor protagonismo recientemente, ya que Leonard Leo, quien hizo posible que la extrema derecha tomara el control del Tribunal Supremo, se unió a su Junta Directiva como presidente en 2021. Con la fuerza que le dan los más de mil millones de dólares que recibió de un empresario de Chicago, Leo parece estar utilizando a Teneo como medio para infiltrar sus ideas y acólitos en todos los ámbitos de la vida estadounidense, tal y como ha hecho con la profesión jurídica a través de la Federalist Society. Teneo es un elemento capital en la nueva estrategia social de Leo, cuyo objetivo es forjar un poderoso cuadro conservador que abarque todos los ámbitos de la vida estadounidense, según Leo, para “aplastar el dominio liberal” y el “wokismo”. El objetivo de TN es crear “redes de conservadores que puedan hacer retroceder” la influencia liberal en todas las esferas, ya sea en la industria tecnológica, en Wall Street, en el mundo académico, en Hollywood o en cualquier otro ámbito de la vida estadounidense en el tal influencia pudiera darse. En una entrevista no fechada para la Bradley Foundation, de extrema derecha, la directora ejecutiva de TN, Amanda Covo, dijo que el propósito del grupo es derrotar al liberalismo: “Vemos que Hollywood pone en la lista negra a las películas proestadounidenses, que las terapias hormonales para niños se normalizan en la cultura estadounidense, que las principales empresas estadounidenses imponen una ideología “woke” en nuestras vidas y que se defienden políticas exteriores que debilitan a Estados Unidos”. ProPublica describió el proyecto como “una sociedad federalista para todo”. TN trabaja de forma sigilosa. Uno de sus fundadores ha admitido que el sitio web de Teneo, bastante escueto, se ha diseñado expresamente para que los profanos, como los empleados del Senado que trabajan en los procesos de confirmación o los investigadores de la oposición, no encuentren gran cosa de interés. Su objetivo es producir líderes y una cartera de talentos que trabajen para alterar las instituciones y las normas culturales actuales. El proyecto es ambicioso. En palabras de Covo, “estamos convencidos de que, cuando se escriban los libros de historia, Teneo y las personas e instituciones visionarias que fueron de las primeras en ver su potencial se contarán entre las fuerzas más influyentes y consecuentes que preservaron los valores fundacionales de Estados Unidos y lograron victorias notables para nuestro país y las ideas que lo han convertido en la nación más grande del mundo”. Teneo ayuda a sus miembros a encontrar trabajo, escribir libros, encontrar pareja, recibir financiación para empresas emergentes o contactar con donantes sin ánimo de lucro y conocer cómo funciona la Administración pública. Y el caso es que TN, que da prioridad a los menores de 40 años, ya ha tenido éxito con sus “teneanos”. Los registros a los que ha tenido acceso ProPublica reflejan que entre los miembros de Teneo se encuentran destacados cargos electos conservadores, como el actual vicepresidente J. D. Vance (R-Ohio) y el senador Josh Hawley (R-Mo.). Del mismo modo, cabe mencionar a la miembro de la Cámara de Representantes Elise Stefanik (R-N. Y.), que ha difundido la teoría de la conspiración del “gran reemplazo” de los supremacistas blancos, o a colaboradores de alto nivel del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que está llevando a cabo su propia campaña contra el movimiento “woke” en dicho estado. Asimismo, se considera que son miembros de Teneo los máximos responsables de la Asociación de Fiscales Generales Republicanos, del Comité de Liderazgo Estatal Republicano y de Turning Point USA. También pertenecen a Teneo personalidades de los medios conservadores, como es el caso de Ben Shapiro, de The Heritage Foundation’s Daily Wire, a varios deportistas profesionales y a decenas de ejecutivos y nombres de alto nivel del mundo de las finanzas, la energía y otros sectores. El cofundador de Teneo, Evan Baehr, empresario tecnológico y un veterano activista conservador, afirmó en un vídeo de 2019 para nuevos miembros que Teneo contaba con “docenas y docenas” de miembros que trabajaban en la Administración Trump, lo cual incluía la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Pentágono. “Están en todas partes”, proclamó Baehr con orgullo. Desde la incorporación de Leo en 2021, las finanzas de TN se han disparado. Además de la financiación de la red de Leo, otros donantes serían el inversor de fondos de cobertura Paul Singer, el cofundador de Home Depot, Bernie Marcus, la Charles Koch Foundation, la Bradley Foundation y a la familia DeVos. En una presentación de 2020, TN reveló una labor “subrepticia y emocionante” para identificar instituciones clave en las principales ciudades, como escuelas privadas, clubes de campo, periódicos y clubes rotarios, donde podrían infiltrarse miembros de Teneo. Los retiros anuales de Teneo reúnen a cientos de miembros y sus cónyuges, además de aliados políticos, líderes empresariales y personalidades destacadas del mundo académico. Entre los ponentes de más renombre se encuentran el columnista del New York Times David Brooks, el juez federal Trevor McFadden, el fundador de Blackwater, Erik Prince, el autor de “Woke, Inc.” y excandidato presidencial de 2024 Vivek Ramaswamy, la exmiembro del Gabinete de Trump y excandidata presidencial de 2024 Nikki Haley, los acaudalados donantes y activistas Dick y Betsy DeVos o el presidente del Consejo de Administración de Chick-fil-A, Dan Cathy. En 2023, TN contaba con 20 delegaciones regionales en todo el país, además de grupos de trabajo centrados en los medios de comunicación, las corporaciones estadounidenses, las finanzas y el derecho.

The 85 Fund/Honest Elections Project (HEP) – Texas: también conocido como The 85 Fund, el Honest Elections Project es una organización sin ánimo de lucro que forma parte de una red de organizaciones conservadoras asociadas a Leonard Leo, la figura principal detrás del nombramiento de jueces de extrema derecha para el Tribunal Supremo. Leo ha declarado que, para crear The 85 Fund, se inspiró en la capacidad de recaudación de fondos de Arabella Advisors, una consultora liberal. El HEP surgió como de la nada en 2020 y en un primer momento se dedicaron a avivar las suspicacias sobre el fraude electoral. El HEP formó parte de la red que promovió la designación de Brett Kavanaugh y Neil Gorusch como jueces de la Corte Suprema de EE. UU. En 2020, el HEP publicó anuncios advirtiendo contra el voto por correo y acusando a los demócratas de hacer trampas. También enviaron cartas a los funcionarios electorales de Colorado, Florida y Michigan utilizando datos engañosos para acusar a las jurisdicciones de tener listas de votantes infladas y amenazando con acciones legales. Después de calificar la eliminación de votantes de “mito“, en 2020, el HEP presentó escritos a favor de las restricciones al voto en al menos cinco estados, en ocasiones con la representación de abogados de la misma firma que representaba a Trump. El HEP ha operado bajo una serie de nombres, entre ellos, originalmente, The Judicial Education Project, que se cambió a 85 Fund a principios de 2020. Carrie Severino, exayudante del juez Clarence Thomas, es la directora del grupo y desempeña un papel importante en otros equipos de Leo. El director ejecutivo, Jason Snead, trabajó durante 10 años en The Heritage Foundation. Allí, Snead gestionó el desarrollo de la “Base de datos de fraude electoral” de Heritage, que, según un análisis del Brennan Center, “infla y exagera sustancialmente los casos de fraude electoral”. Entre otros miembros del personal encontramos a Oramel Skinner, director ejecutivo de Alliance for Consumers (parte del Concord Fund de Leo); a Trent England, fundador y director ejecutivo de Save Our States, un grupo que se opone a la abolición de los colegios electorales; y a Ann Corkery, esposa de Neil Corkery, director financiero de CRC Advisors de Leo y contable del Marble Freedom Trust, una entidad de Leo con muchos recursos. El HEP es una de las identidades más destacadas que ha adoptado The 85 Fund. Tuvo gastos de más de 132 millones de dólares según su declaración de impuestos de 2022 y, junto con el Concord Fund, actúa como centro de financiación para otras organizaciones de la red de Leo. Algunos representantes del HEP han testificado en las legislaturas estatales sobre el supuesto fraude electoral y para fomentar un acceso más restringido al voto. Son partidarios de la teoría de la legislatura estatal independiente, que afirma que las legislaturas estatales tienen la autoridad exclusiva para establecer y hacer cumplir las leyes y normas electorales estatales, incluso en las elecciones federales, sin ninguna revisión judicial. En el sitio web del HEP se puede leer: Somos un grupo no partidista dedicado a apoyar el derecho de cada votante legítimo a participar en elecciones libres y honestas. A través de la participación pública, la defensa y los litigios de interés público, el Honest Elections Project abogará por aquellas medidas justas, razonables y de sentido común que los votantes quieren que se apliquen para proteger la integridad del proceso de votación. Ante todo, el Honest Elections Project tiene como fin respaldar los derechos relativos al voto de todos los estadounidenses; derechos que dependen de un sistema electoral que garantice que se contabilice cada voto legítimo y que proteja contra el fraude». Su informe de 2024 Safeguarding Our Elections (Protejamos nuestras elecciones) recoge muchas de las tesis conservadoras en relación con la “integridad” de las elecciones. Se posicionan en contra del voto de quienes no ostentan la ciudadanía, una premisa falsa de por sí, dado que ya está prohibido, contra el voto por orden de preferencia y contra la injerencia extranjera en las elecciones, algo que también está prohibido. Abogan por leyes más estrictas en materia de identificación de los votantes, auditorías exhaustivas tras las elecciones y reformas en las papeletas por correo. En cualquier caso, el HEP parece estar más interesado en el envío de dinero a grupos de extrema derecha que en actividades programáticas. La declaración de impuestos de 2022 del HEP muestra que el contratista mejor pagado de The 85 Fund fue CRC Advisors, la empresa con fines de lucro de la que Leo es presidente, que recibió más de 20 millones de dólares por servicios de consultoría. La mayor parte de los ingresos de The 85 Fund provienen de DonorsTrust, un fondo asesorado por donantes y al que se califica como un “cajero automático de dinero opaco” que los donantes pueden utilizar para donar de forma anónima. Algunas de las asignaciones de fondos de DonorsTrust parecen desviar dinero a través de The 85 Fund hacia otros grupos de extrema derecha. La CNBC informó en 2021 de que entre los grupos que se benefician del dinero de DonorsTrust canalizado a través de The 85 Fund se encuentra Turning Point USA, una organización conocida por captar a jóvenes ultraconservadores y por sus operaciones digitales, además de por financiar la protesta “Stop the Steal” del 6 de enero de 2021, que precedió al ataque al Capitolio. Las declaraciones de impuestos reflejan que Turning Point recaudó alrededor de 49 millones de dólares en 2020, mientras sus líderes difundían afirmaciones refutadas de fraude electoral en relación con a las elecciones presidenciales. El Bradley Impact Fund, un grupo de extrema derecha asesorado por donantes y vinculado a la Lynde and Harry Bradley Foundation, donó 2,5 millones de dólares a The 85 Fund en 2020, según una revisión de OpenSecrets de su declaración de impuestos. Los fondos tenían como concepto “operaciones generales” y se incluyeron en la lista “Proyecto de Educación Judicial, que opera bajo la denominación The 85 Fund”. Según su declaración anual de 2022, The 85 Fund donó más de 2,55 millones de dólares en total a siete organizaciones que asesoran al Proyecto 2025, incluidas la Heritage Foundation, el Ethics and Public Policy Center, el American Legislative Exchange Council y el Independent Women’s Forum. En 2021, The 85 Fund donó 2,1 millones de dólares a las mismas organizaciones, excepto a la Heritage Foundation, mientras que el Concord Fund donó en total 4,32 millones de dólares a grupos sin ánimo de lucro, entre ellos a la Susan B. Anthony List, a Independent Women’s Voice y a Heritage Action for America. El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, está investigando las finanzas y los gastos asociados con The 85 Fund y Leo se enfrenta al escrutinio del Congreso, incluida una citación del Comité Judicial del Senado de EE. UU. de abril de 2024 que Leo está decidido a ignorar, por su papel en la entrega de regalías en metálico a los jueces Thomas y Alito del Tribunal Supremo.

Students for Life of America (SFLA) – Fredericksburg, Va.: Students for Life of America cuenta, según su sitio web, con casi 80 empleados a tiempo completo y ha formado a más de 163 000 jóvenes para luchar contra la “industria depredadora del aborto”. A fecha de abril de 2024, SFLA afirma tener «1400 grupos de estudiantes pro-vida en escuelas de secundaria, universidades y facultades de Medicina y de Derecho en los 50 estados» y aseguran que llegan a “más de 2 millones de personas a través de las plataformas de redes sociales cada semana, participando en aproximadamente 100 000 conversaciones digitales al mes”. En 1988, SFLA comenzó como una organización voluntaria dirigida por estudiantes y llamada American Collegians for Life. De ahí, pasó a convertirse en una organización sin ánimo de lucro en 2006, como SFLA (el grupo tiene cuenta con un grupo de choque denominado llamado SFLA Action mediante el que les es posible ejercer presión para sus causas). El principal objetivo de SFLA ha sido durante mucho tiempo Planned Parenthood, a quienes tacha de “vendedores de abortos” al frente de un “negocio depredador”. Desde hace mucho tiempo, su presidenta es Kristan Hawkins, que ha estado involucrada en actividades en contra del aborto desde su adolescencia. Hawkins, que quiere que el aborto sea algo “inaudito e inaccesible“, considera que la solo es aceptable abortar en el caso de un embarazo ectópico, dado que el niño no sobreviviría fuera del cuerpo de la madre. Se opone a diversas formas de control de la natalidad, incluidos los anticonceptivos orales y los DIU, ya que, según afirma, provocan abortos. Hawkins también está en contra de la fertilización “in vitro”, de la que dice que es “literalmente, un modelo de negocio basado en niños desechables y en tratar a los niños como mercancía”. El 8 de marzo de 2024, SFLA volvió a publicar en Twitter un vídeo titulado “La FIV destruye más vida embrionaria que Planned Parenthood”. El 10 de marzo de 2024, Hawkins afirmó que el fármaco abortivo mifepristona contribuye a la contaminación de las vías fluviales con productos farmacéuticos y que el medicamento afecta negativamente a humanos y animales, algo que no es cierto. En marzo, cuando comenzaron las ventas sin receta de mifepristona en CVS y Walgreens, el grupo reaccionó vinculando el fármaco con la posibilidad de agresiones sexuales. Dijeron que “se trata de ganar dinero”, aunque eso signifique propiciar que los abusadores sexuales encubran sus delitos y que las ETS se propaguen rápidamente por Estados Unidos. Si los hombres que abusan utilizan las píldoras abortivas químicas para encubrir sus actos violentos, es lógico pensar que harían lo mismo con los anticonceptivos de venta libre. Entre sus campañas se encuentra “Esto es el aborto químico“, que describen de manera belicista como “la batalla más importante” a la que se enfrenta el movimiento pro-vida hoy y en el futuro: las peligrosas píldoras abortivas químicas. Estos fármacos se cobran más vidas que cualquier otro método de aborto cada año y representan en realidad la siguiente meta de la industria del aborto». Otra campaña es “Ciudades sin abortos”, cuyo objetivo es ayudar a reducir los abortos “sirviendo a las mujeres, promoviendo recursos no violentos, llegando a nuestros vecinos y cambiando corazones y mentes”. Otro proyecto es Reprotection, al que se refieren como “fundado en respuesta a una industria del aborto sin regulación” para “ayudar a los defensores de la vida a proteger a las mujeres y a los niños de los daños investigando y cerrando los peligrosos negocios del aborto y que ha conseguido que echen el cierre varios de ellos en solo unos pocos años”. Hawkins trabaja frecuentemente con Turning Point USA, lo que incluye charlas patrocinadas por el grupo. Turning Point, que también asesora al Proyecto 2025, estaba dirigido por Charlie Kirk, que atizaba constantemente los resentimientos raciales y utilizaba la confrontación para construir lo que es en gran medida un movimiento juvenil. No era raro que Kirk llamara a George Floyd “escoria” después de que su asesinato a manos de la policía provocara manifestaciones por la justicia racial en todo el país en 2020. En sintonía con la teoría de la conspiración del «gran reemplazo» de los supremacistas blancos, Kirk afirmó que “Biden dejó caer Afganistán adrede porque quiere que un par de cientos de miles de Ilhan Omars más entren en Estados Unidos para cambiar la nómina política de manera permanente”. El grupo trabaja con muchos otros asesores del Proyecto 2025, entre los que figuran la Alliance Defending Freedom, la Susan B. Anthony List y el Family Research Council como “colaboradores habituales”. El grupo vende productos como camisetas que rezan “Roe Reversed” y una pegatina “Don’t Tread on Me”, con un bebé en el útero.

Center for Renewing America – Washington, D.C.: fundado en 2021, el Center for Renewing America (CRA) es un influyente grupo de expertos cercano a Donald Trump que está desarrollando planes para infundir ideas nacionalistas cristianas en la próxima Administración presidencial conservadora. El presidente y fundador del CRA, Russell Vought, es un personaje fundamental en el desarrollo del Proyecto 2025. Se trata de un antiguo empleado de Heritage Action y exdirector de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump. En 2019, Vought fue uno de los nueve funcionarios del Gobierno que desafiaron una citación para testificar ante el Congreso en relación con el escándalo Trump-Ucrania. En 2000, Vought fue una figura clave, bajo la batuta de Trump, en los intentos del Gobierno por prohibir la “Teoría crítica de la raza” y otros tipos de formación “progresista” para los empleados federales. Con Vought al frente, la OMB publicó un memorando en el que se ordenaba a las agencias federales que identificaran todos los contratos e iniciativas relacionados con la formación en la “Teoría crítica de la raza” o el “privilegio blanco”. El memorando ordenaba al personal que identificara vías de cancelar dichos contratos y de dejarlos sin financiación. En junio de 2022, Vought confirmó que unos agentes federales había registrado la casa del director de litigios de su organización, Jeffrey Clark, un antiguo funcionario del Departamento de Justicia que participó en los intentos por impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En abril de 2024, Clark se enfrentaba a una posible inhabilitación en Washington D. C. por sus actos en torno a las elecciones, aunque seguía siendo empleado del CRA. Según se puede leer en el sitio web del CRA, Vought fundó el grupo después de las elecciones de 2020 porque “veía un movimiento conservador que, aunque lleno de pensadores y activistas bienintencionados de diversas tendencias, no había logrado cambiar la trayectoria de Estados Unidos”. Incluso a pesar de las “victorias políticas en materia de política fiscal, bienestar y derecho a la vida”, el CRA considera que “la labor del movimiento conservador ha fracasado en gran medida a la hora de revertir la ola de liberalismo progresista”. Las esferas dominantes de la cultura (el mundo académico, los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, la opinión de las élite, etc.) “solo se habían vuelto más fuertes y audaces”. Ante el hecho de que Estados Unidos se ha vuelto menos religioso y más diverso, Vought cree que se está atacando a los cristianos y que es necesario reafirmar la primacía del nacionalismo cristiano en el Gobierno. Un documento de febrero de 2024 redactado por el personal de CRA, al que tuvo acceso Politico, establecía las prioridades del CRA para la próxima Administración conservadora. El “nacionalismo cristiano” es uno de los puntos clave y otro de ellos aboga por invocar la Ley de Insurrección el Día de la Inauguración para sofocar posibles protestas mediante la fuerza militar. El documento no describe políticas nacionalistas cristianas concretas, pero el sitio web del CRA afirma que su misión es “renovar el consenso de que Estados Unidos es una nación bajo el mandato de Dios”. La libertad de culto seguiría siendo un derecho protegido; pero, según se ha sabido, Vought no dudaría en utilizar la Administración para promover la doctrina cristiana e introducirla en las políticas públicas. Hace una clara referencia a que los derechos humanos los define Dios, no el hombre. En un artículo de 2021 para Newsweek, Vought escribió que Estados Unidos debería reconocerse como una nación cristiana «donde se entienda que nuestros derechos y deberes provienen de Dios […] Es un compromiso con la separación institucional entre la Iglesia y el Estado, pero no la separación del cristianismo de su influencia en el Gobierno y la sociedad». Según Vought, dicho marco «puede conducir a resultados beneficiosos para nuestras propias comunidades, así como para las personas de todas las religiones». Vought ha acusado a los detractores del nacionalismo cristiano de invocar el término para intentar atemorizar a la gente. “El nacionalismo cristiano es en realidad una descripción bastante benigna y útil para quienes creen tanto en preservar la herencia judeocristiana de nuestro país como en tomar decisiones de políticas públicas que sean las mejores para este país”, escribió. “No hay por qué despreciar el término con base en malentendidos o calumnias”. Otras posiciones defendidas por el CRA son que el voto por correo y otras medidas para simplificar el voto “hacen del fraude electoral una característica permanente de nuestro proceso electoral y ofrecen la oportunidad perfecta para las élites políticas corruptas”; que existe una “tiranía médica” que se hizo evidente con las medidas de la pandemia, como el uso de mascarillas y las vacunas, que el grupo rechaza; y que las ideologías radicales, incluido el marxismo, han florecido a medida que “los radicales se empeñan en acabar con la idea estadounidense de que todos los hombres son creados iguales, dotados por su Creador de derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Para el CRA, “se debe derrotar a esta ideología de extrema izquierda. Estamos comprometidos con esa misión y estamos dispuestos, junto con millones de ciudadanos, a detener esta revolución cultural”. El CRA ha presentado informes de amicus curiae en casos en los que se cuestiona la capacidad de las empresas tecnológicas para eliminar el material que incita al odio de sus plataformas, alegando que esto fomenta la censura. Asimismo, el CRA también afirma que vincular la teoría de la conspiración del «gran reemplazo» con la supremacía blanca y la violencia de masas, de lo cual no hay duda, lleva a “tachar de racista cualquier reconocimiento de la transformación demográfica en curso”. El grupo ha publicado lo siguiente: “El reemplazo demográfico no es una teoría, sino una realidad: los ciudadanos estadounidenses están siendo desplazados por los nacidos en el extranjero. Por lo tanto, el interés por la teoría del “gran reemplazo” no surge de la nada y no debe señalarse como producto de la desinformación y la teoría de la conspiración”. Vought es profundamente antiinmigración y cree que las enseñanzas bíblicas deberían determinar quién puede venir a Estados Unidos, concretamente si esa persona “acepta al Dios de Israel, sus leyes y su comprensión de la historia”. Vought tiene una estrecha afiliación con el nacionalista cristiano William Wolfe, un antiguo funcionario del Gobierno de Trump que ha abogado por anular el matrimonio entre personas del mismo sexo, prohibir el aborto y reducir el acceso a los anticonceptivos. Vought y Wolfe pasaron tiempo juntos en Heritage Action y Vought elogió su colaboración de años. “Estoy orgulloso de trabajar con @William_E_Wolfe en el desarrollo de un nacionalismo cristiano sólido”, publicó en Twitter en enero de 2023. A menudo, Vought se hace eco de los principios de Wolfe, incluso en lo referente a la inmigración. “Jesucristo no era un socialista de fronteras abiertas”, escribió Wolfe para The Daily Caller cuando era miembro invitado del CRA. “La Biblia defiende sin reparos el concepto de naciones soberanas”. En septiembre de 2023, en “Theology of American Statecraft: The Christian Case for Immigration Restriction” (Teología para gobernar Estados Unidos: perspectiva cristiana en relación con la restricción de la inimigración) de American Moment, Vought defendió la muy criticada política de separación familiar de Trump, diciendo que “la decisión de defender el Estado de derecho conlleva la separación de las familias”.